Según el Instituto de Medicina Legal, las principales causas de muerte son el uso de armas de fuego y de objetos cortopunzantes.
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Por Sebastián Narváez
Algo muy grave está pasando con los niños en Colombia. En diciembre de 2016, la conmoción se apoderó del país cuando Yuliana Samboní, una niña indígena de siete años, fue secuestrada, abusada sexualmente y asesinada en Bogotá. Como pocas veces, la justicia actuó rápidamente y en marzo pasado condenó a Rafael Uribe Noguera, el asesino de Yuliana, a 51 años de cárcel. Y aunque la condena fue ejemplar y el repudio generalizado, los abusos y los homicidios contra menores han continuado durante 2017 en distintas regiones del país.
En abril pasado, en Guayabal, Tolima, fue abusada, torturada y asesinada la pequeña Sara Salazar, de tan solo tres años. La Fiscalía capturó a los padrinos de Sara, que la tenían bajo custodia, para acusarlos ante un juez por los delitos de tortura, homicidio y acceso carnal violento. El director del Instituto de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, declaró que los análisis forenses constataron “múltiples traumas antiguos y recientes relacionados con violencia sexual”.
También en abril los niños Wepe y Sek Rivera Parra, de 9 y 8 años, respectivamente, fueron asesinados por su padre en Popayán, Cauca. Nuevamente, a finales del mes pasado, murió en Bello, Antioquia, Adriana Sofía Hinestroza, una pequeña de dos años. Las autoridades informaron que Sofía falleció por causa de maltratos físicos, y la Fiscalía capturó este miércoles a su madrastra para acusarla por esos hechos. La presunta responsable, de 19 años, fue detenida en una Comisaría de Familia, donde le estaban quitando la patria potestad de otro de sus hijos.
Y los casos siguen: una niña de 15 años fue degollada por el exnovio de su hermana en el barrio Aranjuez de Medellín a finales de abril, y hace apenas unas semanas un niño y su hermana fueron asesinados junto a su madre por el excompañero sentimental de la misma en el barrio El Pesebre, de la capital de Antioquia.
El drama es de una dimensión alarmante: según Medicina Legal, entre marzo y enero de 2017 fueron asesinados 166 niños, niñas y adolescentes en Colombia. Una cifra preocupante, por decir lo menos, pero que aún así es menor a la del mismo periodo de 2016, cuando 200 menores fueron víctimas de homicidio. Solo algunos de esos casos fueron registrados por la prensa.
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Tabla: Medicina Legal
En 2016, según el Instituto, el total de homicidios registrados contra menores de edad fue de 681. Las cifras más altas se concentraron en adolescentes: 539 víctimas de entre 15 y 17 años, de las cuales 493 eran hombres y 46 mujeres. En niños de 0 a 9 años, el saldo fue de 56 muertes.
En lo que va de este año, 140 adolescentes y 16 niños han perdido la vida de manera violenta. La principal causa: proyectil de arma de fuego. La segunda causa más común fue por objeto corto punzante, que cobró la vida de 154 menores en 2016 y de 24 en el primer trimestre de este año. Entre enero y marzo de 2017, los principales lugares donde se llevaron a cabo estos hechos fueron Valle del Cauca, con 62 menores asesinados; Antioquia, con 25, y Atlántico y Bogotá, con 13.
Ante la avalancha de casos, el pasado 24 de abril el periódico El Espectador le dedicó su editorial a este tema. Propuso que “el debate se redirija a un punto ignorado y mucho más complejo: ¿cuáles son las causas detrás de estos hechos y el silencio que los rodea?”.
Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz y miembro de la iniciativa global Know Violence in Childhood, que estudia las causas de la violencia contra menores, también dice que lo urgente es ir a la raíz del problema: “Estos casos no deben ser entendidos de manera aislada, sino en el marco de un contexto más amplio que facilita y tolera su ocurrencia. ¿A cuantas situaciones de violencia anteriores se vieron expuestos estos menores antes de ser asesinados? ¿Por qué no pudimos evitar sus muertes?”.
Para Garzón, una forma de atacar la violencia contra los niños es “pensar en estrategias enfocadas en disminuir las vulnerabilidades que ellos enfrentan en la casa, la escuela y las comunidades”. El investigador agrega que “se trata de prevenir, pero también de disuadir, con un sistema de justicia que logre esclarecer lo ocurrido e imponer sanciones a los responsables”.
A finales de abril, la propia Cristina Plazas, directora del Instituto de Bienestar Familiar, la entidad encargada de proteger a los menores vulnerables, reconoció que el país enfrenta un gran desafío: “El maltrato y abuso sexual se ve en todos los estratos sociales. Nuestra sociedad está enferma y tenemos que empezar a cambiar esos patrones de violencia (…) Todos los sectores de la sociedad tienen que ponerse la camiseta para hacer cumplir los derechos de los niños”. Una cosa es clara: no podemos permitir que esta tragedia continua se convierta en paisaje.
