Hace un año la Fundación Ideas para la Paz lo advirtió: el proceso de reincorporación en Chocó estaba en riesgo por la lenta implementación del Acuerdo de Paz.
En la mañana del domingo 2 de junio, Willinton Ibargüen, alcalde del municipio Litoral del San Juan, ubicado al sur de Chocó, recibió un mensaje inesperado: “Era un audio y se escuchaban las ráfagas de bala muy cerca de la población indígena. Estaban en medio de un fuego cruzado entre grupos ilegales”. Al otro lado de la línea estaba un líder indígena del resguardo indígena del Río Pichimá, donde habitan 120 familias indígenas (700 personas en total) del pueblo Wounnan.
Un enfrentamiento, dos grupos armados. Hasta ahí los hechos.
Además del alcalde, la única organización que se pronunció fue la ONIC, que representa a los pueblos indígenas en Colombia. El Estado envió a la Armada para que verificara la situación en el lugar, una medida que usa con frecuencia en esta región del país, donde la guerrilla del ELN se ha consolidado después de la salida del frente 34 de las Farc. No existen certezas sobre heridos o muertos. La Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja nos dijeron que están investigando el caso y la Armada, a través de un comunicado, dijo que estaban verificando la zona a través de un operativo con las fuerzas navales y aéreas.
“Sabemos que unos hombres fuertemente armados llegaron al resguardo en nombre de las Farc. Ahí fue cuando se presentó el enfrentamiento con el ELN, que ha hecho presencia en la zona. Esto nos tiene muy preocupados porque hasta el momento no sabíamos que había disidencias en Chocó. Si se confirma que son realmente disidencias de Farc, la paz territorial queda seriamente amenazada”. Esto fue lo que nos dijo Modesto Serna, líder social y hoy asesor de paz de la Gobernación de Chocó.
“¿No se supone que ya no volverían a las armas?”, nos preguntó un líder social de la región. En teoría, no, pero desde que comenzó a implementarse el Acuerdo, varios problemas se asomaron en Chocó. Preocupa, por ejemplo, que a mediados de junio de 2018 se cerrara el ETCR de Vidrí, donde estaban, según el gobierno 183 excombatientes en proceso de reincorporación.
“La población se dispersó”, dijo entonces la Fundación Ideas para la Paz. Y en el ETCR de Riosucio, los excombatientes pasaron de ser 130 a 82. Las razones de abandonar estos espacios de reincorporación son muchas, pero los asesinatos a líderes sociales, así como a excombatientes, son dos razones de peso que mencionan en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
Tercer desplazamiento
Los líderes indígenas Wounnan le enviaron un mensaje urgente al gobierno: “Los pobladores de este resguardo indígena temen por sus vidas, incluyendo a los niños y adultos que se encuentran en medio del fuego cruzado. Los enfrentamientos están sucediendo dentro de la comunidad, precisamente en cercanía al colegio La Unión de Pichima y en el sitio cementerio Sagrado”. Este tipo de enfrentamientos, como decía Modesto Serna, amenazan una relativa paz territorial con las que están viviendo algunas comunidades indígenas.
La ONIC habla de más de 500 indígenas desplazados al casco urbano. Y agrega: “los habitantes piden intervención de la fuerza pública urgente por el temor de que algún artefacto explosivo o balas perdidas le ocasionen daños a la familia indígena. En este resguardo no existe comunicación telefónica y hay una red de wifi que está desactivada por los delincuentes para que la comunidad no informe la situación”.
En efecto, en la mayoría de los municipios del bajo San Juan, al sur de Chocó, los habitantes, en su mayoría indígenas y afro, están incomunicados la mayoría del tiempo. Con señales telefónicas débiles y una escasa infraestructura para la red de internet, sus relaciones con el exterior dependen del interlocutor armado que esté en la zona.
“Nos preocupa la situación de los líderes sociales porque son los primeros que amenazan los grupos armados que llegan. Y los niños: tenemos 250 niños que no han podido asistir a la escuela en la zona donde se presentó el enfrentamiento. El ELN tiene un arraigo fuerte en la zona, por eso nos preocupa lo que vaya a pasar con la sociedad civil en este nuevo enfrentamiento”: dice Modesto Serna, asesor de paz de la Gobernación de Chocó.
En su comunicado, la Armada dijo que después de un Consejo de Seguridad en la Alcaldía de Decorodó, se estructuró un plan con las instituciones locales para prevenir y brindar atención humanitaria a las comunidades indígenas. Lo primero, dice el documento, es realizar un censo para saber el número exacto de desplazados y pedir las ayudas humanitarias necesarias. El viernes 7 de junio debe estar listo este censo y el plan a seguir con las comunidades indígenas.
Aunque sería prematuro decir que la disidencias en Chocó están desestabilizando la paz en determinadas comunidades, el alcalde de Litoral San Juan, Willington Ibargüen, dijo que este enfrentamiento no debe pasar desapercibido y “deber ser investigado lo más pronto posible. En los últimos dos años esta comunidad indígena se ha desplazado tres veces. Hay familias que no quieren desplazarse y otras que sí, necesitamos atención urgente”.
Guillermo Peña, líder indígena Wounnan, prefiere no hablar sobre las disidencias o el ELN, sino sobre lo que amerita una atención inmediata: “Hay familias que no han comido nada en estos días. Tienen miedo y ya es la tercera vez que pasa”.
