A más de 4 años de la Consulta Anticorrupción que pretendía legislar sobre 7 puntos claves para hacer más transparentes los cargos públicos de elección popular y, que no alcanzó el umbral por un poco más de 400 mil votos, en Transparencia por Colombia y Pacifista nos preguntamos cuáles de estos puntos se han adelantado y cuál es la percepción de los jóvenes que se abanderaron de esta lucha desde el 2018. Por Laura Rincón López.
En el estallido social de 2021, cada movimiento social se manifestó por sus intereses particulares, los cuales eran tan diversos como ellos mismos. Las feministas cantaban consignas en contra de las violencias de género, los movimientos campesinos e indígenas llevaron la bandera de la reforma agraria integral, los jóvenes marcharon por la educación pública de calidad; pero hubo una consigna que los atravesó a todos: no más corrupción.
No es casualidad que la ola de protestas se desatara por el proyecto de una reforma tributaria que afectaría a la clase trabajadora. Y bastaron seis días de movilizaciones para que el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, renunciara a su cargo.
Esta fue una victoria simbólica para un sector de la sociedad colombiana que no se explicaba cómo los platos rotos de la recesión económica post pandemia debían pagarlos los más afectados. Y por esos días, corrupción fue una palabra bastante escuchada en las redes sociales y en las calles de las principales ciudades del país.
Con este ambiente como contexto, revivió el debate por la lucha anticorrupción en todas las instituciones del Estado. Algunos recordaban con nostalgia y otros con rabia e indignación la Consulta Anticorrupción de agosto del 2018 y la promesa que hizo el presidente Iván Duque de promover el cumplimiento de estos siete puntos en su período de gobierno, a pesar de que la consulta no alcanzara el umbral para ser aprobada.
Para Andrés Ocampo, estudiante de sociología en la Universidad del Valle, la Consulta, al igual que el Paro del 2021 son muestras de lo involucrados que están los jóvenes en la política nacional: “La consulta anticorrupción fue impulsada principalmente por jóvenes voluntarios que salíamos todos los días a recoger firmas, a recorrer las estaciones de MIO, centros comerciales, haciendo pedagogía, conversando con la gente. En los espacios que mejor nos iba era en las universidades y donde más se encuentra población juvenil”. Él fue uno de los cientos de jóvenes que en el 2018 salieron a hacer campaña bajo el eslogan ‘7 veces sí’, que marcharon incansablemente en el 2021 y que manifiestaron su deseo de cambio en las urnas en el 2022.
Una experiencia similar es la de María Camila Arango, coordinadora de juventudes del colectivo Somos Juntos de Cali, que en el 2018 hacía parte de Jóvenes con De la Calle, una iniciativa que apoyó el plebiscito por la paz en cabeza de Humberto de la Calle y posteriormente su candidatura presidencial: “En su momento me pareció más que todo un mensaje simbólico muy importante para lo que estábamos viviendo (…) era un mensaje para nosotros de abajo hacia arriba desde los ciudadanos a los políticos y decirles aquí se hace control ciudadano, se hace control político, estamos listos para ponerle la lupa encima a lo que ustedes hagan, a cómo ustedes trabajan”. Aunque ella sólo votó 5 veces sí y no participó activamente en las marchas del 2021 sigue abanderada de la lucha anticorrupción y del cambio electoral en el 2022.
Los logros de la Consulta Anticorrupción
De los 7 puntos originales de la Consulta, se ha legislado sobre 3 de ellos gracias a la gestión de congresistas como Angélica Lozano, quien impulsó está campaña junto a la ahora alcaldesa de Bogotá Claudia López; y por supuesto, gracias a la veeduría de ciudadanos comprometidos como Andrés y María Camila y los colectivos Atrévete y Somos Juntos de los que hacen parte respectivamente. Aunque ambos existen desde hace poco, lo conforman jóvenes caleños que llevan años comprometidos con la lucha anticorrupción y que han hecho parte de diferentes iniciativas ciudadanas desde que estaban en el colegio.
El primer punto sobre el que se legisló fue el referente a la pérdida de privilegios a condenados por corrupción. Lo que buscaba esta propuesta era suspender la figura de ‘casa por cárcel’ a la que accedían personas condenadas y que para muchos resultaba indignante, ya que sus domicilios eran mansiones o fincas donde tenían comodidades que para un ciudadano promedio serían inalcanzables. La ley también contempla que estas personas no sean llevadas a sitios de reclusión especial como bases militares o escuelas de policía, entre otros.
La Ley 2014 de 2019 impide que los condenados por corrupción puedan celebrar contratos públicos, incluso le da potestad al Estado para finalizar unilateralmente los que se encuentren en curso sin que la otra parte reciba una indemnización. Esto se aplicó, por ejemplo, en el caso del condenado Antonio Guerra de la Espriella, exsenador quien pagará 13 años y 8 meses de prisión intramural por su participación en el caso Odebrecht. En su comunicado, la Corte Suprema especifica que no se le debe conceder el beneficio de casa por cárcel sino que debe pagar la totalidad de su condena en un centro penitenciario.
¿Pliegos tipo o pliegos sastre?
Otro punto que ya ha sido legislado por el Congreso fue el de los llamados pliegos tipo para que la contratación pública no se haga con pliegos sastre. Esto quiere decir que ya los corruptos no podrán amañar los requisitos para que las licitaciones públicas las gane determinada empresa o contratista. Pliegos sastre se refiere a requisitos hechos a la medida de un oferente, y así se garantiza que este sea el único en capacidad de ganar una convocatoria, mientras que los pliegos tipos son estándar y garantizan una competencia más transparente.
El proyecto fue aprobado para convertirse en la Ley 2022 del 2020. Sin embargo, ciudadanos que hacen veeduría a estos procesos como Andrés Ocampo aseguran que el balance no es bueno, ya que la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – entidad encargada de realizar estos pliegos, insiste en que la implementación debe ser progresiva porque “la elaboración de los Documentos Tipo requiere un amplio trabajo de coordinación jurídica, técnica y económica “, por lo cual hasta el momento solo se han aplicado para obras de infraestructura de transporte con múltiples excepciones según cada caso.
Cuentas claras para funcionarios públicos
La sexta pregunta de la Consulta Anticorrupción también fue aprobada por el Congreso. Los colombianos dijeron sí a “¿Aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos?”
Gracias a la Ley 2013 de 2019, todos los funcionarios públicos tienen la responsabilidad de presentar informes de sus gestiones, así como declarar bienes, rentas y conflictos de intereses. Adicional a esto, deben declarar los aportes recibidos a sus campañas electorales. Sin embargo, Andrés Ocampo señala que la implementación también ha sido a medias: “No hay una difusión amplia sobre estos aportes recibidos en la campaña electoral, para un colombiano o colombiana del común no es tan clara esta información”.
En octubre de 2022 fue aprobada en segundo debate en Plenaria del Senado la Reforma Política del partido de Gobierno o Proyecto de Acto Legislativo 018 de 2022. Aunque aún faltan 6 debates para que sea ley, esta reforma ha sido criticada por el Partido Alianza Verde, Partido Comunes e incluso por miembros del Pacto Histórico porque en su artículo 7 elimina el conflicto de intereses para congresistas, permitiéndoles votar en proyectos que involucran directamente a sus financiadores o los sectores sociales que representan, un añadido del Centro Democrático a este proyecto y respaldado por el presidente del Senado y coordinador de la ponencia Roy Barreras.
Hay cuatro puntos que todavía no ven la luz
El resto de puntos están más bien crudos a los ojos de Andrés, que recuerda las largas jornadas en Cali recolectando firmas cuando tenía solo 18 años: “Yo en ese momento estaba recién salido del colegio, entrando a la universidad y no podía entender por qué alguien estaría en contra de lo que se suponía quería poner en debate público y hacer ley mecanismos de transparencia”.
Hay algunos que incluso han tenido retrocesos en su implementación. Por ejemplo, el punto 1 que se refería a la reducción de salarios de congresistas y altos funcionarios no superó ni un debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. La propuesta era bajar de 40 salarios mínimos a 25 para senadores y representantes, pero al contrario en julio de 2019 el presidente Iván Duque firmó un decreto para aumentarlos un 4.5%.
El aumento se volvió más indignante para la opinión pública en el 2020 en medio de la pandemia, cuando se supo que los congresistas seguían cobrando el porcentaje de gastos de representación que son alrededor de 14 millones de pesos de auxilio económico para realizar labores como asistir a eventos y reuniones en diferentes territorios del país. Para Andrés, en medio del confinamiento, el pago de estos debía ser reevaluado, sobre todo si se tiene en cuenta el alto porcentaje de inasistencia a las sesiones virtuales del Congreso.
María Camila también recuerda los encuentros de jóvenes universitarios en Cali, la entrega de volantes, los periódicos, los debates entre coordinadores de juventud de cada partido. Para ella, lo más valioso de la Consulta Anticorrupción fue la unión entre jóvenes de diferentes orillas políticas que se organizan en pro de la democracia.
Por eso, aunque votó no a los puntos 1 y 7, que aún no se han implementado, afirma que respeta la intención política y simbólica que hay detrás de bajarle los sueldos a los congresistas y no permitir más de 3 períodos electorales en la misma corporación, pero a su juicio, estos derechos no deben ser limitados por la ley sino que deben ser decisión de la ciudadanía en una democracia más estable.
En la reforma política que se adelanta en el Congreso en el 2022 se intentó incluir en varios proyectos de ley un artículo sobre reducción de salarios para congresistas pero estos se hundieron en el primer debate o fueron eliminados los artículos.
Presupuestos públicos democráticos
El cuarto punto de la Consulta proponía una apertura y participación en la asignación de recursos de partidas globales del presupuesto. Con esto, se buscaba que la ciudadanía participe activamente de la toma de decisiones en el Presupuesto General de la Nación. En septiembre del 2019 fue presentado nuevamente y fue archivado por la Comisión Cuarta del Senado.
Para Andrés Ocampo, que este proyecto sea archivado es un duro golpe para la confianza de los colombianos en las instituciones y su transparencia: “Es uno de los puntos que intentaba reconstruir esa confianza de los ciudadanos en el mundo político, porque vemos encuestas a nivel nacional como hay una imagen negativa generalizada hacia lo público y lo político, del Congreso de la República, la Fiscalía, la Procuraduría, todas estas instituciones en las que la sociedad civil se supone que debería tener confianza tienen una imagen super negativa”.
María Camila concuerda y agrega que este era el punto más importante de toda la Consulta y que se le debe prestar tanta atención a la gestión de presupuestos públicos como a las mismas elecciones populares: “Me parece vital que la ciudadanía se apropie de sus propios recursos, finalmente los recursos del Estado salen de nuestros bolsillos mayoritariamente. Los alcaldes que van a ser elegidos el próximo año deben hacer estos cabildos abiertos debatiendo con la ciudadanía misma los presupuestos públicos, que la ciudadanía tenga participación que sepa que está pasando, puedan ir en caso de que quieran a las discusiones, que los debates en el consejo sobre presupuesto sean abiertos, transmitidos, tengan posibilidad de participación de organizaciones ciudadanas”.
Rendir cuentas y desatornillarse del poder
Sobre el punto 5, el único efectivamente presentado por el presidente de la República, que alude a la rendición de cuentas de congresistas, diputados y concejales, fue aprobado en los cuatro debates. Sin embargo, la Corte Constitucional la declaró inexequible en la sentencia C-074/21 porque encontró varias irregularidades, como la inclusión de puntos en el documento final que afectan el fondo de la ley y que no habían sido aprobados en los debates.
Finalmente, el punto 7 buscaba la limitación de períodos en corporaciones de elección popular, es decir, que cada persona pueda ser electo para un cargo público solo por 3 períodos. Sin embargo, para Andrés Ocampo esta norma sería insuficiente en la medida en que se podría burlar fácilmente perteneciendo 3 períodos a Asamblea, 3 a Concejo, 3 a Congreso y así seguir atornillados en el poder casi que de por vida.
Sin mencionar que muchos optan por apadrinar hijos, sobrinos, cónyuges, entre otros, que continúan su legado político y representan sus intereses en dichas corporaciones, como es el caso de Nadia Blel Scaff, senadora electa del Partido Conservador, que representará a su padre Vicente Blel, exsenador condenado por parapolítica en Bolívar y a quien se le acusa de seguir manejando los clanes políticos de ese departamento.
Por su parte, María Camila votó no a este punto porque considera que no se debe limitar el derecho a elegir y ser elegido ni castigar a los congresistas que hacen bien su trabajo en varios períodos: “Esa pereza legislativa, esa falta de compromiso con el mandato ciudadano no debe castigarse por ley, debe castigarse en las urnas y son los colombianos los que no deberían volver a votar por esas personas que no representan bien a quienes los eligieron”.
En el Proyecto de Acto Legislativo N°18, aprobado en su segundo debate en el Congreso, está incluído un artículo en que se limita la elección a cargos populares a máximo 3 períodos consecutivos en cualquier corporación. Aún faltan 6 debates para que sea aprobada la reforma política y partidos de oposición han tratado de eliminar este artículo pues coinciden con los argumentos de María Camila.
La lucha anticorrupción sigue firme en las urnas y en las calles
Como señala Andrés Ocampo, lo curioso de casi todos estos puntos es que habían sido hundidos en el Congreso en múltiples ocasiones: “Si estos puntos que se presentaron en el Congreso hubieran pasado, pues la Consulta Anticorrupción no hubiera sido necesaria, así de sencillo”. A sus ojos, lo que hace falta para aprobarlos es voluntad política y una renovación de los funcionarios públicos que para él ya comenzó con las elecciones del pasado 13 de marzo y 29 de mayo del 2022.
Aunque para Andrés el balance de la legislación de la Consulta Anticorrupción es malo: “ha sido un desastre y esa es una responsabilidad de bancadas a favor del gobierno”, la esperanza sigue intacta: “sin duda hay esperanza, creo que no solo los últimos resultados electorales sino todas las acciones de activismos en calles y en redes sociales. Cada vez más uno se siente acompañado de jóvenes activistas que quieren salir a las calles, que quieren hacer pedagogía, Atrévete es una muestra de eso. Cada vez más hay ese sentimiento de querer hacer algo por el país, por tener un país que en sus instituciones tenga una noción anticorrupción y transparente del quehacer político y público”.
Aunque María Camila no salió a las calles para protestar en el 2021, desde su trabajo como activista está comprometida con el cambio en la política tradicional y celebra las formas en que los jóvenes han elevado los debates para estas elecciones: “Hoy analizamos las campañas no por cuantos clanes se unen a cada equipo sino por cómo manejan las redes sociales, como llegan a la gente en las calles, qué tanta inclusión hay en sus equipos de gobiernos, que tan diversos son sus gabinetes, hay mujeres o no hay mujeres, afros, indígenas y eso es una cuota de una nueva generación que se preocupa por la inclusión. (…) La consulta hizo parte de esa formación política de todos nosotros los jóvenes”.
Desde su trabajo como coordinadora de juventudes en Somos Juventud en Cali, Arango se sorprendió de la participación electoral de los jóvenes este año y se muestra preocupada por la confianza en la transparencia de las instituciones: “Me parece tristísimo pues que nosotros tengamos que dudar de la entidad que cuida nuestros votos, que cuida el mandato popular, debería ser la entidad con más confianza de todas las del país y me parece tristísimo que las acciones mismas del Ejército Nacional y la falta de autocrítica en sus métodos haya llevado a que el colombiano no pueda creer en la institución que se creó para cuidarlo. No creo que el colombiano pueda hoy confiar plenamente en sus instituciones”.
Lo que ocurrió en el estallido social del 2021 fue solo una muestra de la inconformidad que se venía gestando mucho atrás: fueron los mismos jóvenes que como Andrés y María Camila que no entendían por qué ganó el no en el plebiscito por la paz, por qué no alcanzó el umbral la Consulta, por qué el presidente no tomó la iniciativa de decretar cada punto si faltó tan poco, por qué la violencia policial en contra de los jóvenes marchantes del 2019, 2020 y 2021, por qué proponer una reforma tributaria que perjudica a los más vulnerables.
Es importante reconocer los logros de la ciudadanía, de los jóvenes en especial que desde sus colectivos realizan veeduría a las causas en las que se inscriben, si algo se ha conseguido y se avanzado en la lucha anticorrupción es gracias a ellos, a su incansable labor en las calles, a su diálogo constante con los ciudadanos. Para ellas y ellos, la lucha sigue:
“Yo creo que entre más ojos, manos y cerebros haya en lo público, menos posibilidad de continuar con lo mismo de siempre hay y menos chance tendrá la corrupción no solo en el país sino a nivel local también”, piensa María Camila Arango.
“Yo apoyaré espero toda mi vida cualquier causa en la que crea, cualquier iniciativa en la que me sienta representado, siempre vamos a estar en pro de estas iniciativas y de estas propuestas, sin olvidar que para que se cumplan debe existir voluntad política”, concluye Andrés Ocampo.
