En el Sur de Bolívar los pequeños mineros nunca dejaron de ser víctimas

En esta región, la guerra o paz será determinada por quién controle las vetas de oro.

Por Bram Ebus

En el Sur de Bolívar, el fin del conflicto todavía parece muy lejano. En este enclave entre el río Magdalena y el Río Cauca, en la cordillera central, la guerra o la paz están determinadas por quién controla las vetas de oro. Los pequeños mineros – que por su condición de informalidad – son  caracterizados por los medios y las entidades estatales como ilegales y criminales, pican los túneles subterráneos de la región esperando mantener la tradición de su trabajo. En la Serranía de San Lucas, viven lejos de los centros urbanos, en medio del olvido del Estado.

La Serranía de San Lucas tiene una de las mayores reservas de oro de Colombia y está habitada por cerca de tres mil familias que, en su mayoría, son originarias de otras partes del país. Desde hace más de medio siglo, los expulsados por la violencia de Cundinamarca, Caldas, Tolima, Santander, Antioquia y la costa encontraron su hogar en la Serranía. En suma, el flujo de desplazados al Sur de Bolívar nunca disminuyó, la presencia de recursos naturales resulta ser el único sustento económico para las familias y, a su vez, uno de los motores de un conflicto armado que sigue acechando.

El inicio de la batalla por las vetas del oro 

El oro que está escondido en la Serranía de San Lucas está ligado con la guerra en la zona. La minería existía hace mucho tiempo, pero fue en el final de los años noventa cuando los pequeños mineros se empezaron a organizar para entrar en un proceso de formalización legal a través su federación Fedeagrosmibol. La esperanza colectiva trajo resultados inesperados.

A finales del siglo XX, después de décadas de presencia permanente de la guerrilla, el Ejército y los paramilitares desplegaron grandes contingentes que desataron una ola de violencia nunca antes vista. En paralelo a la llegada de la violencia, los mineros empezaron a darse cuenta del interés de multinacionales en el oro de la Serranía. Sin tener el mínimo conocimiento sobre cómo relacionarse con las mega-empresas, siendo pequeños mineros, se les vino el mundo encima.

Inocencio López, costeño, minero y presidente de la junta de acción comunal relató: “Los grupos paramilitares impusieron su ley y la ley de ellos era desaparecer a la guerrilla. Pero no netamente a la guerrilla. La querían desaparecer por medio del campesino. Querían acabar con los campesinos porque, para ellos, el Sur de Bolívar era guerrilla todo. Y eso es una gran mentira”.

El Éxodo Campesino y los años de terror

En 1998, en respuesta a la violencia de los paramilitares, 12.000 residentes decidieron bajar a ciudades como Barrancabermeja y Bogotá, para protestar contra el abandono del Estado. La inmensa movilización pasó a denominarse “el Éxodo Campesino”.

El primer compromiso del Gobierno con el Éxodo Campesino resultó ser la firma de una sentencia de muerte. Las listas con nombres, que fueron elaboradas para la ayuda humanitaria, terminaron en las manos de los paramilitares. La región del Sur de Bolívar fue bloqueada por paramilitares que aprovecharon el Éxodo para destruir las viviendas de las familias mineras. Durante los tres largos meses del Éxodo quemaron 689 viviendas y 2 alcaldías, y un total de 29 personas fueron asesinadas.

Los años después el Éxodo Campesino fueron caracterizados por el bloqueo paramilitar. A pesar de los acuerdos hechos entre el Gobierno y el Éxodo, nadie impidió que el Sur de Bolívar ardiera y los paramilitares tomaron los cascos urbanos controlando la zona con retenes en los puntos de acceso.

Según Fabricio Sánchez*, desplazado de Urabá y minero del Sur de Bolívar: “Nunca el Estado hizo presencia para acabar con el bloqueo, para que el campesino entrara. No, tuvimos que pasar días en la carretera, tirados ahí, al sol y el agua recibiendo humillaciones de ellos [los paramilitares], hasta que a ellos les diera la gana. A veces sacaban compañeros del grupo y los mataban.”

Durante los años del terror paramilitar, dice Sánchez*, las Brigadas II y V del Ejército Nacional, incluyendo los batallones Nariño, Nueva Granada y Héroes de Majagual, no hicieron lo suficiente para frenar la ola de violencia .

La matanza no tenía fin y fue dirigida sobre todo a los líderes de la federación minera que se manifestaron públicamente en contra de la presión de las multinacionales, los paramilitares y la violencia estatal.

El interés de las multinacionales y la formalización imposible

Aparte de la presión de las multinacionales y grandes empresas mineras como Corona Goldfields, AngloGold Ashanti y Mineros S.A., los pequeños  mineros tienen otro lío: la reforma del Código de Minas. Sin tener en cuenta que la pequeña minería es sobre todo una actividad de sobrevivencia, en la región el Estado parece no hacer diferencia entre multinacionales y pequeños mineros al imponer los requisitos que se deben cumplir para operar.

Los mineros en la Serranía de San Lucas que se asociaron con Fedeagrismobol aspiran a formalizarse. “Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo. A veces creo que sacrificamos hasta la comida de la familia por tratar de cumplir mínimas condiciones para que podamos trabajar de mejor forma, pero el Estado no entiende que somos pequeños”, según el minero Javier Usnavy*.

Cumplir con todos los requisitos es poco realista, lo que empuja a los pequeños mineros fuera de la legalidad. Los mineros que están incumpliendo y los que no han logrado obtener un título se enfrentan a la posibilidad de ser desplazados por empresas desconocidas, a ser penalizados y sancionados con cárcel por ser un minero ilegal.

En la Serranía, la vida es dura, las casas son improvisadas; hechas de madera, de plástico y tejas de zinc. Las comunidades carecen de agua potable y alcantarillado, mejor dicho, carecen de cualquier ayuda estatal. Viviendo en la pobreza absoluta y pagando vacuna a cualquier actor del conflicto; la minería apenas alcanza –aunque no siempre– para tener un ingreso mínimo que permita mantener a la familia.

A pesar de todo, tienen construido algo que parece un estado alterno. Todo lo que se puede ver está construido y pagado con el dinero de los mineros mismos. “Aquí los profesores los pagamos nosotros, las escuelas las hacemos nosotros, las carreteras las hacemos nosotros, los puestos de salud hacemos nosotros. Todo lo que tu vez, lo poquito que hay, es hecho por toda la gente que viven en esta zona”, dice Javier.

Como si no fuera suficiente, un representante de Fedeagrismobol, Nelson Orega, explica que encima de todos los problemas que tienen, el Estado quiere sobreponer un Parque Nacional Natural sobre la zona minera, pero no sobre los títulos de las multinacionales. Una respuesta definitiva acerca del Parque deberá conocerse antes de fin de año.

La esperanza del posacuerdo

La palabra “paz” no suena tan cercana para los mineros. Los que entrevisté respaldan los acuerdos de paz, con el deseo de que las poblaciones que viven en algún otro lugar del país bajo las consecuencias de la guerra mejoren su calidad de vida. Pero, para ellos mismos, tienen poca esperanza.

Según el presidente de la junta de acción comunal, la paz no llegaría pronto en el Sur de Bolívar: “Desaparecen las Farc, mañana negocian con el ELN y desaparecen también. Se silencian los fusiles de las guerrillas, pero las bandas criminales o los paramilitares sí siguen surgiendo”.

El mayor miedo de los pobladores en la Serranía es perder la legitimidad de sus organizaciones en la zona. Los mineros se sienten como una piedra en el zapato del Estado. El vacío de poder que puede existir, dicen, dará vía libre a las bacrim, que ya obligan a los mineros en las zonas más bajas del Sur de Bolívar a trabajar con retroexcavadoras, amenazando con asesinar a quien no pueda pagar sus “vacunas”; al final, ellos son la verdadera cara de la minería criminal.

* Los nombres utilizados son ficticios, por motivos de seguridad.

**La investigación fue realizada gracias al aporte de GRID-Arendal