Después de siete años consecutivos con reducción de homicidios, la violencia en Colombia repuntó. ¿Qué está pasando?
En 2018, la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc empezó a tomar forma, o por lo menos se vio como algo tangible en los territorios. Departamentos como Putumayo, Tolima y Caquetá, antes conocidos por sus altos niveles de violencia, comenzaron a recibir una atención estatal paulatina fruto del acuerdo firmado con la antigua guerrilla.
Esta atención no fue suficiente.
2018 también fue el año donde repuntó la tasa de homicidios, los grupos disidentes se consolidaron –a pesar del asesinato de Guacho–, las minas antipersona aumentaron en un 300% y la cuenta de líderes sociales asesinados se incrementó con respecto al 2017.
Vamos por partes.
Los homicidios incrementaron
Aunque aún no existen cifras consolidadas para 2018, las que se han conocido durante el transcurso del año son preocupantes. Según la Policía Nacional, tan solo en los primeros seis meses del año 2018 la tasa de homicidios incrementó con respecto al año anterior en un 8.6%. Más adelante, en octubre de este año, el número de víctimas siguió creciendo, aunque esta vez de manera más lenta, ya que el acumulado de los 10 meses fue un incremento del 6.5%.
La Fundación Ideas Para la Paz (FIP) en su informe “Sin política pública contra los homicidios no es posible proteger la vida en Colombia”, encontró que las disminución en casos de homicidios en los meses de agosto, septiembre y octubre se daba, principalmente, porque 110 homicidios que pertenecían a la categoría “presuntos delincuentes” y “presuntos miembros de bandas criminales”, desaparecieron de las bases de datos de la Policía Nacional, luego, tan solo 23 de estos casos aparecieron de nuevo en las bases de la Policía, pero fueron reclasificados.
Dice el mismo informe que “es indudable” que una “parte importante” de los homicidios provienen del conflicto entre actores armados que operan en territorios donde antes estaban las Farc. Por esta razón, los homicidios en zonas rurales con economías ilegales y con disputas entre estructuras criminales se llevaron el protagonismo en 2018. En lugares donde hay droga se registraron el 33% de los homicidios.
Volviendo a las cifras del año, según Medicina Legal, entre enero y octubre se registraron 2.036 homicidios más que en el mismo periodo durante 2017. Establecieron, además, que el homicidio es la primera causa de las muertes en Colombia (45,8%).
Los departamentos más afectados por número de homicidios fueron Antioquia (1.799 casos, aumentando un 27,16%) y Valle del Cauca (1.736 casos, con 10 casos menos que el año pasado). Sin embargo, los departamentos que tuvieron un mayor aumento en la tasa de homicidios fueron Cauca y Nariño, con 167 y 94 personas más con respecto al año pasado.
Según la Fundación Paz y Reconciliación, el incremento de homicidios “tiene una relación directa con la ausencia de una política de Estado estructurada para prevenir las muertes violentas”. Además, asegura que el gobierno saliente basó su estrategia en el “desarrollo de su política de paz”, pero no tuvo en cuenta la diversidad de las causas de homicidios ni sus modalidades.
Las disidencias se consolidan
El primer golpe militar del gobierno de Iván Duque fue la muerte de Walter Patricio Arizala Vernaza, alias ‘Guacho’, un nombre que encabezaba el imaginario colectivo cuando se hablaba de disidencias en Colombia y que se había convertido en un enemigo público por cuenta de diferentes crímenes en la frontera con Ecuador. Sin embargo, según los datos de las Fuerzas Militares y de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en Colombia hay por lo menos 1.200 disidentes activos además de Guacho. Nariño, la zona donde operaba Guacho, sigue estando llena de cultivos de hoja de coca (no menos de 20.000 hectáreas), que pasaran a ser controladas por otros al mando de las disidencias.
Las disidencias tienen presencia y controlan el narcotráfico en Guaviare, Caquetá, Putumayo, Nariño, Antioquia, Guainía y Vaupés, según la FIP. El grupo más grande de disidentes está en Guaviare, donde hay unos 500 combatientes liderados por Miguel Botache Santillana, alias ‘Gentil Duarte’, quien controlaba el frente primero de las Farc. Esta disidencia se ha expandido a lo largo del 2018 en Meta y Vaupés, a manos de reconocidos exguerrilleros como ‘Rodrigo Cadete’, ‘Euclides Mora’, ‘John Cuarenta’, ‘Giovanny Chuspas’ y ‘Julián Chollo’. La FIP ha señalado en diferentes ocasiones que los disidentes controlan el negocio del narcotráfico en la frontera con Ecuador y Brasil.
Todo esto con el agravante de que varias disidencias son financiadas por estructuras ilegales internacionales.Por ejemplo, las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP) son financiadas por el Cartel de Jalisco, de acuerdo con información de la Fundación Paz y Reconciliación. Mientras que el Frente Oliver Sinisterra (FOS) cuenta con redes de campesinos cocaleros, enlaces internacionales con el Cartel de Sinaloa y narcotraficantes locales.
Un ejemplo concreto para entender el control de las disidencias en el país podría ser Tumaco, en Nariño. En un estudio realizado por Human Rigths Watch llamado “Violencia Reciclada”, se le presta especial atención al puerto en el Pacífico. Según ellos, la “proliferación del tráfico de drogas” ha favorecido el crecimiento de las disidencias en la zona y por eso es que la tasa de homicidios ha crecido en casi un 50% más con respecto al año anterior.
Human Rigths Watch cuenta que la zona está llena de “fronteras invisibles” y que las disidencias se han consolidado como los mandamás en ciertos barrios de Tumaco, como Viento Libre . Además, es preocupante y llama la atención que es el lugar en Colombia donde más se cometen violaciones sexuales.
Regresaron las minas antipersona
Después de Afganistán, Colombia es el segundo país más afectado por estos artefactos. Desde 1970 hay registros de prensa de minas antipersona en Colombia, específicamente en Norte de Santander. El año más crítico fue en 2006, donde hubo 1.229 víctimas alrededor del país. En adelante, la tendencia fue cayendo: en 2013 hubo 420 víctimas, en 2014 hubo 292 víctimas, en 2015 hubo 22 víctimas, en 2016 hubo 82 víctimas y en 2017 hubo 56 víctimas. Peor en 2018 la cifra remontó y 180 víctimas murieron o resultaron heridas por estos artefactos. El aumento es del del 300% en comparación con 2017. Estas cifras fueron reveladas en el informe anual ‘Monitor de Minas Antiperonal 2018’ realizado por la Campaña Internacional por la Prohibición de las Minas Antipersonal.
Este incremento se debe, según al director para Colombia de la Campaña Contra Minas (Cccm), Álvaro Jiménez, a los grupos armados ilegales y disidencias que quieren controlar zonas estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal en espacios dejados por las Farc. Además, advirtió que en el afán de los grupos ilegales por consolidarse instalaron muchísimas minas, sin tener en cuenta a la población civil. Esto se ha vuelto muy notorio, según Jiménez, en regiones como el Bajo Cauca, el Catatumbo, el suroccidente de Nariño, el norte y sur del Cauca, Guaviare, Caquetá y algunas zonas de Arauca y Casanare.
Asesinatos y amenazas a líderes sociales
Este año, la cifra de líderes sociales asesinados desde que comenzó la implementación del Acuerdo de Paz subió a tres dígitos, hubo una movilización –nunca antes vista– en Bogotá por los líderes asesinados y el mundo entero puso los ojos en Colombia por este fenómeno. El año empezó, –según el contador de ¡Pacifista!– con el asesinato del líder número 68, Víctor Manuel Morato en Yondó, Antioquia, y terminó con el asesinato del líder número 151, de Gilberto Antonio Zuluaga en Corinto, Cauca.
El tema fue abordado por la prensa internacional. Adam Isacson, analista del grupo de derechos humanos Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, le contó al New York Times que este tipo de asesinatos representan “los inicios de un desmoronamiento social más generalizado” en el país, y esto sucedió porque hubo un momento de tranquilidad donde “se abrió una ventana por un tiempo y el Estado no pasó por ahí, pero si otros grupos armados”.
En la actualidad, según la organización Somos Defensores, cada dos días, un líder social es amenazado, desplazado o asesinado.
