En el Norte de Antioquia las comunidades temen porque los habitantes de algunas zonas son tachados de guerrilleros o paramilitares.
A Camilo* le pusieron un alias y su foto apareció en un informe de inteligencia. Lo acusaron de ser el jefe de una red de apoyo del frente 36 de las Farc, de ser responsable de extorsiones, de recibir el dinero que mueven las cientos de hectáreas sembradas de coca en buena parte del Norte de Antioquia y de ordenar las quemas de buses intermunicipales que parecían paisaje en el corregimiento de El Valle, en el municipio de Toledo, hasta que empezó el más reciente cese al fuego de la guerrilla.
Lo capturaron, como ha pasado con muchos de sus vecinos, y su excursión por los calabozos, primero de una estación de Policía en el municipio de Santa Rosa y luego por la cárcel de El Pedregal, en Medellín, duró seis meses. Recuperó su libertad por vencimiento de términos y regresó a su finca, una casa campesina aferrada a una montaña en el cañón del río Cauca desde donde se ven los campamentos que albergan a los trabajadores que construyen Hidroituango, el más ambicioso proyecto hidroeléctrico de la historia de Colombia.
“Si uno reclama, más lo estigmatizan. Nos acusan de ser extorsionistas, de ser quemadores de buses, de ser narcotraficantes. Aquí han sido cuatro los capturados y después todos han quedado libres, pero toda la comunidad sufre porque nos dicen que esto es tierra de guerrilleros”, dice su esposa, líder campesina de una vereda de Briceño.
Muchos de esos reclamos de los que habla tienen que ver, justamente, con las movilizaciones en que han participado en contra de los impactos de la represa que construye EPM. Dice que las organizaciones comunitarias que se han constituido para oponerse a las obras, que ven como una amenaza para su territorio, han sido el blanco principal de señalamientos del Ejército y la Policía por sus supuestos vínculos con la guerrilla.
Y si bien es cierto que su familia vive de cultivar coca, como lo hacen cientos en la región, ella afirma que entre eso y ser guerrilleros y narcotraficantes hay una distancia que las autoridades, dice, no quieren entender. El caso de su esposo aún no está cerrado. Hace algunas semanas se reactivó la orden de captura en su contra, por eso no puede salir de la vereda, pasa poco tiempo en su casa y, a veces, se esconde en la noches por temor a que vuelvan llevarlo preso.
Las capturas masivas
En el municipio de Ituango, en esa misma región, los señalamientos han operado de otra forma. Desde 2002 y hasta agosto de 2015 ocurrieron por lo menos seis capturas masivas de pobladores, en su mayoría, de la cabecera urbana del municipio.
De acuerdo con líderes de la región, solo en una de esas cinco capturas las autoridades encontraron méritos para avanzar en los procesos contra un grupo de jóvenes que, según las investigaciones, tendrían relación con una de las estructuras guerrilleras que operan en el Norte de Antioquia. Sin embargo, en ninguno de los otros casos prosperaron las acusaciones.
Pedro Rivera, encargado de la oficina de una empresa transportadora en ese municipio, fue capturado junto a otras ocho personas en marzo de 2011. Se le acusaba de integrar la red de finanzas del frente 18 de las Farc y de facilitar la movilización de los guerrilleros y sus familias.
“Eran cosas absurdas. Como yo trabajo en una oficina de transporte decían que transportaba las familias de los guerrilleros, y tenían toda la razón, ellos se movían en los buses, como todo el pueblo. Pero decían que como yo manejaba la oficina, entonces que automáticamente era parte de las finanzas de ese frente”, dice Rivera.
Permaneció dos años con detención domiciliaria y respondiendo a las diligencias judiciales. Finalmente, recobró la libertad en 2013 cuando la Fiscalía decidió precluir el proceso contra los nueve capturados en ese caso por no encontrar razones suficientes para sustentar la acusación.
“En esa captura hubo finqueros, gente del pueblo, exconcejales. Por la misma dinámica de conflicto que hay en Ituango la justicia y los investigadores se pegaban de cualquier información que diera un reinsertado para abrir una investigación. Con eso generaban resultados frente a lo superiores. Con eso justificaban su estadía en el pueblo y decían que estaban trabajando. Se soportaban en cosas muy débiles que no tenían ninguna credibilidad”, explica Rivera.
Por su parte, Edwin Arias, un politólogo nacido en municipio, que en las últimas elecciones regionales aspiró a la Asamblea de Antioquia, agrega que en muchas ocasiones los señalamientos se basan, exclusivamente, en la relación comercial o de servicios entre personas del pueblo.
“Han caído desde conductores de escaleras y dueños de negocios, hasta periodistas. Presentan como alias los apodos de la gente, traen helicópteros y hacen allanamiento a las 3:00 o 4:00 de la mañana. En la región ha habido presencia desde hace 40 años, primero del EPL y luego de las Farc. Y en un municipio con más de 100 veredas claro que hay gente que hace parte de esas estructuras, pero la gran mayoría no tiene nada que ver con eso. Sería como decirle a la directora del colegio que es guerrillera porque recibe a un niño que tiene un familiar que está en uno de esos grupos”, dice Arias.
Las implicaciones no son solo judiciales
Pero los señalamientos que han dividido los territorios entre dominios de guerrilleros o de paramilitares tienen implicaciones que van más allá de los procesos judiciales. Desde hace varios meses, por ejemplo, se habla en la zona de la presencia en el casco urbano y en algunas veredas de Briceño de integrantes de “Los Urabeños”.
Se trata de la misma organización que, según denuncias que se conocieron en el segundo semestre de 2015, estaría amenazando la continuidad del proyecto piloto de desminado humanitario que se desarrolló en la vereda Orejón de ese municipio.
Las autoridades locales prefieren no hablar del tema y atribuyen la fuerte presencia del Ejército y la Policía en la localidad a políticas del Gobierno Nacional en las que no interviene la administración municipal. “No conozco bien el tema, lo que es cierto es que hay presencia de dos grupos y disputas por el territorio”, dice Danilo Agudelo, alcalde de Briceño.
Sin embargo, Gabriel Londoño, presidente del Concejo del mismo municipio, agrega que el problema de estigmatización que aún sufren algunas comunidades es una realidad. Según el concejal, las disputas y la segmentación del territorio en “zonas guerrilleras” o “zonas paramilitares” genera divisiones comunitarias y riesgos de seguridad.
“Nadie de las veredas Travesías o Pueblo Nuevo quiere ir a Las Auras, y viceversa, porque son zonas de ocupación de distintos grupos —dice Londoño—. Además, a muchos campesinos les dicen narcotraficantes porque tienen unos palos de coca. Entonces matan a una persona y lo primero que sale en los medios es que la mataron porque tenía que ver con el narcotráfico, mientras los grupos armados que se están echando la mayor parte de la plata al bolsillo siguen tranquilos”.
Todo eso ocurre en una región que, según el concejal, ha padecido el abandono histórico del Estado pese a las inversiones multimillonarias en proyectos como Hidroituango y a otras más recientes como la del proyecto piloto de desminado humanitario en Orejón.
“No se entregó a tiempo una vía para las comunidades, los campesinos quedaron aislados. No hubo oportunidades para la gente que sembraba café y entonces los cultivos no tenían ningún valor. Eso llevó a la gente a la coca, que solo ha traído problemas, muerte y desplazamiento. Entonces a la gente le da miedo que la guerrilla se desmovilice y después entren otros y tomen represalias. Uno lo que les dice es que si el Gobierno va a firmar un acuerdo de paz no puede descuidar los territorios”.
*Nombre cambiado por solicitud de la fuente.
