La relación entre narcotráfico y conflicto en el país es evidente. Sin embargo, decir que la motivación para el narcotráfico es únicamente política es polémico.
En su discurso de posesión como presidente de la República, Iván Duque aclaró que “el narcotráfico y el secuestro no son delitos conexos al delito político ni mecanismos legítimos para financiar y promover ninguna causa”. Con esta frase, Duque está reafirmando la tesis del Centro Democrático que sostiene que los máximos líderes de las Farc que cometieron delitos de lesa humanidad (como el secuestro) o traficaron drogas, no pueden acceder a beneficios de judiciales sino, por el contrario, deben pagar penas en la cárcel como cualquier otro ciudadano. Duque dijo que buscará modificar el Acuerdo de Paz a través de una reforma en el Congreso de la República. De su discurso se desprende una pregunta: ¿Es posible que en el futuro veamos a integrantes del secretariado de las Farc en la cárcel y no en el Congreso?
Consultamos a varios juristas, incluyendo exmagistrados y académicos, y la respuesta es que no, no es posible. Empecemos por aclarar que, en el marco de lo que se acordó en La Habana, el uso de los recursos del narcotráfico por parte de la guerrilla no es un delito aislado, sino que hace parte de lo que sucedió en el conflicto armado. Es decir, que si algún integrante de Farc estuvo involucrado en actividades relacionadas con tráfico de drogas, no pierde los beneficios de amnistías ni reincorporación en la sociedad civil.
Según Diego Martínez, asesor jurídico de las Farc, sin importar cuál sea el desenlace de la reforma constitucional que quiere proponer Duque con respecto a los delitos conexos, lo cierto es que “en el derecho penal siempre se usa el principio de favorabilidad”,el cual se basa en que la pena que se le aplica a la persona juzgada siempre será la más favorable. Como los excombatientes de Farc ya se acogieron a las leyes que surgieron del Acuerdo de Paz, van a ser juzgados con base en estas y no en las nuevas que propone el uribismo. En pocas palabras: aquellos desmovilizados que se sometieron al proceso de paz, serán juzgados siempre bajo el marco de la justicia transicional acordada en La Habana.
El abogado de Farc nos explicó que cuando hicieron un estudio sobre los delitos cometidos por los guerrilleros encontraron que “menos del 1% de los delitos cometidos por excombatientes y excomandantes son conexos al narcotráfico”. Así pues, dice que la reforma que propone el nuevo presidente no tiene cabida.
De hecho, en entrevista con El Tiempo, Rodrigo Rivera, hasta ayer alto comisionado de paz, aseguró que a diferencia del Proceso de paz con las Autodefensas -que en su mayoría eran narcotraficantes- las Farc no cuentan con una carga de delitos similares.
Por otro lado, el camino para que la reforma constitucional se logre será largo y complicado. Así Duque haya dicho expresamente que quiere cambiar el delito conexo, la reforma necesita pasar por la Comisión primera del Senado y, según Martínez, “la comisión está 50/50″ en cuanto a respaldo político para el nuevo presidente.
Asimismo, el abogado de Jesús Santrich, Nixon Torres, cree que “si les va bien, la reforma estaría lista para finales del 2019 o principios del 2020. Como ya no estamos en ‘fast track’, los trámites tendrían que pasar por dos legislaturas”. Torres cree, sin embargo, que este tipo de mensajes “son malos, incluso para otros procesos de paz. No son buenos mensajes políticos”.
Incluso reconocidos juristas que están acuerdo con que el delito del narcotráfico no sea conexo al político, nos explicaron que así se haga una reforma, es jurídicamente imposible que los altos mandos de Farc sean juzgados por una justicia ordinaria. El el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, nos dio su punto de vista: “Desde que se estaba tramitando el proceso de paz, me pareció que conductas como el narcotráfico o el secuestro no podía ser tratadas como conductas políticas”. Para Hernández, el narcotráfico y el secuestro tienen “disposiciones muy claras de violación de derechos humanos”, así que no deberían ser amnistiables. Por esta razón, respalda el proyecto del Centro Democrático.
Sin embargo, aclara que esta proposición debe pasar por un acto legislativo para que “quedara a nivel constitucional y así contemos con mayores niveles de seguridad y claridad en el futuro”. Hernández dejó claro, en todo caso, que la reforma aplicaría para nuevos casos pero nunca “podría cobijar situaciones anteriores”.
Por el momento, con las leyes actuales, las Farc están totalmente blindadas por el Acuerdo de Paz.
