Varios asesinatos y dos tragedias ambientales afectaron, por momentos, la confianza construida entre la guerrilla y el Gobierno en La Habana.
El año de avances más concretos en la negociación entre el Gobierno y las Farc también tuvo momentos de tensión por cuenta de varias acciones guerrilleras que, por momentos, pusieron a tambalear lo construido en la mesa de conversaciones.
Si bien fueron pocos los episodios de este tipo en comparación con años anteriores, cada ataque justificó, a juicio de algunos sectores, la necesidad de terminar con la guerra. Para otros, en cambio, esos hechos violentos fueron una motivación para continuar combatiendo a la guerrilla.
Los soldados muertos en Cauca
El 15 de abril, y según la versión del Ejército, soldados de la Fuerza de Tarea Titán se encontraban descansando en un coliseo del corregimiento de Timba, en Buenos Aires, Cauca. Mientras muchos de ellos dormían, una comisión de las Farc los atacó con disparos y explosivos. El saldo: 10 militares muertos.
Hace algunos años, cuando la guerra era el pan de cada día, esa habría sido una noticia menor. Pero en el marco del proceso de paz y con el ambiente de calma que se respiraba gracias al cese unilateral al fuego decretado por las Farc, el asunto fue de la mayor trascendencia.
Además del dolor que le ocasionó a las familias de los militares muertos, esa acción hizo que el Gobierno reversara la decisión de suspender los bombardeos contra las Farc y fue la cuota inicial de una etapa de confrontación que solo terminó con otro cese al fuego ordenado por esa guerrilla.
Más allá de la versión oficial, los detalles sobre ese ataque no se conocen. Algunos sectores criticaron el hecho de que los militares hubieran bajado la guardia y, de esa manera, facilitado la acción guerrillera. Las Farc, por su parte, insinuaron que la muerte de los soldados fue producto de una acción defensiva.
En cualquier caso, el episodio demostró que Colombia, poco a poco, está dejando de ver la muerte como paisaje, porque esas acciones de guerra cada vez son más la excepción que la regla.
El pacífico nariñense, sin agua y sin luz
Fueron no más de dos meses, a mediados del año, en que una vez finalizado el cese unilateral al fuego de las Farc las comunidades del pacífico nariñense enfrentaron de nuevo los embates de la guerra.
Primero, un ataque contra la infraestructura energética de la región dejó sin luz a varias comunidades. Pocos días después, otro atentado, contra el Oleoducto Trasandino, generó un derrame de crudo que llegó al río Mira, a la bocatoma del acueducto de Tumaco, y luego al mar. Cerca de 150 mil personas se quedaron sin agua y la afectación ambiental fue considerada como una de las más graves en la historia reciente de Colombia.
Por esa época, Buenaventura (Valle del Cauca) también se quedó sin luz por cuenta de un atentado de las Farc, y la guerrilla forzó otros derrames de crudo.
Las acciones en Nariño, sin requerir un gran despliegue logístico o un riesgo notorio, generaron un fuerte impacto en la región y derivaron en una de las crisis recientes del proceso de paz.
La tragedia ambiental en Putumayo
El 8 de junio, las Farc interceptaron una caravana de camiones cisterna de la compañía petrolera Vetra, sobre la vía Puerto Vega-Teteyé, en el municipio de Puerto Asís (Putumayo). Al menos 19 conductores fueron obligados a derramar 200 mil galones de crudo sobre la vía, en la que las comunidades de la zona protestan frecuentemente para exigir el cese de la contaminación que, supuestamente, la extracción de petróleo ocasiona en sus territorios.
El líquido derramado alcanzó varios cuerpos de agua, afectó la flora y la fauna de la zona, y causó impactos negativos sobre al menos 450 familias. El hecho se sumó a otros atentados similares que ejecutaron las Farc en 2014, que para entonces ya habían ocasionado enfermedades en humanos, muerte de animales y pérdida de cosechas.
La acción fue calificada como una violación al Derecho Internacional Humanitario y fue rechazada por la Defensoría del Pueblo y el Partido Verde. El presidente Santos, por su parte, declaró que “esa forma de (las Farc) de demostrarles a los colombianos que quieren la paz a través de ataques como los del Putumayo no tiene ningún sentido, no tiene ninguna racionalidad”.
Genaro García y el derecho a resistir
El 3 de agosto varios hombres retuvieron a Genaro García, líder del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, en zona rural del municipio de Tumaco, en Nariño. Lo forzaron a acostarse a un costado de una carretera y le dispararon.
García era uno de los rostros más visibles de la resistencia de las comunidades negras de Nariño contra el despojo y desplazamiento que, casi por igual, ocasionan los grupos armados y algunas empresas agroindustriales con intereses en la región.
Las Farc, y en particular la columna móvil Daniel Aldana, interesada en tomar el control de las organizaciones comunitarias, lo habían amenazado para que abandonara su posición como representante de varias comunidades.
García no quiso ceder y la amenaza de la guerrilla se cumplió. En una flagrante violación a su cese al fuego unilateral, hombres de las Farc asesinaron al líder, que también le había hecho frente a presiones de paramilitares y empresarios.
Los negociadores de las Farc asumieron su responsabilidad desde La Habana y aseguraron que tomarían medidas internas para ‘castigar’ a los responsables, aunque no especificaron a qué tipo de castigo se referían.
