Idalia Castillo y Fernando Asprilla se sumaron a la lista de víctimas en medio del posconflicto. Las autoridades aún no responden.
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Ser líder social en el Cauca sigue siendo un oficio de alto riesgo. Foto: Iván Valencia.
El viernes pasado, los habitantes de la vereda La Tigra en el municipio de Piamonte (Cauca) encontraron el cuerpo de Fernando Asprilla. Según denuncias de la comunidad, tenía impactos de bala. En principio, las denuncias apuntaban a que se trataba de un robo, pero horas más tarde y tras comprobar que no se habían llevado ni el dinero ni las pertenencias de Fernando, el movimiento Marcha Patriótica condenó en asesinato.
Asprilla se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de ese municipio, ubicado en la Baja Bota Caucana, y coordinaba las acciones políticas de Marcha Patriótica en esa zona. Según medios locales, la Fiscalía está en la zona para investigar los hechos.
Dos días antes, en el municipio de Rosas, varios habitantes encontraron el cuerpo de Idalia Castillo Narváez, una líder social y representante de víctimas de 37 años. “La mujer fue torturada, violada y asesinada”, dijo en su momento Rocío Cuenca, secretaria de la Mujer del Cauca.
El personero del municipio, Ari Ibarra, le dijo a La W que “la mujer fue encontrada en un paraje cerca de unos arbustos de café, con señales de estrangulamiento y heridas causadas al parecer con arma blanca”. “Espero que las autoridades encargadas de la investigación logren esclarecer quiénes son los responsables de este lamentable homicidio”, señaló el Funcionario a esa emisora.
Ese mismo día, según información de medios locales, un equipo de la Policía y la Fiscalía asumió la investigación del caso, mientras que Medicina Legal inició los procesos correspondientes para establecer las causas de la muerte.
Con estos dos asesinatos según Marcha Patriótica, son 20 los líderes sociales asesinados en este departamento en lo que va corrido del año. Según el conteo de ¡Pacifista! van 14 dirigentes campesinos e indígenas asesinados desde el 1 de diciembre de 2016, fecha en la que comenzó la implementación de los acuerdos de paz.
Además, según denunció el presidente de la Red de Derechos Humanos del suroccidente Deivin Hurtado, el 8 de agosto fueron amenazados líderes sociales en Balboa, La Vega y Popayán, tres municipios del Cauca. “Esto demuestra que la persecución contra los dirigentes sociales sí es sistemática”, señala Hurtado.
Además, Hurtado le pide a las autoridades “investigar el fenómeno más allá de los actores materiales”. Dice que el reto de la Fiscalía es “encontrar a quienes ordenaron los crímenes” para acabar con este flagelo. “Debería esforzarse por encontrar autores intelectuales, en lugar de cuestionar la sistematicidad del fenómeno o el liderazgo de los dirigentes”, concluye Hurtado.
Este lunes, justamente, hay una reunión como parte del Comité de Justicia Transicional y la Secretaría de Gobierno. Ahí se discutirá el informe sobre el seguimiento al informe de riesgo No. 010-2017 referido a Defensores de Derechos Humanos, según le dijo a ¡Pacifista! una fuente de la Secretaría de Gobierno. “El tema de los dos últimos homicidios va a estar ahí”, dijo.
En la reunión estarán la Fiscalía, Procuraduría, el Gobernador del Cauca, Secretarios de despachos, el comandante de Policía, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad de Restitución de Tierras, entre otras instituciones.
Justamente ese informe, emitido en marzo de este año por la Defensoría del Pueblo, dice que hay 19 municipios del Cauca con alto nivel de riesgo para los líderes sociales y que miembros de 26 organizaciones de ese departamento “han sido objeto de amenazas, atentados, homicidios y desaparición forzada”.
La situación es grave, pero parece no ser nueva. “A los líderes sociales del Cauca los están matando hace rato”, dice John Jairo Rincón, investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica (CMH). “Lo que pasa es que ahora los están contando, les están poniendo rostros”, concluye.
Varios investigadores y autoridades locales le contaron a ¡Pacifista! en mayo de este año que existen cinco razones por las que están asesinando a los defensores de derechos humanos en el Cauca:
La primera tiene que ver con que desde que las Farc empezaron su proceso de concentración en la zonas veredales, varios grupos armados ilegales han comenzado a disputar los lugares de presencia histórica de la guerrilla. También los están matando porque luchan contra “políticas estatales y directrices empresariales” de extracción de recursos, según señaló Rincón en ese momento. Estas luchas se dan sobretodo en el sur del departamento.
El apoyo a los procesos de sustitución de cultivos ilícitos es otra de las razones por las que lo están matando. Así como los procesos de “liberación de tierra” que hacen sobretodo líderes indígenas en predios de grandes empresarios y la posible amenaza que representan los procesos organizativos en la región con miras, por ejemplo, a la constitución de una Circunscripción Especial de Paz en el Cauca.
Por ahora, las autoridades investigan pero aún no se ven acciones concretas en el terreno para proteger a los líderes. ¡Pacifista! intentó contactar a varias autoridades locales y no obtuvo respuesta, salvo la información entregada por la secretaría de Gobierno. Mientras tanto, el riesgo de ser líder social en el Cauca sigue siendo alto.
