Según el Instituto Kroc, la Reforma Rural Integral y la participación de la sociedad civil son dos puntos que no han salido del papel.
En 18 meses, el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos alcanzó a implementar, a cabalidad, el Acuerdo de Paz en un 21 %. Así lo reveló el más reciente informe del Instituto Kroc, encargado de verificar el cumplimiento de los seis puntos acordados con las Farc en La Habana. Durante el último año, dice el estudio, la antigua guerrilla y el gobierno hicieron un esfuerzo por acelerar la implementación y hoy se puede decir que el 61 % del total de lo estipulado en el Acuerdo está en marcha.
El gobierno de Iván Duque deberá tener presente que el 39 % del Acuerdo necesita pasar del papel a la realidad no tanto por retrasos, que también existen, sino por el cronograma a 10 años que se acordó en La Habana –. “Se observan niveles altos de implementación en los temas relacionados al fin del conflicto como el cese al fuego, la dejación de armas y algunos aspectos del proceso de reincorporación (…) Hay otros temas en los que se observan niveles bajos de implementación, como el de acceso y uso de la tierra y los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral. Se pueden resaltar otros temas con porcentajes altos de no iniciación, como el tema de mecanismos democráticos de participación ciudadana, las medidas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores y las garantías de seguridad”, dice el informe.
En la siguiente gráfica podemos ver, por ejemplo, el porcentaje de implementación punto por punto. Los mayores retrasos se presentan en la Reforma Rural Integral y en las garantías de la participación de la sociedad civil, punto directamente relacionado con los asesinatos de líderes sociales.
Al revisar en detalle los puntos de implementación se puede ver, por ejemplo, que la creación de mecanismos democráticos para la participación ciudadana está en una fase inicial de implementación. Lo mismo sucede con los planes de prevención de consumo de drogas y el punto de justicia transicional. En el periodo de implementación, el Instituto señala que “preocupa especialmente el incremento y persistencia de homicidios contra defensores de derechos humanos y líderes sociales, particularmente víctimas afrocolombianas e indígenas en las zonas históricamente más afectadas por el conflicto armado, así como homicidios contra excombatientes de las FARC-EP y sus familiares. Varios grupos armados ilegales, grupos criminales, sucesores de grupos paramilitares, el ELN y disidencias de las FARC-EP se encuentran disputando el control territorial de las áreas anteriormente dominadas por la guerrilla”.
Después de realizar el balance, el Instituto Kroc le hizo una serie de recomendaciones al gobierno. Una que es prioritaria es proteger a los defensores de derechos humanos: “Si los líderes sociales no cuentan con garantías de seguridad y protección, la implementación de disposiciones para lograr desarrollo participativo, la sustitución de cultivos y la ampliación y profundización de la democracia no se podrá llevar a cabo”.
Por otro lado, el Instituto también llamó la atención sobre “el ritmo lento de implementación” del proceso de reincorporación de los excombatientes de las Farc, pues existen varios que pueden dejar en el aire el paso de los exombatientes a la vida civil. El Instituto señala, por ejemplo, que “no es claro de dónde se va a obtener la tierra para los proyectos productivos de los excombatientes. A la fecha, el proceso de reincorporación ha carecido de un enfoque de género que aborde las necesidades de las mujeres excombatientes y sus hijas y/o hijos”. En manos del gobierno de Iván Duque quedará la responsabilidad de construir una “estrategia robusta de reincorporación a largo plazo”.
Veamos, punto a punto, qué avances y dificultades se han presentado en la implementación del Acuerdo.
PUNTO 1: Reforma Rural Integral
Avances:
Se creó el Fondo de Tierras, el cual cuenta hoy con 525.000 hectáreas para ser distribuidas entre varias comunidades campesinas. También fue aprobada la Ley que agiliza los procesos de extinción de dominio para otorgarles tierras a la población rural. En los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el gobierno avanzó realizando 1.236 preasambleas para 155 municipios que sufrieron las consecuencias del conflicto. El Instituto valoró, además, que se creara el incentivo de Pagos por Servicios Ambientales y que se definieran las bases técnicas de varios planes, como la zonificación ambiental y la delimitación de la frontera agrícola.
Dificultades:
Uno de los retrasos tiene que ver con el estancamiento de leyes necesarias para implementar la Reforma Rural. Aunque el gobierno las presentó en el periodo legislativo fast-track, el Congreso no las aprobó y quedaron faltando las normas que le daban vida al sistema de catastro multipropósito, al proyecto de adjudicación de baldíos y el Sistema de Innovación Agropecuaria. El gobierno Duque también deberá definir la articulación de los PDET con otros programas territoriales y la sostenibilidad financiera de estos planes. Según el Instituto, “solo el 2 % de las disposiciones del punto 1 se han implementado completamente”.
PUNTO 2. Participación política
Avances:
En los últimos meses, el gobierno ha dado algunos pasos para cumplir con el punto de participación política. Se aprobó el Estatuto de la Oposición en el Congreso, se fortaleció el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y se crearon otros programas como el de protección individual y colectiva de líderes sociales. En el papel también quedaron otros puntos, como la Comisión de Diálogo para garantizar la movilización y la protesta social.
Dificultades:
El Instituto Kroc resalta la ausencia de una reforma política y electoral y la creación de curules en el Congreso para las víctimas de las 16 regiones más afectadas por el conflicto (también conocidas como Circunscripciones Especiales para la Paz). Según el informe, existe una “preocupante situación humanitaria en departamentos como Chocó, Cauca, Nariño, Guaviare, Putumayo, Córdoba, Valle del Cauca (particularmente Buenaventura), Antioquía (Bajo Cauca y Urabá), Norte de Santander (Catatumbo) (…) A pesar de un despliegue significativo de tropas en los territorios, las garantías de seguridad y protección son inadecuadas para la implementación de las dimensiones territoriales y transversales del acuerdo”. Además, el proyecto de ley sobre participación ciudadana ni siquiera fue presentado al Congreso en el periodo Fast-Track.
PUNTO 3: Fin del Conflicto
Avances:
Este es uno de los puntos en los que se presentan mayores avances. El Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación fue efectivo en el protocolo del cese el fuego y la dejación de armas. “El proceso de dejación de armas se realizó de una forma organizada. La Misión de la ONU recogió un total de 8.994 armas y destruyó las armas y los explosivos de 750 caletas (…) Se han logrado avances significativos en el alistamiento a la reincorporación económica y social y la estrategia de reincorporación temprana implementada en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR)”, dice el informe.
Para alcanzar el fin del conflicto, el Instituto destaca que se haya creado el Consejo Nacional de Reincorporación y que, desde el congreso, las antiguas Farc cuenten con 10 curules para hacer efectiva la participación en política. De la misma manera, la creación del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) le ha dado una base a la implementación del Acuerdo de Paz. Otro avance es el fortalecimiento de la acción integral contra las minas antipersonal en Colombia, pues se presentó una reducción del 38 % en las víctimas de minas antipersonal entre 2017 y 2016.
Dificultades:
En materia de reincorporación persisten dificultades específicas, como la apertura de cuentas bancarias para el partido político Farc, así como el desembolso de dinero estipulado en el Acuerdo para esta colectividad. De hecho, el Kroc señala que fue preocupante la “suspensión de la campaña electoral de la Farc por motivos de falta de garantías de seguridad para sus miembros y candidatos”. También existen problemas por la “falta de acceso a tierras para los proyectos productivos de vocación agrícola en el marco de la reincorporación”. También es evidente un “avance lento en el desarrollo para la gestión de Ecomún”, la cooperativa de Farc.
PUNTO 4: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas
Avances:
Según el Instituto, hasta finales de mayo el gobierno alcanzó a firmar acuerdos voluntarios para la sustitución de cultivos de uso ilícito con más de 123.000 familias en todo el país, de las cuales 77.659 están inscritas en el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) . “A mayo de 2018, 25.614 hectáreas de coca fueron erradicadas; se han vinculado al programa 981 recolectores para beneficiarse de alternativas laborales y capacitación. Adicionalmente, 1.065 familias ex-cultivadoras han recibido títulos de propiedad de sus tierras a través del programa “Formalizar para sustituir”.
Dificultades:
A pesar de los avances en la sustitución de cultivos de uso ilícito, el gobierno necesita esforzarse en proveer asistencia técnica para nuevos cultivos así como en la creación de una estrategia para la comercialización de productos. De acuerdo con el informe, es necesario sacar adelante “el proyecto de ley para el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores. Se requiere seguridad jurídica para las familias que de buena fe proporcionan información y se inscriben al Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito, así como un alivio para aquellos con investigaciones abiertas y sanciones en su contra”. En cuanto a la política preventiva de consumo de sustancias psicoactivas, el gobierno Duque tiene todo por hacer.
PUNTO 5: Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto
Avances:
La creación y puesta en marcha de la Comisión de la Verdad y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) son dos de los principales avances para el reconocimiento de las víctimas. También fue importante el nombramiento de la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Luz Marina Monzón. El Instituto valora que Farc ha realizado “tres actos de reconocimiento de responsabilidad y el gobierno nacional ha realizado dos”.
Dificultades:
El Instituto encontró en su balance que los recursos financieros no son suficientes para la implementación de medidas de reparación para las víctimas. Por otro lado, la Comisión de la Verdad necesita agilizar su implementación, pues de 15 disposiciones “nueve no han iniciado su implementación, cuatro se han implementado mínimamente y dos se han implementado completamente”.
PUNTO 6: Mecanismos de Implementación, Verificación y Refrendación
Avances:
La verificación internacional de la implementación del Acuerdo de Paz, así como el acompañamiento de otros sectores, ha sido efectiva, según el Kroc. El Instituto rescata la “promoción de la participación del sector empresarial en la implementación del Acuerdo Final y la conformación del comité para la puesta en marcha de estrategias pedagógicas y comunicativas para difundir los acuerdos”.
Dificultades:
A las entidades de verificación les quedan varios puntos por corregir, como “el ritmo lento de los procesos participativos en los territorios, los pocos avances en la implementación del capítulo étnico y la falta de divulgación y socialización del Acuerdo Final para la participación de la sociedad civil y el sector privado”.
