La mayoría de las veces, es esta entidad la primera en responder a urgencias relacionadas con violencia intrafamiliar y otras agresiones que afectan particularmente a niñas y mujeres. Pero sin una formación integral con enfoque de género y cambios estructurales a la institución, seguirán siendo constantes los llamados sobre la revictimización que ejercen y la violencia que perpetúan sus integrantes en estas circunstancias.
“Ahora sí mate a esa hijueputa”. Esa es una frase profundamente violenta, sobre todo en una sociedad con un arraigado machismo y en la que las mujeres estamos en constante riesgo en razón de nuestro género: en lo que va del 2021, la Fundación Feminicidios Colombia ha documentado al menos 77 feminicidios en el país; Medicina Legal ha practicado cerca de 5.000 exámenes por violencia sexual, la mayoría a mujeres y niñas; y la Fiscalía General de la Nación ha recibido al menos 29.018 casos de violencia intrafamiliar, un delito feminizado.
Ante esta realidad, esa es una frase aún más violenta si la dice un integrante de la Policía Nacional que, se supone, debería prevenir y responder a estas agresiones. Y peor aún, si es un funcionario público en medio de una emergencia en la que se está violando la integridad y derechos de una mujer.
Esa es parte de la denuncia que se viralizó en redes sociales hace unas semanas, sobre un hecho de violencia de género que terminó en violencia institucional.
Según el relato, un hombre estaba agrediendo a su novia y se negaba a entregarle las llaves de su apartamento, su celular y sus papeles, por lo que fue necesario llamar a la Policía. Al lugar llegaron tres uniformados del CAI La Alhambra en Suba, en el noroccidente de Bogotá.
Frente una emergencia de este tipo, la Policía puede ordenar al agresor devolverle a la víctima sus pertenencias. En este caso, según la denuncia, el sujeto le dijo a la mujer que podía entrar al apartamento para recoger sus papeles y llaves, pero si lo hacía sola. Contrario a exigirle a esta persona entregar voluntariamente las cosas y no obligar a la víctima a someterse a esa situación, uno de los oficiales la incitó a entrar al lugar.
Finalmente, un uniformado accedió a acompañarla. Minutos después, el funcionario y el presunto victimario salieron del apartamento y dejaron a la mujer en la vivienda.
El policía, de acuerdo con la narración, estaba molesto por el trato que había recibido por parte de ella, pues lo había llamado ‘arrastrado’ y, acto seguido, luego de haberla dejado en el apartamento, le dijo al otro hombre: ahora sí mate a esa hijueputa.
Luego de comunicarnos con la institución en la mañana del 12 de abril y no recibir respuesta, alrededor de las 7 de la noche recibimos una llamada de un oficial. En esta, el policía nos preguntó qué era exactamente lo que queríamos saber y por qué.
Tras plantear nuestra petición, el funcionario nos dijo que los oficiales del CAI La Alhambra acudieron a ese llamado para responder a lo que ellos llaman una ‘riña’. También, que una vez recogieron el teléfono de la víctima, el agente se ofreció a seguir acompañándola hasta un lugar seguro, pero ella se negó, lo agredió verbalmente y se quedó en el apartamento.
Entonces se retiraron de la vivienda tras intentar atender esa situación. “Es muy difícil ayudar a quien no quiere ser ayudado”, agregó como justificación.
Llevar a la víctima a un centro asistencial cercano, aún si las lesiones que recibió no son físicas; acompañarla a un lugar seguro o hasta su casa para retirar sus pertenencias personales; asesorarla en la recolección y protección de pruebas sobre las agresiones; y suministrarle información acerca de cuáles son sus derechos ante una situación de violencia intrafamiliar son algunas de las obligaciones que tiene la Policía en este tipo de casos.
Los agentes deben dejar constancia de todo lo que hagan en un acta y entregar una copia a la víctima. De no hacerlo, pueden llegar a ser destituidos por mala conducta.
Eso dice la Ley 294 de 1996, pero en la práctica, ¿las mujeres víctimas de estas y otras agresiones suelen recibir ese tipo de atención por parte de la Policía Nacional?
La institución también cuenta con la Estrategia Integral de Protección a Mujer, Familia y Género (EMFAG), que busca, entre otras cosas, mitigar estas violencias a través de programas pedagógicos con un enfoque de género, que le permitan a los integrantes de la Policía Nacional atender estos casos “a partir del reconocimiento, integración y respeto”, como se lee en una de las cartillas del Modelo de Planeación y Gestión Operacional del Servicio de Policía.
A esa denuncia le siguieron múltiples respuestas de personas narrando situaciones similares, de integrantes de la Policía u otros funcionarios públicos que consideraron que los hechos por los que estaban pidiendo ayuda solo eran ‘líos de pareja’ y ‘asuntos que se solucionan en casa’. En definitiva, este no es un relato aislado.
Pero que sea la Policía la que tenga esas falencias llama aún más la atención, porque suele ser la primera autoridad que llega al lugar en donde se están violando los derechos de una mujer.
Por mencionar otro caso, el pasado 18 de abril Tatiana Molina Vásquez, una mujer de 29 años y madre de dos hijos, fue asesinada, al parecer, por Jonathan Fernando Álvarez, su expareja. Su familia denunció que horas antes de haber sido atacada por el hombre, la joven acudió a una estación de Policía en Ibagué, donde vivía, a pedir ayuda porque estaba desesperada.
Pero, según el relato de su hermana, los oficiales no le prestaron la atención que requería. Ahora responsabilizan a las autoridades del feminicidio de Tatiana.
Por otro lado, entre el 2015 y el 2019 se atendieron 614.978 incidentes relacionados con violencia contra la mujer a través de la Línea 123 en la capital del país, según el portal Datos Abiertos Bogotá. Esta es una de las principales emergencias por las cuales las personas se comunican con ese canal.
En los primeros tres meses del 2021, la Policía Nacional registró 25.470 víctimas de violencia intrafamiliar en toda Colombia, de acuerdo con datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO). Un promedio diario de 280. De estos, 19.560 han sido situaciones de violencia contra población identificada como femenina.
Es decir que alrededor de 19.000 mujeres y niñas en todo el territorio nacional han sido atendidas por la Policía en medio de su labor operacional, pero no hay suficiente certeza de que en la práctica y fuera de los protocolos, recibieron un trato con enfoque de género que sí respondiera a su urgencia.
“La Policía no me cuida, me cuidan mis amigas”
Si los responsables de acudir ante una emergencia terminan causando más violencia que la que deben prevenir y atender, ¿Quién cuida a las víctimas de estas agresiones? ¿En el futuro y ante situaciones similares, con qué confianza les piden ayuda ellas u otras personas?
PACIFISTA! se comunicó en reiteradas oportunidades con la Policía Nacional y en especial, con el equipo de prensa de la Dirección de Seguridad Ciudadana, a la que nos remitieron. No recibimos respuesta del cuestionario que enviamos, pidiéndoles que nos explicaran en qué consiste la estrategia con la que cuentan, así como cuál es su forma de proceder cuando reciben una denuncia de un comportamiento negligente y revictimizante por parte de los agentes en este tipo de circunstancias.
Para resolver nuestras inquietudes, solicitaron que radicáramos una petición formal y física en las oficinas de la Dirección General de la Policía, en Bogotá. Luego de insistir en la imposibilidad de hacerlo, nos plantearon enviar el cuestionario a un correo electrónico, pero al momento de publicar esta nota, no hemos recibido respuesta.
Según corroboró la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y organizaciones como la Red Nacional de Mujeres y Sisma Mujer en algunos de sus informes sobre el cumplimiento de la Ley 1257 de 2008, el personal de la Policía sí ha recibido directrices y formación sobre cómo prevenir, proteger y atender adecuadamente a las mujeres víctimas de violencia.
Pero aún con todo esto persiste la pregunta: ¿por qué la Policía Nacional no solo no atiende adecuadamente casos de violencia de género, sino que reproduce estas agresiones?
Para Emilia Márquez Pizano, coordinadora del equipo de sexo y género de Temblores ONG, esto se debe a que la Policía no tiene un entrenamiento integral en esa materia.
“Por más que aplaudamos que haya ciertos esfuerzos, no hay una formación explícita y suficiente para atender una crisis de violencia de género. Además, es una institución que históricamente ha tenido una formación tremendamente machista, patriarcal y masculinista”, argumentó.
“Del hogar los derechos sagrados como padres debéis custodiar y que Dios y la Patria os lo premien, defensores del orden social”.
Este es un fragmento del himno de la Policía Nacional. Es un símbolo evidente, según Temblores ONG, del carácter patriarcal de la institución y que demuestra que sus integrantes han sido formados bajo un entrenamiento marcial, en la lógica de padres protectores, dueños y amos de la casa.
Para la investigadora, la formación patriarcal que se imparte en la Policía es un problema institucional y además, de escala global. Eso explica por qué no solo en Colombia sino en otros países de la región y el mundo es constante el llamado de las mujeres y feministas: ‘la Policía no me cuida, me cuidan mis amigas’.
Es una frase que denuncia la falta de garantías institucionales y se ancla en la sororidad. Pero no es, según algunas feministas, un llamado a librar de responsabilidad a la Policía y al Estado, sino para exigirle que sí cumpla con su tarea.
En esta línea, si no hay una reforma estructural a esta entidad en clave de género, agregó Marquez Pizano al hablar con PACIFISTA!, va a ser muy difícil no solo prevenir y responder a la violencia basada en género, sino impedir que los oficiales la sigan ejerciendo.
Antia Mendoza es psicóloga y victimóloga mexicana, quien ha trabajado en procesos de reforma policial y atención a víctimas de violencia de género e intrafamiliar en su país. Ella llama la atención sobre cómo estas agresiones están normalizadas en México, un país en el que se cometen más de 10 feminicidios cada día.
Pero también es un fenómeno que sucede en Colombia y en otros países del mundo, lo que quiere decir que, como ya ha sido ampliamente estudiado, estamos hablando de un problema de raíz global e históricamente generalizado.
El problema real es que “nuestra sociedad y por supuesto que no están exentas las instituciones, están permeadas por un sistema patriarcal. Más que por una cultura patriarcal, hay un sistema político que está enquistado, sobre todo en las instituciones de policía y de justicia” explicó la investigadora.
Mendoza también es directora de la organización mexicana ‘Seguridad y Paz Ciudadana’, a través de la cual se abordan distintos temas de seguridad y se atienden violencias. Por su experiencia, es enfática en que es indispensable que los funcionarios públicos, incluyendo a los integrantes de la Policía, tengan una formación bajo un enfoque de género y de violencia, pues no basta solo el primero; es necesario que entiendan cuál es la complejidad de las agresiones que se ejercen contra las mujeres.
Esa tarea titánica no se logra a través de un par de capacitaciones sino en el marco de un proceso transversal de largo aliento. Cumplirla depende de muchos factores y el principal es la voluntad de quienes estén en el poder.
“En mi país tenemos un presidente (Andrés Manuel López Obrador) que niega el fenómeno, tiene una orientación absolutamente patriarcal y ni siquiera sabe lo que es la violencia contra las mujeres. Esto afecta de manera sustantiva y radical a que esto siga siendo una prioridad en la atención pública. Depende mucho de los liderazgos políticos cómo se asuma ese compromiso de atender a las mujeres que están en situación de violencias”, argumentó Mendoza en diálogo con PACIFISTA!.
Para Márquez Pizano de Temblores ONG, el efecto de este problema es que la gente decide no acudir a las instituciones cuando está siendo víctima de violencia de género. “Si yo voy a denunciar estoy en un claro momento de vulnerabilidad y si la Policía lo que hace es violentarme aún más, pues no voy a confiar en esa entidad”, sostuvo.
En eso coincide Mendoza, quien también ha conocido casos en México en los que, como en Colombia, la Policía llega a donde hay un hecho de violencia, recrimina a la mujer y le da la razón a quien la está agrediendo. En suma, no brinda la atención que necesita y que por ley, debe garantizarle.
Otra afectación directa sobre las mujeres es la falta de autoconfianza en ellas y la forma en la que van a abordar estas agresiones, según la victimóloga. “Si la Policía, que es el actor más próximo que debería brindarle atención a una víctima no lo hace, va a generarle una sensación de indefensión”, dijo.
En cambio, si hubiera una buena conducta, la gente confiaría más en las autoridades y podría hablarse de una reducción del margen de impunidad, agregó. “Se sentaría un precedente de que (las violencias contra las mujeres) son acciones que no tienen justificación y que tienen una consecuencia legal y social”. Pero lamentablemente, aún en este escenario, a nivel social no habría consecuencias por la normalización de estas agresiones.
“¿Y si la víctima es pareja de un Policía?” fue una de las preguntas que planteó Mendoza y que merece atención de todos los sectores de la sociedad. De acuerdo con ella, lo primero que hay que hacer es identificar qué violencias reproducen los integrantes de esta institución no solo en su trabajo sino al interior de sus hogares.
De no ser así, “no estamos en capacidad de mandar a los policías a que atiendan este fenómeno si ni siquiera conocemos cómo se está gestando eso en la policía”. El problema también está anclado ahí, agregó.
¿Con qué autoridad estas personas pueden intervenir en situaciones de violencia si no han logrado identificar y erradicar las agresiones que perpetúan en su entorno más cercano?
En Colombia, el espacio privado sigue siendo el lugar más violento para niñas y mujeres
De acuerdo con el informe ‘Bolillo, Dios y Patria’ de Temblores ONG, Medicina Legal registró, entre 2017 y 2019, 214 hechos de violencia sexual, de los cuales 102 habrían sido cometidos, presuntamente, por integrantes de la Policía. 82 de las víctimas fueron mujeres.
Durante el 2020, 30 delitos sexuales tuvieron como presunto responsable a agentes de la Policía, según un derecho de petición que la ONG envió y que PACIFISTA! conoció. De estos, 25 fueron contra mujeres; 15 son estudiantes y 3 se dedican a labores domésticas y de cuidado, o sea, son amas de casa.
El principal día en el que fueron agredidas fue el domingo, que además es, según datos de Medicina Legal y el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) de Bogotá, en el que más se suelen registrar hechos de violencia intrafamiliar en la ciudad.
El lugar en donde más ocurrieron las agresiones durante el 2017 y 2019 no fue el espacio público, a diferencia de otras que cometieron los oficiales. Las viviendas privadas, con cerca de 4 de cada 10 casos ocurridos allí, son el escenario en donde la Policía más ha violentado sexualmente a las mujeres.
Los demás hechos tuvieron lugar en guarniciones militares, centros de reclusión, estaciones de Policía o CAI, entre otras instalaciones policiales en las que es una falta gravísima, contemplada en el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional, cometer prácticas sexuales.
“¿Cuáles son las razones por las que la Policía puede entrar a la casa de una persona sin una orden judicial? -se preguntó Márquez Pizano de Temblores ONG- Una es cuando hay una emergencia en la que debe intervenir ¿y cuáles son algunas de estas emergencias? La violencia intrafamiliar, violencia de género y violencia sexual”, respondió.
Esto quiere decir, según relata la coordinadora del equipo de sexo y género de Temblores, que si una persona se comunica con la Línea 123 pidiendo auxilio, al estar siendo agredida en su casa, la Policía puede entrar sin una orden judicial. Incluso si llama a líneas de orientación en casos de violencia de género, como la Línea Púrpura en Bogotá o la Línea 155 a nivel nacional, será remitida al 123 siempre que se trate de una urgencia.
Lo anterior no quiere decir que cada vez que una mujer se comunica con una línea de emergencia y recibe atención por parte de la Policía, será violentada sexualmente por sus integrantes. Lo que sí revela Temblores ONG es que “parece que dejar entrar a la Policía a la casa es estar en riesgo de sufrir violencia sexual”.
Este riesgo, por mínimo que sea, no tiene por qué existir, mucho menos si es generado por una institución que debería garantizar condiciones de seguridad.
Al respecto, preguntamos a la Policía Nacional qué tiene que decir frente a esta conclusión. También, cuántas investigaciones disciplinarias contra sus agentes se están adelantando por haber cometido presuntamente hechos de violencia sexual, entre 2017 y 2020. A su vez, cuántas destituciones se han impartido en casos confirmados y qué acciones se toman desde la institución una vez se conocen hechos de este tipo. Tampoco recibimos respuesta.
Por ahora no tenemos soluciones inmediatas a este problema. Ni el de la violencia sexual cometida por los integrantes de la Policía ni el de el abordaje revictimizante ante agresiones basadas en género en medio de una emergencia.
Lo que sí sabemos es que se requieren más esfuerzos por parte de las instituciones para responder a esta crisis, porque si bien ha habido intentos para lograrlo, Márquez Pizano y Mendoza coinciden en que son insuficientes.
También es cierto que no hay tal cosa como una directriz explícita que reciben los miembros de la Policía Nacional para violentar a mujeres y niñas, pero sí sucede que por el momento y lo que dice la evidencia, no hay medidas eficaces para impedir que esto suceda.
Hay que desbancar el machismo no solo al interior de la Policía sino de todo el aparato estatal. Una labor enorme que no se cumplirá de la noche a la mañana, pero por algo hay que empezar.
Si no, seguiremos encontrándonos con historias como la que ocurrió ese fin de semana en Suba, en las que los primeros respondientes a un llamado de auxilio, en vez de garantizar seguridad, profundizan las violencias y la vulnerabilidad que día a día viven las mujeres.
A Laura pueden leerla acá.
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