#ProyectoCoca | Organizaciones campesinas e indígenas denuncian que la fuerza pública ha intensificado la erradicación forzada de cultivos ilícitos desde el comienzo de la emergencia por el Covid-19, lo que pone en riesgo la salud de las comunidades y puede generar confrontaciones en sus territorios.
En un video grabado con un celular se ve a un grupo de indígenas y campesinos resguardarse de una ráfaga de disparos. Se agachan, se esconden tras los árboles. Entre ellos se dicen “Bajemos, muchachos. ¡Bajemos!” y “Graben con los celulares”. Al principio de otro video se ve mucho suelo y maleza. La imagen no es fija, quien lo toma está corriendo. Alguien grita: “Le dieron, le dieron”. En la mitad de la grabación aparece un hombre herido gravemente en el cuello.
Las escenas descritas en las primeras líneas de este artículo ocurrieron el pasado 22 de abril en la vereda El Cedro del municipio de Tumaco, en Nariño. Es cercana al resguardo indígena Inda Sabaleta del pueblo Awá. La Asociación Minga, que conoce la zona, le contó a Pacifista! que indígenas y campesinos se percataron de la llegada de la Policía Antinarcóticos desde el día anterior. “La comunidad denuncia que la fuerza pública comenzó trabajos de erradicación forzada al otro día. Los campesinos se acercaron para dialogar pacíficamente, pero la respuesta fue disparos para dispersarlos. Ahí se les unieron los indígenas”. En la tarde llegó la información de que había un muerto y tres heridos.
Ángel Artemio Nastacuas Villarreal se llamaba el indígena awá que murió. Tenía 35 años. “Nos entendemos por qué en tiempos de cuarentena se siguen adelantando este tipo de acciones”, se pregunta la Unidad Indígena del Pueblo Awá —UNIPA— por medio de un comunicado. “Nunca la erradicación forzada va ser la salida para enfrentar este flagelo, la violencia siempre va a generar más violencia”.
La erradicación forzada de cultivos de uso ilícito no ha parado desde la declaratoria de emergencia por el Covid-19 ni desde que comenzó la cuarentena obligatoria para evitar contagios masivos. Organizaciones campesinas e indígenas de Nariño, Chocó, Caquetá, Antioquia, Putumayo, Córdoba y Norte de Santander denuncian que la fuerza pública está aprovechando el confinamiento y la crisis sanitaria para adelantar estos operativos; y que al mismo tiempo siguen los incumplimientos del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito —PNIS—.
A las organizaciones les preocupa que la erradicación forzada continúe durante la emergencia del Covid-19 porque la fuerza pública podría ser el vector que lleve el virus a zonas apartadas del país (justo donde hay cultivos de coca), pues allí la atención en salud es precaria; y porque los operativos pueden terminar en confrontaciones violentas con las comunidades, como ocurrió en Tumaco.
Los operativos
El 11 de marzo, un día antes de que el presidente Duque declarara la emergencia, la Asociación Campesina del Catatumbo —Ascamcat— denunció que cerca de 800 policías, militares y erradicadores llegaron a cinco veredas y un corregimiento del municipio de Sardinata, en Norte de Santander, para adelantar tareas de erradicación. Los campesinos de inmediato se movilizaron y bloquearon carreteras para presionar la retirada de la fuerza pública y los erradicadores.
“Se ha generado un ambiente tenso que representa una clara amenaza para el campesinado, teniendo en cuenta que en 2017 se firmó un acuerdo colectivo para sustituir de manera voluntaria y concertada los cultivos”, se lee en un comunicado de Ascamcat. El 18 de marzo se levantó el bloqueo de las carreteras, pero los trabajos de erradicación continúan en Sardinata, donde 302 familias están inscritas al PNIS.
En Caquetá, según la Coordinadora de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas —COORDOSAC—, en cuatro municipios del departamento se registraron operaciones de erradicación forzada desde el inicio de la emergencia: San José del Fraga, Cartagena del Chairá, Paujil y La Montañita. Pacifista! habló con Rigoberto Abello, miembro de COORDOSAC y de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana —COCCAM— en Caquetá. Nos explicó que en la vereda La Palestina de La Montañita hubo enfrentamientos entre la fuerza pública y los campesinos. “El Ejército disparó en varias oportunidades. Afortunadamente nadie resultó herido, pero eso aterrorizó a la gente”. Según Abello, y como lo muestra un video, los militares activaron sus armas cuando los campesinos intentaron detener la erradicación.
#URGENTE || En la vda Palestina La Montañita #Caqueta el ejército dispara en operación de erradicación forzada. #Rechazamos el uso excesivo de la fuerza, el #COVID19 no es lo único que mata, también lo hace el hambre y el despojo.#Exigimos la implementación real del PNIS. pic.twitter.com/HTi67lMOhZ
— COORDOSAC (@Coordosac) March 24, 2020
El 5 de abril también hubo enfrentamientos en la vereda La Primavera de Paujil. Abello nos contó que los campesinos se organizaron porque vieron que estaban erradicando. “Se movilizaron y ahí sí se retiraron los militares. Ya nos dimos cuenta de que cuando visibilizamos estos temas, la cosa para”. Otra denuncia que hizo Abello son los incumplimiento del PNIS, esto llevó a que varias familias inscritas al programa regresaran al trabajo en cultivos ilícitos. “Lo primero que se atendió fue familias cultivadoras y no cultivadoras. Quedaron por fuera raspachines, recolectores de hoja de coca, gente que trabajaba en las cocinas. Como no tenían nada más que hacer, volvieron al negocio”. En Paujil y La Montañita hay 1.184 y 3.008 familias vinculadas al PNIS, respectivamente.
En Putumayo, cuando se empezaban a tomar las primeras restricciones en todo el país por cuenta del Covid-19, asesinaron a Marco Rivadeneira, uno de los líderes de la sustitución de cultivos del departamento. El 19 de marzo, el día de su muerte, estaba reunido con la comunidad del Corredor Puerto Vega-Teteye del municipio de Puerto Asís, donde días después empezaron tareas de fumigación según denunció COCCAM.
“Justo antes de que comenzara la emergencia y la cuarentena, en Putumayo habían varios puntos de concentración de la erradicación: San Miguel, Villagarzón, Orito, Puerto Guzmán, Valle del Guamuez, Puerto Caicedo y Puerto Asís. Las organizaciones se movilizaron, por un lado, para que el Gobierno Nacional frenara la erradicación forzada; y por otro lado, para que se cumpliera con el programa de sustitución”, nos comentó Yuly Artunduaga, miembro de la COCCAM en Putumayo, donde 20.331 familias se unieron al PNIS.
Artunduaga, que también hace parte de otras organizaciones del sur del país, le compartió una denuncia a Pacifista! sobre erradicación en Jardines de Sucumbios, un corregimiento de Ipiales, Nariño. “Fumigaron hectárea y media. La comunidad se reunió, habían unos cien campesinos rodeando a los policías antinarcóticos. Se estableció dialogo con ellos y responden que son ordenes del Gobierno Nacional. A ellos se les pide que se retiren y se van en un helicóptero”, relató un campesino de la zona por medio de un audio.
Según la Asociación Campesina del Sur de Córdoba, el 26 de marzo se hicieron trabajos de erradicación en los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Ure. Por su parte, la Red de Organizaciones Sociales y Campesinas de Norte y Bajo Cauca denunció el 14 de abril en un comunicado que en tres veredas del corregimiento de Santa Rita, del municipio antioqueño de Ituango, se llevaron a cabo procesos de erradicación. En ese pueblo hay 795 familias vinculadas al programa de sustitución. En Tarazá, también en Antioquia y en donde existen 4.120 familias inscritas al PNIS, se ha erradicado cultivos de coca durante la cuarentena, así lo reportó el Instituto Popular de Capacitación.
Por último, para terminar esta ronda de regiones donde la erradicación no ha parado a pesar del confinamiento obligatorio y la emergencia sanitaria, el Consejo Comunitario de San Juan, en el Chocó, señaló que la fuerza pública viene erradicando forzadamente desde el 11 de abril.
No para la erradicación: Gobierno
Viendo que no cesan estos operativos, ni siquiera por la pandemia, la coalición Acciones para el Cambio —APC—, un grupo de organizaciones sociales que trabaja todo lo relacionado con políticas de drogas en Colombia, le solicitó al Gobierno Nacional suspender la erradicación forzada mientras dura la emergencia por el Covid-19. Adriana Muro, directora de Elementa, una de la organizaciones de APC, le dijo a Pacifista! que existe una contradicción entre el discurso del presidente Duque sobre las medidas sanitarias que ha tomado y la erradicación que adelanta la fuerza pública, pues sumado a que no siguen protocolos de bioseguridad, policías y erradicadores ponen en riesgo de contagio a comunidades campesinas e indígenas. “Además, están yendo a zonas con el PNIS y en zonas donde no lo hay. En una situación de emergencia como esta, el hecho de que erradiquen forzadamente genera enfrentamientos”.
Para Muro, las erradicaciones también son una clara muestra de incumplimiento del programa de sustitución. “Vemos que hay varios departamentos donde se firmaron compromisos y no se están cumpliendo, eso lleva a que las familias vuelvan a cultivar para cubrir los gastos del hogar”. De acuerdo a las entrevistas que les hicimos a los dos miembros de Coccam de Caquetá y Putumayo, el PNIS tiene retrasos, principalmente en la puesta en marcha de los proyectos productivos con los que se reemplazan los cultivos ilícitos. El último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre el programa de sustitución, publicado el 13 de abril, señala que 46.611 familias ya recibieron la totalidad de los pagos de la asistencia alimentaria inmediata (un subsidio de 2 millones de pesos que les entrega cada dos meses durante un año). Ese número equivale al 56,7 por ciento de todas familias inscritas al PNIS, que son 99.097.
Pero, ¿cuál es la respuesta del Gobierno Nacional a las denuncias de estos operativos? Que la erradicación sigue. Según una nota del periódico El Tiempo, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que los equipos que adelantan esos operativos no pararán y que manejan los protocolos para evitar contagios de coronavirus. Agregó que los erradicadores ingresaron a los territorios antes de la llegada del virus al país.
“Por supuesto que se mantiene (la erradicación forzada), así como se mantienen las operaciones militares y policiales en todo el país, tomando las debidas precauciones para evitar el contagio. Donde hay presencia de cultivos ilícitos y de narcotráfico hay violencia, y son las comunidades las más afectadas. Por eso, nuestro deber es protegerlas y erradicar esos factores de inestabilidad”, respondió el ministro a El Tiempo en una entrevista que le hizo el 28 de marzo.
Frente a la solicitud que hizo APC, de suspender la erradicación, el Ejército contestó que bajo la política para enfrentar el problema de las drogas en Colombia, la fuerza pública tiene la responsabilidad de “reducir la disponibilidad de droga, direccionando los esfuerzos y las capacidades institucionales a la erradicación de los cultivos ilícitos”. Luego recoge el decreto 531 de este año, que da indicaciones sobre el confinamiento obligatorio, para decir que entre quienes tienen excepciones a la norma están las Fuerzas Militares, la Policía y demás organismos de seguridad del Estado (y con eso, sus actividades). Es decir, no va a parar la erradicación.
Después de esta recopilación de información, el panorama es el siguiente: las erradicaciones continuarán, pero esperemos en estos días nuevos enfrentamientos en territorios donde se les debería mejorar los servicios médicos (o simplemente llevarlos) en vez traerles a la fuerza pública.
A José lo pueden encontrar acá.
