El gobierno de Maduro mantiene secuestrados a 60 colombianos

La Policía Nacional Bolivariana retuvo desde hace año y medio, y de manera arbitraria, a un grupo de colombianos. Un periodista de La Liga Contra El Silencio estuvo con ellos.

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Por: La Liga Contra el Silencio

La Policía Nacional Bolivariana retuvo desde hace año y medio, y de manera arbitraria, a un grupo de colombianos. Un periodista de La Liga Contra El Silencio estuvo con ellos.

Que no están presos, les han dicho. Que están bajo condición de “resguardo humanitario”. Pero desde hace un año y medio no han podido volver a sus hogares. Este espacio donde pasan sus días tiene una puerta que se cierra desde afuera. Abre solo con permiso de los uniformados que los vigilan. A este lugar sin ventanas a veces entran algunas visitas.

De una pared a la otra se cuentan más o menos treinta pasos. Solo es posible caminar por los dos corredores estrechos que hay entre las camas precarias en las que duermen los 58 colombianos a los que las autoridades venezolanas decidieron “refugiar” ubicándolos en esta extraña situación sin sustento legal, que los mantiene atrapados desde septiembre de 2016: no existe en la legislación venezolana la figura de “resguardo humanitario” y en el ámbito internacional se refiere a zonas con algún tipo de protección especial, no a la retención de personas.

Calificarlo de “refugio” es un eufemismo que esconde, entre otras cosas, violaciones al debido proceso y a los derechos humanos.

Las camas, que parecen carpas, intentan recrear una sensación de intimidad. Sábanas raídas cuelgan aquí y allá. Paredes de telas que nada ocultan. En ambos extremos de este galpón hay amplios espacios sanitarios. Pero es como si no existieran. Para bañarse, solo hay un par de duchas. Todo lo demás está inservible. Sobre las puertas negras de los excusados hay lecciones escritas con tiza blanca. Versículos de la Biblia; mensajes en inglés: “Answer the cuestion”.

“Para hacer nuestras necesidades tenemos que usar un balde y después botamos eso por este hueco”, dijo uno de los colombianos detenidos, y empujó con el pie la lámina de metal que cubre en el piso un ducto improvisado, por donde emerge un olor que obliga a voltear.

Este no es un centro de reclusión formal. En realidad es un pabellón dentro de una sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicado en La Yaguara, al oeste de Caracas. Pero calificarlo de “refugio” es un eufemismo que esconde, entre otras cosas, violaciones al debido proceso y a los derechos humanos. No solo por las condiciones del encierro, sino por el encierro mismo: esta gente no debería estar aquí.

Esto último lo decretó un tribunal venezolano a través de un oficio. Pero nadie ha cumplido la orden de liberar a los hombres, expedida por la jueza Zulay Salazar González, juez 27 de control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 21 de noviembre de 2017.

El documento legal, el único de esta historia, advierte: “Evidenciándose que en contra de los ciudadanos no pesa Orden de Aprehensión alguna ni fueron aprehendidos de forma flagrante, se DECRETA LA LIBERTAD PLENA”. Y fue acompañado por el oficio Nº 1725-17, remitido al director de la Policía Nacional Bolivariana, donde se le informó sobre la decisión.

Sin embargo, allí siguen: bajo llave.

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Doiler Yépez Carrillo (33 años, nacido en Barranquilla) solía trabajar como albañil en la casa del abogado Sergio Aranguren, quien lo describe como un hombre “trabajador, serio y honesto”. Con más de diez años en Venezuela, Yépez finalmente estaba en proceso de legalizar su residencia: “Yo mismo estuve haciendo los trámites ante extranjería”, contó Aranguren. “Y obtuvimos un permiso provisional”.

Un día, rumbo a su casa en Petare, una populosa barriada al este de Caracas, Yépez fue detenido por agentes de la Policía Nacional Bolivariana. Según contó, le dijeron que su documentación requería una verificación exhaustiva, y la harían en la sede de ese organismo, ubicado en Maripérez, muy cerca del centro de la ciudad.

“Se llevaron a casi 100 personas durante los últimos días de agosto y los primeros de septiembre de 2016”, contó el abogado Aranguren: “Y los dejaron ahí, pasando noches en el techo de la sede, a sol y agua, durmiendo a la intemperie, como animales”.

Los detenidos eran colombianos, y a todos les informaron que serían trasladados al estado de Táchira, en la frontera con Colombia, para deportarlos por indocumentados. “Pero luego de pasar dos semanas en Táchira, sorpresivamente, los devolvieron a Caracas y los encerraron en la sede policial de La Yaguara”, dijo Aranguren.

Al acudir en ayuda de Yépez Carrillo, el abogado terminó convertido en defensor del grupo, cuya única falta comprobable parece ser la del estatus migratorio: “Los demás se fueron sumando porque estaban solos y desamparados. El servicio consular de Colombia no hizo nada por ellos entonces, y es muy poco lo que ha hecho últimamente”.

El artículo 4 de la norma que regula al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (en el decreto 869 del 25 de mayo de 2016), en su ordinal 20 establece como una de las funciones de la Cancillería: “Formular y ejecutar actividades de protección de los derechos de los colombianos en el exterior y ejercer las acciones pertinentes ante las autoridades del país donde se encuentren, de conformidad con los principios y normas del Derecho Internacional”.

En el sitio web del Consulado de Colombia en Caracas se detalla el tipo de asistencia que debería prestar esta instancia a los detenidos en otros países. Dice, por ejemplo: “Se le orientará sobre los medios de los que dispone para su defensa y el funcionamiento general del sistema judicial en ese país. Velará por que le sea respetado el debido proceso y los derechos de los connacionales”.

“Por parte del Gobierno colombiano no hemos recibido la ayuda correcta”, dijo Luis Pérez Díaz (39 años, de Cartagena). “Sí han venido, nos hacen unas fotos, nos dan un paquete de arroz o algo. Pero lo que en verdad necesitamos no lo han hecho”.

Aranguren señaló una irregularidad inmediata en el caso de los colombianos: nunca se realizó una audiencia de presentación ante los tribunales. Es decir, no hay contra ellos ninguna acusación formal y tampoco existe un procedimiento judicial en curso. Ese hecho –una violación al debido proceso– bastaría para dejarlos en libertad. Entonces, ¿por qué los retienen?

Edelberto Ramos (45 años, de Cartagena) es también albañil, y tenía un puesto informal de verduras en Petare, la zona popular más densa de la capital venezolana. El 31 de agosto de 2016 una comisión policial le pidió su documento de identidad, y aunque vive en Venezuela desde hace una docena de años, no lo tenía. Fue llevado a la misma sede policial, y allí, de manera extraoficial, se enteró de que era considerado más que un obrero: “Ustedes cayeron en la mala”, contó Ramos que le dijo un agente: “Cayeron por paramilitares”.

Yo no soy paramilitar, ni aquí ni en mi país. Es una gran injusticia. Este encierro ya casi no lo aguanto más.

“Yo no soy paramilitar, ni aquí ni en mi país”, aseguró Ramos. “Es una gran injusticia. Este encierro ya casi no lo aguanto más”. A Luis Pérez Díaz, un agente se lo explicó de forma más directa: “Mira, voy a hablarte claro: la orden de arriba es reclutar a 92 paramilitares”.

El 1 de septiembre de 2016 el presidente Nicolás Maduro anunció que habían dado un golpe contra un grupo paramilitar que planeaba acciones desestabilizadoras: “Hemos estado con la Operación de Liberación del Pueblo, OLP, capturando mercenarios. En la zona norte de Caracas, barrio El Manicomio, capturamos un campamento de paramilitares colombianos con 92 personas, a 500 metros del Palacio de Miraflores”.

Entre Petare y Miraflores hay quince kilómetros de distancia: casi toda la ciudad de por medio. La parroquia Catia tampoco está tan cerca de la sede del gobierno. Allí detuvieron a Deivis Crespo (32 años, Barranquilla) el 26 de agosto: “Estaba yendo a mi casa y había un operativo ahí en Catia. Decían que estaban buscando a unos presos fugados. Me pidieron la cédula y, como no la tenía, me llevaron. Un policía que es vecino abogó por mí para que no me mataran, porque eso era lo que iban a hacer. Me encerraron cuatro días en una zona llamada Quebraíta y de ahí me pasaron a tribunales. El Tribunal 34 de Control ordenó mi libertad, pero igual me dejaron una semana con presos comunes. Después me reunieron con los compañeros aquí”.

En el pabellón de La Yaguara; Crespo se enfermó del estómago. “El 30 de octubre le comuniqué a un enviado del Consulado que estaba mal, que por favor me enviaran a una revisión médica. Y la respuesta fue que ellos no me habían mandado a mí a enfermarme”. Su situación le afecta en más de un sentido: “Mi esposa y mis dos niños están pasando trabajo. Yo vendía música en Chacaíto, ahora no tienen ingresos. Vine aquí hace 14 años buscando un mejor futuro y mire cómo estoy ahora”.

“Intentaron hacerlos pasar por los supuestos paramilitares detenidos, pero eso es falso”, dijo el abogado Aranguren. “A estos hombres ni siquiera los agarraron cerca de Miraflores, ni estaban juntos. Contra estos colombianos no hay absolutamente nada, ni orden judicial, ni investigación, ni acusación, ni individualización de los casos. Su única falta es ser gente humilde”.

El abogado dijo que de manera espontánea, “por un principio de ética”, le aportó información sobre los detenidos a la Embajada de Colombia en Venezuela a través de su encargado de negocios -y máxima autoridad en este momento- Germán Castañeda Benavides: “¿Y qué hicieron? Nada. Les expliqué que había enfermos, que casi no tienen comida. Les he pedido copias de las notas diplomáticas que dicen que han presentado exigiendo la libertad de estos colombianos, pero no me han dado respuesta. Esos documentos son importantes porque demuestran la negligencia de la Cancillería y constituyen evidencia de que Venezuela viola tratados internacionales. También constituyen pruebas de que algunos funcionarios venezolanos han violado la Constitución, y han incumplido normas como la Ley contra la Tortura y Tratos Crueles. Esta es una sociedad de cómplices porque todas las instancias del Estado conocen los hechos”.

El Código Orgánico Procesal Penal en su artículo quinto establece que los jueces harán cumplir las sentencias emitidas en uso de sus atribuciones, y que para tal fin contarán con la “colaboración” de las autoridades de la República. Pero la orden de libertad plena que existe desde el 21 de noviembre de 2017 no se ha ejecutado.

Según explicó Aranguren, una de sus primeras acciones de defensa colectiva fue presentar, en enero de 2017, un amparo a favor de los colombianos que aún estaban detenidos (61), solicitando su liberación en vista de que se había cumplido el plazo máximo para presentarlos ante el sistema judicial. Lo hizo en el Tribunal 3 de Control de Caracas. Ese juzgado lo envió al Tribunal 18, que a su vez lo remitió al 49, que a su vez lo mandó al 27, donde por fin la jueza lo aceptó y determinó que los detenidos debían ser liberados. Esa sentencia está firme, ninguna otra instancia ha actuado en contra, y el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Dirección de Extranjería y la Policía Nacional Bolivariana fueron notificados en su momento. La jueza Zulay Salazar González ya no está al frente del Tribunal 27.

El interés de Aranguren es claro: tiene en sus manos la posibilidad de armar un caso contra los funcionarios involucrados por acción y omisión. Y para tener una base sólida requiere copias de las notas diplomáticas (se supone que son unas 40) enviadas por el Consulado de Colombia.

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El 27 de marzo fue un día movido: la selección colombiana de fútbol jugaba un amistoso contra Australia, y los detenidos veían el partido en un pequeño televisor: el único “lujo” que disfrutan. Un enviado de la Embajada llegó a repartir crema dental: dos pequeñas por persona.

“Quedaron pendientes los cepillos y los jabones”, dijo Jorge.

–¿La Embajada los ayuda con estas cosas?

–Han mandado muy poco. Hace como 15 días mandaron unas poquitas latas de sardinas.

–Fue hace una semana, dijo Arleis.

–¿Les han dicho cuándo los sueltan?

–Nos dicen que están trabajando por la libertad de nosotros, pero nada más. Que tengamos paciencia. Y ya.

A Jorge Rodríguez (22 años, de Cartagena) lo detuvieron el 5 de septiembre de 2016 en Catia: “Me pidieron identificación y solo tenía mi cédula colombiana. Me dijeron que me iban a llevar a una comandancia para revisar si tenía antecedentes. La policía fue agarrando gente en diferentes lugares, salteado. No nos conocíamos de antes, pero nos hemos hecho amigos aquí”.

Salteado, dice Jorge. Quizás no sea la palabra adecuada, pero se entiende mejor con los casos de Israel Cáceres y José Moreno. Ambos habían cumplido penas formales de prisión y esperaban en la sede principal del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) el momento de su deportación. Cáceres pasó diez años preso por delitos ambientales, y Moreno nueve acusado de homicidio.

“El 5 de septiembre de 2016 nos llevaron al Saime, y como a los diez días nos sacaron a la PNB para completar el grupo de los 92”, dijo Cáceres: “Esto es como un secuestro”.

Arleis Castaño (35 años, de María La Baja, Bolívar) también salía de su trabajo cuando fue abordado por agentes de la PNB. “Yo soy barbero, tengo 13 años aquí y trabajaba en un local en el Mercado de Las Flores, en Petare. Terminé de cortarle el pelo a un amigo y, cuando íbamos bajando, me pidieron los papeles. Mostré mi cédula colombiana y mi pasaporte que estaba al día, pero me dijeron que tenían que verificarlo. Me quitaron la cédula y el pasaporte y es el día de hoy y todavía estamos aquí”.

Falleció la esposa y al día siguiente le dieron la libertad.

A Nerio Ortiz le pasó algo similar: una copia de su cédula, con el número 83.492.586, muestra que fue expedida el 20 de octubre de 2011, y estuvo vigente hasta octubre de 2016: “Cuando me agarraron, me dijeron que eso no valía nada, y la cédula se venció estando aquí adentro”.

Otro relato que suelen hacer los presos es el de “un compañero que estaba muy mal porque en Táchira se le metió un insecto en el oído y le dio una infección”. Su nombre era José Belmonte. “Por cuestiones humanitarias lo dejaron salir, pero murió”. Y hubo otro que también pudo cruzar la puerta: “Falleció la esposa y al día siguiente le dieron la libertad”.

La lista en el Juzgado 27 enumera a 61 detenidos, incluyendo a tres mujeres, de las cuales solo una permanece en un recinto vecino en La Yaguara. Hoy son 58 hombres y una mujer: Hellen Kateryne Hincapié Brochero. No hay respuestas confiables sobre cómo fue que las otras dos mujeres quedaron libres.

El documento fija otros datos: que los detenidos están bajo “resguardo” de la PNB desde el 31 de agosto de 2016; que ese mismo día fueron detenidos 95 colombianos “en varios operativos”; y que el 5 de abril de 2017 otro tribunal había concedido un amparo (presentado por el abogado Hugo Antonio Martínez) que ordenó la libertad de Norbeis Martínez, Iván Galán, Edelberto Ramos, Alexis Álvarez y David Calderón.

Esa orden tampoco se cumplió.

Pero hay esperanzas. El 27 de marzo casi todos los detenidos se congregaron en torno a Sergio Aranguren. Ese día almorzaron pasta sin ningún aderezo, cocinada por turnos en unas pequeñas cocinillas eléctricas. Algunos veían jugar a la selección; contaron que los había visitado la directora de Derechos Fundamentales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela.

–¿Qué ha hecho la Cancillería colombiana para sacarlos de aquí?, preguntó Aranguren en voz alta.

–Nada, respondieron a coro.

Y le contaron al abogado sobre la visita de los funcionarios venezolanos. El mensaje que recibieron de ellos es que muy pronto serán liberados. También les hicieron entender que han permanecido encerrados todo este tiempo por orden del director de la PNB, general Alfredo Pérez Ampuedo. Pero si la Cancillería colombiana ha enviado 40 notas diplomáticas, y el abogado Aranguren ha notificado en más de una ocasión al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y a la propia dirección de la PNB, es difícil creer en esa versión.

El 27 de marzo algunos de ellos pensaron que saldrían esa misma. Pero no ocurrió: allí continúan. Esperando a que ese “algo” termine de moverse.

La Cancillería afirma que “sigue trabajando” para lograr la liberación de los colombianos detenidos, según el último comunicado publicado sobre el caso del 9 de marzo. Dice que ha pedido la intervención del fiscal general Tarek William Saab, que ha gestionado “más de 25 reuniones con autoridades venezolanas”, que por canales diplomáticos ha enviado “más de 40 notas oficiales” y que “seguirá insistiendo” para lograr su libertad. La Liga contra el Silencio consultó a la Cancillería sobre los pronunciamientos oficiales que ha recibido del gobierno venezolano y hasta la publicación de este reportaje no recibió respuesta.

Para la organización Human Rights Watch (HRW), las acciones del gobierno de Colombia “han sido claramente insuficientes”. La canciller María Ángela Holguín solo ha formulado “comentarios esporádicos” sobre el caso, cuando lo que se necesita es “incrementar la presión internacional”, un llamado que hizo HRW en una carta al presidente Juan Manuel Santos ante las “detenciones arbitrarias” denunciadas.

El 13 de marzo una comisión de la Fiscalía se trasladó a La Yaguara para documentar el caso de los detenidos y verificar su estado de salud. En una nota publicada ese día en El Heraldo de Barranquilla, esta visita se atribuye a las gestiones de la Cancillería colombiana. Pero el abogado Aranguren se atribuye el logro. Como sea, algo se está moviendo a favor de los detenidos. El 27 de marzo algunos de ellos pensaron que saldrían esa misma. Pero no ocurrió: allí continúan. Esperando a que ese “algo” termine de moverse.

Juan Pedro Lares Rangel: otro caso en el limbo

A menos de seis kilómetros de La Yaguara, en una celda de El Helicoide, instalación del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), está recluido Juan Pedro Lares desde hace casi ocho meses. Es un joven de 23 años que tenía un negocio de lavado de carros en Mérida, una ciudad andina ubicada al suroccidente de Venezuela. Lares fue detenido dentro de su casa el 30 de julio de 2017, cuando un comando de la fuerza élite venezolana, junto a “colectivos” armados chavistas buscaban a su padre Omar Lares, entonces alcalde opositor del municipio de Campo Elías, por permitir manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Su madre, Ramona, es colombiana. Por eso, Juan Pedro y sus dos hermanos –Astrid y Jesús- tienen doble nacionalidad.

“Llegaron a mi casa con la intención de capturarme. Juan Pedro se quedó ahí, pensando que la situación era solamente contra mí”, cuenta Omar Lares, que huyó de su ciudad y desde el 2 de agosto se sumó a los miles de venezolanos que viven en Colombia.

Fue detenido sin cargos y en todo el tiempo que lleva preso nunca ha sido presentado ante un juez. “Él es un secuestrado por el Estado venezolano, fácilmente demostrable, y la preocupación de nosotros, el temor que tenemos, es que pudiera transformarse en una desaparición forzosa”.

Según su padre, Juan Pedro no consta en la lista de detenidos de El Helicoide. “Se sabe que está allá porque en su condición de colombiano se hicieron gestiones y la Cancillería fue y lo buscó”. Desde entonces ha recibido seis visitas consulares y no tiene visitas regulares. Su madre, que vive en Caracas, ha logrado verlo en cuatro ocasiones por gestión del Consulado, pero las autoridades colombianas no han reconocido el caso como detención arbitraria. Funcionarios consulares lo han visitado en El Helicoide para “constatar su estado de salud” y “a través de la vía diplomática se ha solicitado la pronta resolución jurídica del connacional”, dijo la Cancillería en el único comunicado que existe relacionado con Juan Pedro.

“Está detenido en razón de que están buscando a su papá. Eso es absolutamente medieval. Uno no detiene a los hijos buscando a los papás”, explica Mauricio Albarracín, abogado e investigador de Dejusticia que acompaña el caso de Juan Pedro e insiste en la necesidad de que el gobierno colombiano reconozca su “detención arbitraria”.

“Le está dando asistencia consular como una persona que está en una cárcel por un crimen común. Juan Pedro no está en una situación común. Es víctima de una grave violación de derechos humanos”.

Albarracín cree que incluso la situación del joven es más grave que la del grupo de colombianos detenidos en La Yaguara. “Ellos ya tienen una orden de liberación (…) Juan Pedro ni siquiera ha sido presentado por primera vez ante un juez, no tiene cargos y por eso tampoco tiene una boleta de liberación. Ellos al menos son un grupo, aquí es una persona”.

Pese a todas las arbitrariedades e irregularidades, todos siguen presos. Pero nadie baja los brazos. La familia de Juan Pedro, junto a Dejusticia, agotará todos los recursos legales e internacionales. Ya presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, y una queja ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU en Ginebra. Todavía esperan respuestas.

Mientras, la sociedad colombiana calla. “Aquí no hay mucha reclamación por esos colombianos. Me sorprende la baja solidaridad de los colombianos por los que están presos en Venezuela (…) Debería haber más gente involucrada”, se lamenta Albarracín.