Las bandas criminales encontraron en este delito, a veces invisible, una nueva forma de financiación.
Este 30 de julio se conmemoró el Día mundial contra la trata de personas y no tuvimos mucho para alardear: anualmente, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 70 mil personas son víctimas de este delito en Colombia.
El gobierno de Juan Manuel Santos, impulsado –presionado– por organizaciones defensoras de derechos humanos, diseñó una nueva Estrategia Nacional para la Lucha Contra la Trata de Personas, consignada en el decreto 1036 de 2016, y logró que el Departamento de Estado de Estados Unidos declarara al país como “nivel uno” en atención a esta problemática. Sin embargo, colectivos expertos en el tema sostienen que los esfuerzos no son suficientes.
La trata de personas se define, según la Organización de Naciones Unidas (ONU), como “todo acto de captación, transporte y traslado, acogida o recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción para obtener el consentimiento de una persona con fines de explotación”. En otras palabras, es esclavitud. Y es el tercer negocio ilícito más rentable para el crimen organizado, solo superado por el tráfico de estupefacientes y el tráfico de armas. Además, es un delito extendido por todo el mundo, que involucra a todos los países ya sea porque son países de origen, tránsito o destino.
Colombia tiene condiciones particulares que lo hacen vulnerable para este tipo de delitos. Por ejemplo, la situación de inestabilidad de las personas desplazadas, la búsqueda de mejores oportunidades y la existencia de grupos armados que decidieron convertir este delito en una forma de financiación.
Estrategia Nacional de Lucha Contra el Delito de Trata de Personas
La trata de personas es un delito que va mucho más allá de la explotación sexual de mujeres. Entre las formas más comunes de este delito se destacan también la explotación laboral, el matrimonio servil y la mendicidad.
Por ser un delito que muchas veces no se denuncia – y que incluso las víctimas no reconocen, pues no saben que están siendo explotadas–, el Ministerio del Interior con apoyo de organizaciones de la sociedad civil diseñó la Estrategia Nacional de Lucha Contra el Delito de Trata de personas.
En la estrategia se articula el trabajo de diferentes entidades. Ministerios, Policía, Fiscalía, Procuraduría, Interpol e ICBF, entre otras. De acuerdo con el decreto, todos trabajarán de forma coordinada desde su competencia y tendrán como prioridades brindar atención a las víctimas, fortalecer las campañas de prevención e intensificar la judicialización.
“Esta es una política a largo plazo que vincula de manera obligatoria a todas las entidades. Quieran o no atender a la víctima, lo tiene que hacer”, dice Sandra Devia, directora de Gobierno y Gestión Territorial del Ministerio del Interior.
La estrategia, que no es más que un punto de partida en la lucha contra este delito, tiene componentes que permiten focalizar los esfuerzos del Gobierno como los enfoques específicos en temas de género, territorio, derechos y generacional, que permitirán diferenciar las poblaciones y territorios más vulnerables para fortalecer allí el trabajo.
De acuerdo con la funcionaria, la creación del Observatorio de lucha contra la trata, con apoyo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, permitirá acumular y sistematizar información para fortalecer políticas contra este tipo de delito en el futuro.
“Podemos hacer seguimiento y tenemos la posibilidad de generar investigación documental exhaustiva para apoyar más la judicialización y la difusión pedagógica sobre lo que es un delito que históricamente la humanidad no ha considerado como tal”, dice Sandra Devia.
Para la divulgación e implementación de la estrategia, el Gobierno convocará a colegios y organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo hará uso de las redes sociales. Incluso, han diseñado una aplicación móvil que será lanzada este 30 de julio. “Está herramienta es clave. Ahí las personas pueden identificarse como víctimas, saber que esto es un delito y cómo denunciarlo. Pero hay que ser ambiciosos, lo que estamos haciendo ahora es mínimo. Los retos son enormes.”, dice Sandra Devia.
Los esfuerzos todavía no son suficientes
“El Gobierno hace esfuerzos, pero han quedado minimizados ante la gran ventaja que nos llevan los criminales”, dice Claudia Quintero, activista por los derechos humanos y directora de la Corporación Anne Frank.
Para ella, a estrategia de lucha contra la trata es apenas un punto de partida que traza unos propósitos que deberán ser evaluados en 2018, cuando cambie el gobierno; y que permitirá conocer la magnitud de este delito en el país.
Según cálculos de Naciones Unidas, el 71% de las víctimas de trata de personas identificadas en Colombia son mujeres. Y los lugares que más concentran víctimas de trata son el Valle del Cauca, Antioquia y Quindío, con el 79% de los casos.
Colombia es doblemente vulnerable. Además de las redes trasnacionales de trata, las bandas criminales encontraron en este delito una forma de financiación. “Ellos vieron que el delito de trata es fácil y es impune para ellos en su estructura”, dice Quintero.
Grupos al margen de la ley como Los Rastrojos y el Clan del Golfo están captando personas para explotación sexual y laboral, y tráfico de migrantes. “Hemos encontrado que en el Amazonas estos grupos tienen prostíbulos flotantes donde esclavizan niñas y mujeres colombianas”, dice Quintero “sólo por poner un ejemplo”.
Los esfuerzos, tanto del Gobierno como de la sociedad civil, están dirigidos a impulsar cambios a nivel social, como la creación de nuevas masculinidades, el empoderamiento de niñas y mujeres, y la disminución de desigualdades. En últimas, hacer visible lo hasta ahora invisible.
