El Cerac asegura que esa guerrilla logró “renacer” en los últimos años, pero con un alto costo político y sin efectividad militar.
A propósito del inicio de la fase pública de conversaciones entre el Gobierno y la guerrilla del ELN, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) presentó un informe de acuerdo con el cual, durante la última década, esa organización ha hecho un esfuerzo por intensificar sus acciones violentas, tomar la iniciativa armada contra el Estado y escalar la guerra.
El análisis identifica varios periodos, desde el fracaso de las conversaciones exploratorias entre esa guerrilla y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, rotas en el año 2008, hasta el momento actual. Según el Cerac, en esa primera etapa, que se extiende hasta mediados de 2010, se registraron niveles mínimos históricos de acciones violentas por parte de esa guerrilla, lo que permite afirmar que para ese momento existió un cese al fuego “virtual”.
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Sin embargo, desde octubre de 2009, la fuga de alias “Pablito”, quien había sido capturado en 2008 en Bogotá, permitió un reacomodamiento económico y militar, y un escalamiento de la violencia. La libertad de ese cabecilla, comandante del Frente de Guerra Oriental, y desde hace poco integrante del Comando Central del ELN, permitió que la organización aumentara “sus recursos, mediante el secuestro, la extorsión, la minería ilegal, el contrabando y el narcotráfico” y así incrementara “su iniciativa armada lenta y paulatinamente”.
Ese proceso se consolidó a finales de 2010 cuando, de acuerdo con el Cerac, esa guerrilla “escaló de forma sostenida su participación en eventos del conflicto”. Y esa tendencia se mantuvo hasta el punto de que a mediados de 2014 se registraron los mayores niveles de acciones ofensivas por parte del ELN en dos décadas. “Desde entonces el ELN ha mantenido altos niveles de violencia, con una reducción relativamente marginal”, dice el informe.
¿Cómo ha hecho la guerra el ELN?
El Cerac afirma que, contrario a la percepción generalizada, desde el anuncio de una fase exploratoria de negociación, el ELN ha reducido levemente sus acciones violentas en contraste con los meses anteriores.
Sin embargo, el seguimiento a esas acciones entre 2013 y 2016 indica que se ha mantenido una ofensiva basada en ataques contra la infraestructura petrolera y hostigamientos contra la Fuerza Pública, localizados principalmente “en zonas aisladas y de difícil acceso donde el grupo hace presencia histórica”. Agrega el informe que en ese periodo la guerrilla no renunció al secuestro como arma de guerra y fuente de financiación.
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Es así como las acciones ofensivas de sabotaje, típicas de una organización guerrillera, han sido mucho más frecuentes que la confrontación abierta con las fuerzas de seguridad del Estado. “De ahí que el número de combates entre la Fuerza Pública y el grupo se haya reducido desde el 2009, alcanzando mínimos en el 2011. Desde entonces ha aumentado sostenida pero levemente”.
A pesar de su estrategia, de acuerdo con el Cerac, el ELN no logró una ofensiva con alcance nacional ni ha logrado afectar de forma sistemática redes logísticas o de infraestructura. “En últimas, el ‘logro’ del ELN fue el de intensificar de forma focalizada sus acciones. En otras palabras, la reciente ofensiva del ELN le permitió al grupo renacer como un actor relevante en la agenda política del país, pero no generó un cambio determinante en el balance de fuerzas en el conflicto a su favor”, concluye el informe.
Las razones para ese escenario, que el análisis califica como de “precariedad militar”, se atribuyen a que la Fuerza Pública logró contener la expansión de esa guerrilla aun cuando no es posible hablar de una derrota militar.
¿Y el escenario político?
El análisis señala que a la falta de efectividad militar se suma el costo político de la escalada violenta del ELN. Para el Cerac, el accionar de esa guerrilla “estaba poniendo en riesgo la oportunidad de alcanzar un acuerdo de paz “completo” que incluyera a todas las fuerzas guerrilleras vigentes en el país”.
Es así como, afirma esa organización, factores como la incapacidad de la guerrilla de renunciar al secuestro postergaron por más de dos años el inicio de una fase pública de conversaciones de paz.
Los riesgos de que la violencia afecte el proceso serían, sin embargo, inferiores a los que existen en el diálogo con las Farc. Eso, según el informe, porque la afectación de civiles en el periodo más reciente ha sido inferior al de otras etapas y porque, además, “pese a su esfuerzo y al incremento en la captura de rentas ilegales, la capacidad violenta del grupo es mucho menor a la de las FARC: por ejemplo, entre agosto de 2013 y julio de 2014, periodo en que es más notorio el escalamiento de la ofensiva del ELN, las acciones unilaterales de esta guerrilla tan solo representaron el 35% de las acciones de las FARC”.
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Con base en esos datos, el análisis concluye que la fase pública de las negociaciones de paz constituye un avance hacia la superación del conflicto y la reducción de la violencia política en Colombia, puesto que disminuyen los obstáculos para la implementación de los acuerdos ya avanzados con las Farc; aumenta el costo político de ejercer la violencia; y reduce los riesgos de enfrentamiento con otras organizaciones armadas en zonas abandonadas por las Farc.
Según el Cerac, el escenario de la negociación es una oportunidad para que la sociedad civil presione a este grupo “para que renuncie al uso de la violencia incluso antes de que se abra formalmente la mesa de negociaciones”. Esa apertura estaría prevista para un plazo no mayor a dos meses, según dijo “Antonio Garcia”, vocero del ELN en los diálogos.
El Cerac también dice en su análisis que desde 2010 ha registrado los secuestros de 132 civiles y cuatro integrantes de la Fuerza Pública. Y, aunque no tiene información sobre cuántos permanecen en poder de esa guerrilla, asegura que la liberación de todos ellos debería ser una condición para la instalación de las conversaciones.
