Acusan al ex vicepresidente de Continental Gold de integrar una red de minería ilegal con 'paras' y funcionarios públicos.
Hasta hace unos meses, Eduardo Otoya Rojas era un reconocido ejecutivo del sector minero en Antioquia. Había sido gerente de la Frontino Gold Mines y después, desde su cargo como vicepresidente de Asuntos Corporativos de la multinacional canadiense Continental Gold (CG), hablaba de responsabilidad social y de la importancia de que las operaciones mineras no generen en los territorios y las comunidades “ningún efecto colateral negativo”.
Esa frase la pronunció en una entrevista para el diario económico La República en agosto de 2013. Se refería al proyecto que la empresa para la que trabajaba desarrolla en el municipio de Buriticá, Occidente de Antioquia. Dijo que apostaba por la generación de empleo, por proyectos productivos para los habitantes de la región y por el cuidado del medio ambiente.
Sin embargo, poco menos de un año más tarde, en julio de 2014, Continental Gold lo despidió. Según un comunicado publicado por la compañía hace una semana, “fue separado de su cargo por violación de las políticas corporativas”. Ya en mayo del año pasado, el presidente ejecutivo de la compañía, León Teicher, le había dicho a El Colombiano que su antiguo funcionario era un “personaje siniestro”.
Más allá de los adjetivos de quien fue su jefe, y de algunas controversias que involucraron al ejecutivo y a Continental Gold, la noticia es que hace una semana Otoya fue capturado, junto a otras catorce personas, en un operativo contra redes de minería ilegal en Antioquia que, según los investigadores del caso, estarían al servicio de Los Urabeños y la Oficina de Envigado.
(Vea también: La gran empresa de Los Urabeños)
De acuerdo con la Policía, Otoya, de 46 años, quien luego de su captura fue presentado con el alias de ‘El Doctor’, “aprovechó su condición de directivo para apoderarse ilegalmente de los planos donde estaban identificadas las vetas de oro, especialmente en las minas El Hebrón y La Equidad, que dejaban ganancias mensuales superiores a los 7 mil millones de pesos”. Agrega el informe de la investigación que utilizaba la posición que obtuvo en su actividad empresarial “para dedicarse a la minería ilegal al servicio de organizaciones criminales”.
Según la Policía, también fue socio de un testaferro de Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, tuvo alianzas con el Bloque Central Bolívar de las AUC y con la banda de Los Rastrojos. “En los últimos tiempos decidió crear su propia organización, autodenominada ‘Héroes de Occidente’, que se dedicaba a extorsionar y extraer oro ilegalmente en los municipios de Segovia y Buriticá”, explica la institución.
La época “dorada” de Buriticá
Aunque el oro ha estado atravesado en la historia de Buriticá desde su fundación, fue en 2009, con el aumento de los precios internacionales del mineral, cuando ese municipio antioqueño, que antes tenía una vocación agrícola basada sobre todo en el café, pasó de unas cuantas explotaciones mineras artesanales a experimentar un fenómeno que se convirtió en un verdadero problema social.
Miles de mineros de otras regiones, principalmente de los municipios de Segovia y Remedios, en el Nordeste antioqueño, se asentaron en Buriticá atraídos por el auge de un negocio naciente, pero cada vez más rentable. Al mismo tiempo, Continental Gold, en la zona desde 1990, inició los trabajos de exploración de un proyecto de casi 60 mil hectáreas que, según anunció la empresa, cuando entre en operación duplicará la producción legal de oro en Colombia.
Así comenzaron las tensiones entre la multinacional, propietaria del título minero, y el número cada vez mayor de trabajadores informales que explotaban los socavones del municipio. Pese a que han avanzado algunos procesos de formalización, las relaciones de Continental Gold y las autoridades con los mineros informales han estado mediadas mucho más por desalojos y señalamientos que por la concertación.
(Vea también: ¿Desminado humanitario o minero energético?)
En muy poco tiempo Buriticá, uno de los municipios más pobres de Antioquia, tuvo que cargar con un aumento acelerado de precios, problemas de convivencia que antes eran distantes y, en general, el impacto de una población flotante que cuando ya no podía seguirse concentrando en la localidad, empezó a extenderse a municipios cercanos como Giraldo y Santa Fe de Antioquia. Pero también tuvo que enfrentarse a la incursión de estructuras del crimen organizado, que llegaron con la idea de controlar el negocio de la minería informal.
“Es que no existe zona en Colombia donde se desarrolle actividad minera y no haya vinculación de grupos al margen de la ley que tratan de quedarse con ese negocio —dice Rubén Darío Gómez, secretario General de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol), organización que agrupa a pequeños y medianos mineros de todo el país—. No es un secreto para nadie que en Buriticá y en todos los lugares donde hay minería, nosotros tenemos que pagar ‘vacunas’ porque lo que está en juego es la vida y el trabajo por la ausencia del Estado en esas regiones”.
Pero el coronel Wilson Pardo, comandante de la Policía en Antioquia, afirma que en Buriticá los grupos armados no se han limitado a la extorsión, sino que controlan la cadena de explotación minera desde su origen: “Grupos como el Clan Úsuga, en Segovia, se dedican a la extorsión, igual en Bajo Cauca, pero aquí encontraron un aliado perfecto que fue este señor Otoya y entonces, en vez de extorsionar, les queda fácil explotar a los mineros ilegales y tienen una ganancia mucho más rentable cuando invierten en esas bocaminas”.
Es justamente en el cruce entre informalidad y el interés de organizaciones como Los Urabeños por adueñarse de la minería donde, según las investigaciones de la Policía y la Fiscalía, aparece la figura de Otoya Rojas. Primero, como uno de los promotores de la migración de mineros hacia Buriticá y, después, como enlace para facilitar la entrada de grupos paramilitares a la región, que llegaron para lucrarse del trabajo de esos mismos trabajadores informales.
(Vea también: Investigación: ¿De qué color es el oro de Giraldo y Duque Ltda.?)
Buena parte de eso lo habría logrado, explican las autoridades, desde su posición como directivo de Continental Gold. Allí habría jugado un doble papel: “Mientras ganaba por el lado de la empresa para la que trabajaba, también ganaba por la actividad informal”, dice un líder minero del municipio.
Por su parte, el secretario general de Conalminercol dice que desde hace cerca de cuatro años empezó a notarse en Buriticá la capacidad de Otoya para torcer la voluntad de las autoridades.“En el año 2012 fue la primera acción en contra de los mineros locales, en ese momento empezamos a conocer que el señor tenía influencia política, controlaba gente en las autoridades mineras, se agazapaba en medio de funcionarios de los organismos del Estado. Hasta el punto que, discúlpeme la expresión, pero funcionarios de la Secretaría de Minas se orinaban de la felicidad cuando lo veían porque sabían que con él se movía la plata”, dice Rubén Darío Gómez.
(Vea también: La guerra del oro no se va de Segovia)
Puede ser que por el perfil de Otoya, cuya captura celebró hasta el propio presidente Santos, haya pasado casi desapercibido que en el mismo operativo cayeron también un suboficial y tres agentes de la Policía. En la lista también está Diego Alejandro Guzmán Pereira, quien fue secretario de Gobierno de Buriticá durante la pasada administración. Su nombre cobra aún mayor importancia pues quien era su jefe, Carlos Mario Varela Ramírez, anterior alcalde de ese municipio, fue capturado en diciembre pasado y terminó su periodo preso. Según las autoridades, recibía dinero de Los Urabeños para facilitar las explotaciones mineras que controla esa organización en la localidad.
Los casos de esos dos exfuncionarios, y de los integrantes de la Policía que hoy están presos, les dan argumentos a los mineros informales que cuestionan el hecho de que la persecución de las autoridades ponga el foco en su actividad. Al mismo tiempo, demuestra que ese negocio enfrenta grandes poderes y está atravesado por relaciones entre criminalidad y agentes estatales que le ponen otro complejo ingrediente a la actividad minera en Buriticá.
