Pacifista! revela un concepto previo en el que esa entidad aseguró que las aspersiones aéreas representan un riesgo bajo para la salud de los habitantes de Meta, Vichada y Guaviare. El exministro Alejandro Gaviria y otros expertos criticaron el contenido del documento y la posición de la entidad.
“Bajo las condiciones de operación descritas en la modificación al Plan de Manejo Ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida Glifosato (PECIG), el riesgo a la salud al que se hallaría sujeta la población habitante del primer núcleo potencial de aspersión es bajo”, concluyó el Instituto Nacional de Salud (INS) en un concepto previo que le envió al Ministerio de Salud. El documento inédito, que sería vital para poder reanudar la fumigación aérea con ese herbicida, es revelado por PACIFISTA! en primicia.
Para poder reanudar el PECIG, suspendido en 2015, el Gobierno debe cumplir con una serie de requisitos que ordenó la Corte Constitucional en la Sentencia T-236, del 21 de abril de 2017, y en el Auto 387 del 18 de julio de 2019.
Entre esas condiciones, tanto el Ministerio de Salud como el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) deben tener el concepto previo del INS frente a los riesgos de las aspersiones con glifosato en la salud humana. Para la elaboración de este, el INS contrató un estudio con la Universidad de Córdoba y, hasta el momento, solo se conocía una primera entrega que apenas reunía la evidencia científica sobre la toxicidad de las aspersiones aéreas con la sustancia, pero hacía falta el concepto, es decir, las conclusiones del propio Instituto sobre lo que entregó la entidad educativa.
El concepto previo fue enviado por el INS al Ministerio de Salud el 30 de julio de 2020. El documento fue firmado por Martha Lucía Ospina Martínez, directora general de la entidad, y se refiere a los posibles impactos en la salud que tendría la reanudación de las fumigaciones en los departamentos de Meta, Guaviare y Vichada.
“Parece ser un concepto hecho para que el viceministro de Salud (Luis Alexander Moscoso) vaya al CNE y diga que sí, que se reanudan las fumigaciones”, opinó Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de Los Andes y exministro de Salud del Gobierno Santos (2010 – 2018), en entrevista con este medio.
Para Luis Felipe Cruz, investigador en Dejusticia, el proceso para la elaboración del concepto previo del INS ha sido opaco y de él se conoce poca información. Y según declaraciones que dio a PACIFISTA! Fabián Méndez, profesor del Grupo Epidemiología y Salud Poblacional (GES) de la Universidad del Valle, los resultados presentados por la Universidad de Córdoba no son concluyentes, les falta información, generan muchas dudas y sirven, únicamente, para “alejar del público la toma de decisiones y ratificar una decisión que ya se tenía tomada”.
Lo que señala (y lo que no) el concepto del INS
1 – Las advertencias
El INS aclaró que el concepto previo y la evaluación de riesgo aplica solo para los municipios que componen el núcleo de fumigación estudiado: Calamar, El Retorno, Miraflores, San José del Guaviare, La Macarena, Mapiripán, Puerto Rico, Vistahermosa, Puerto Lleras, Puerto Concordia y Cumaribo. Además, enfatizó que de cambiar las condiciones de operación, por ejemplo, usar otro tipo de aeronaves, otros componentes o concentraciones de la mezcla a asperjar, utilizar boquillas que le produzcan gotas de distinto tamaño o repetir la aspersión en un mismo predio a una velocidad o altura de la aeronave sobre el suelo distintas de las contempladas, “los resultados y conclusiones derivadas de la evaluación de riesgo efectuada no podrían extrapolarse a esta nueva situación”.
Pero, según diferentes estudios que ha realizado Méndez en la Universidad del Valle, hay algo en ese punto que es importante considerar y son las formas en cómo se aplica el glifosato para cultivos de uso ilícito porque “realmente son unas condiciones de guerra, entonces es muy difícil decir: ‘Cuando la temperatura esté por arriba de treinta y tantos grados, no se puede asperjar’. Uno no se puede imaginar que un avión asperjando un terreno donde hay cultivos de uso ilícito, va a estar controlando la temperatura, va a estar controlando la velocidad del viento. Es más, es muy difícil controlar la misma concentración, y es posible que se usen concentraciones aún más altas de glifosato”.
Por su parte, el estudio de la Universidad de Córdoba (en el que se basa el concepto del INS) aclaró que su análisis no se puede extrapolar de región en región. “Cada núcleo, departamento y municipio presenta características sociales, económicas y sanitarias (entre otras) distintas que redundan en modificaciones específicas de la evaluación de riesgo presentada y ante las cuales se deben generar estrategias o reforzar las ya existentes”, se lee.
2 – Los impactos psicológicos
“En cuanto a salud mental, se han relacionado las medidas de aspersión aérea con la sensación de miedo por la pérdida de cultivos, situación que lleva a la alteración de la seguridad económica y alimentaria, que pueden generar migración de la población; esta presión sobre la salud mental se suma a las que ya existen en estos territorios por la presencia de grupos armados, desplazamientos forzados y bajos ingresos, entre otros”, expuso el INS en el concepto.
Sobre esto, Johnattan García, investigador en Salud Pública en Dejusticia, dijo a este medio que reconoce la importancia de esa valoración en el concepto porque no se está hablando de cualquier comunidad, sino que, las regiones donde se asperjaría el glifosato tienen particularidades sociales: “son comunidades rurales con ciertas vulnerabilidades”.
3 – Las conclusiones sobre el cáncer
El INS tuvo en cuenta un estudio de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC) que establece que el glifosato es categoría 2A, es decir, probablemente carcinógeno para los seres humanos, pero, de todas maneras, la entidad concluyó: “no es posible identificar asociaciones ni relaciones de causalidad entre el cáncer y la exposición al glifosato”.
Lo que puede ser obvio porque, según Gaviria, en Colombia no existen todavía estudios sobre efectos directos de las aspersiones aéreas relacionados con cáncer y, para poder empezarlos, “todavía nos demoraremos unos 5 o 6 años para que esos efectos (de aspersiones hechas en años pasados) comiencen a notarse”.
García aseguró que el Gobierno espera tener resultados en el corto plazo –por lo visto algo imposible–, y explicó la relación entre los efectos de las aspersiones con glifosato y el cáncer. Tomó de ejemplo un caso de mesotelioma (cáncer que generalmente afecta los pulmones), que solo aparece por la exposición al asbesto unos 20 o 30 años después de ser expuestos al material. Entonces enfatizó: “no estamos hablando, necesariamente, de unos problemas que en un par de meses vayan a resultar, sino que, si en efecto (el herbicida) tiene el potencial de ser cancerígeno, pues tendrá efecto muchos años después”, dijo.
4 – Otros efectos de la exposición al glifosato
Según el INS, la exposición aguda a formulaciones con glifosato y otras sustancias pueden generar síntomas oculares, gastrointestinales o en la piel, que al final tienen reversa y no son riesgosos. También expuso que los casos de muerte se pueden dar por intoxicación aguda grave por consumir voluntariamente grandes dosis, pero que ese no es el caso de la reactivación del PECIG.
El concepto dice, además, que hay riesgo bajo para la salud de personas sanas; y que las principales causas de muerte de las que viven en los departamentos y municipios donde posiblemente se reanudarán las aspersiones, son enfermedades no transmisibles y nutricionales –como la diabetes, anorexia, obesidad, sobrepreso, entre otros–. Pero considera que en estas comunidades, por sus características y falencias económicas, sociales, geoterritoriales y de conflicto persistente, aunque no sean consecuencia directa del PECIG, “la ejecución del mismo sí podría presentar una presión adicional sobre estas situaciones en salud preexistentes, principalmente en comunidades indígenas y rurales”.
Sobre estos riesgos presentados en el concepto, Gaviria llamó la atención porque, “cuando hace esa evidencia de los eventos agudos, subagudos o crónicos, no mencionan, por ejemplo, todo el tema que hay de abortos espontáneos; entonces, hace caso omiso de esa evidencia”.
Relacionado con lo que señaló el rector de los Andes, el profesor Méndez explicó que en el Grupo Epidemiología y Salud Poblacional de la Universidad del Valle analizaron 81 artículos sobre la exposición a concentraciones de glifosato; entre ellos tuvieron en cuenta estudios epidemiológicos hechos en humanos, estudios de experimentación con animales y estudios in vitro que se hacen con células.
Como conclusiones de lo visto en los de experimentación con animales y los in vitro, aseguró que el glifosato tiene múltiples efectos en la salud reproductiva. Es decir, abortos, malformaciones congénitas, afectaciones en la salud de los bebés, en la fertilidad de las personas, y efectos transgeneracionales, que puede que no afecten a la primera generación (los hijos), sino a los nietos o a los bisnietos.
5 – Lo ético que se pierde entre líneas
Para Gaviria es fundamental que se dé el debate del principio de precaución –medidas protectoras ante los posibles riesgos graves para la salud o el medioambiente, cuando no hay evidencia científica concluyente–, porque en Colombia no hay ensayos clínicos “en un sentido estricto”, porque nadie puede exponer indiscriminadamente a personas al glifosato, “eso éticamente sería imposible de resolver”, dijo.
Y agrego que lo que le está diciendo el INS, entre líneas, al CNE es algo como:
–’Ahí está la evidencia. No es definitiva. Hay algunos efectos sobre la salud, unos de largo plazo podrían ser preocupantes, pero no tenemos ninguna evidencia para Colombia. Decidan ustedes’.
Lo ético también le preocupó a García y citó la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que se refiere a obligaciones del Estado frente a la población. Dice:
Para él, en definitiva: “si hay un bajo riesgo significa que el riesgo no es nulo, y siempre que exista un riesgo mayor a 0, debe haber un consentimiento de las personas a asumir ese riesgo”.
Incluso, el año pasado el Tribunal Superior de Pasto suspendió de manera provisional la resolución 001 de 2020 del Ministerio del Interior, a través de la cual se negaba la presencia de comunidades étnicas en los territorios que serían asperjados. El argumento de fondo es que si en estos hay comunidades afros o indígenas se tendría que surtir el proceso de consulta previa. El pasado miércoles la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, por medio de una resolución, rebatió la suspensión del Tribunal, lo que podría acercar aún más el reinicio de las fumigaciones.
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El concepto del INS es justo lo que necesita el Ministerio de Salud para emitir un voto positivo en la próxima sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes. En esa instancia el Gobierno del presidente Iván Duque tiene mayorías aseguradas, lo que haría inminente el regreso de las fumigaciones con glifosato.
El pasado 14 de abril el general Hernán Bustamante, director de la Policía Antinarcótico, le dijo a Semana que la base de las fumigaciones se ubicaría en Guaviare, uno de los departamentos avalados por el INS. Sin embargo, persisten algunas dudas: ¿Ya existen los conceptos del INS sobre los otros cinco núcleos geográficos de aspersión? De no existir, ¿la entidad ya está trabajando en estos?
Por ahora, el regreso de la fumigación con glifosato parece inminente. Las comunidades sobre las cuales recaería esta medida estatal se han mostrado en oposición y piden que se impulse el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), creado en el Acuerdo de Paz firmado por el Estado y las Farc, que representó una esperanza para las comunidades rurales que padecieron la lluvia de veneno hace más de una década.
A María Camila la pueden leer acá.
