¿Inundar la memoria para tener energía? Esa es la pregunta que le plantearon las comunidades a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para impedir el llenado del embalse.
En las inmediaciones de Hidroituango, al norte de Antioquia, el Comité Departamental de Gestión de Riesgo decretó una calamidad pública por 30 días. Por la creciente del río Cauca han resultado afectadas por lo menos 600 familias, según la Gobernación de Antioquia. La situación en esta región del país se agravó en los últimos días. El 29 de abril, Empresas Públicas de Medellín (EPM), entidad a cargo del proyecto, informó sobre un taponamiento en uno de los túneles de desviación del río. Por la presión del agua, el túnel colapsó y generó inundaciones en poblaciones aledañas, como Puerto Valdivia.
En medio de la emergencia y con la atención puesta en los planes para paliarla, hay un tema del que poco se ha hablado. Tiene que ver con el llenado del embalse de Hidroituango, donde las comunidades han pedido una pausa en el proyecto para hacer una evaluación del terreno y verificar si en la zona que se va a inundar existen cuerpos de personas desaparecidas víctimas del conflicto armado. Este tema ha llegado a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual le solicitó la semana pasada al gobierno que dialogara con las comunidades para garantizar una búsqueda de las personas desaparecidas. Apenas un dato revela lo trascendental del asunto: desde el año pasado, la Fiscalía ha exhumado 159 cadáveres en el área de afectación de la megaobra.
Rubén Espinosa, líder campesino en Ituango, es uno de los afectados por la inundación de los territorios. “Es muy lamentable lo que se vive con los movimientos sociales en Antioquia. Lo que más me preocupa como víctima es que mi hermano está desaparecido hace 16 años. Se llamaba José Jesús. Sabemos que fue asesinado en el puente Pescadero pero no lo hemos encontrado. Le he pedido a la gobernación que suspenda Hidroituango hasta que todos los desaparecidos del cañón del Río Cauca puedan ser sepultados como se lo merecen, no que queden inundados”, le contó Rubén al portal Hacemos Memoria.
En septiembre de 2017, el Movimiento Ríos Vivos elevó una petición ante el gobierno nacional para que encontrara por lo menos 30 cuerpos de personas desaparecidas en el marco del conflicto que estarían en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico. La directora de esta organización, Isabel Cristina Zuleta, nos contó que acudieron a la CIDH para que evite a toda costa que el embalse se siga llenando: “hace unas semanas el Estado nos dijo que iba a seguir con las exhumaciones, pero ahora no tenemos ninguna garantía. Los comisionados de la CIDH han trabajado como mediadores entre el gobierno y las familias de los desaparecidos, pero todavía no hay un plan de búsqueda. Con la tragedia de este fin de semana es probable que los sitios que teníamos como referencia se hayan perdido”.
De acuerdo con el proyecto Hidroituango, 3.800 hectáreas del cañón del Cauca quedarán bajo el agua del embalse. Aunque es difícil arrojar una cifra sobre el número de desaparecidos, lo cierto es que, de acuerdo con la Unidad de Víctimas, en Ituango han sido reportadas 3.751 personas desaparecidas y, en total, están registradas 16.139 víctimas del conflicto armado. En la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico (Toledo, Briceño e Ituango), hay por lo menos 815 víctimas de desaparición forzada.
En el cañón del río Cauca, donde se desarrolla la obra, los frentes 18 y 36 de las Farc, así como el Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) libraron fuertes confrontaciones armadas, por lo cual existen altas probabilidades de que cuerpos de desaparecidos puedan estar en esta zona. Ante la CIDH, el Movimiento Ríos Vivos señaló que el llenado del embalse vulneraría los derechos de las familias a la verdad, la justicia y la reparación.
La Fiscalía ha reconocido 502 casos de desapariciones forzadas en la zona de influencia del proyecto y ha destacado algunos lugares, como los puentes de Pescadero, Sabanalarga, Peque y el corregimiento de Puerto Valdivia como sitios en donde podrían encontrarse más cuerpos. Además, tomando como referencia los informes del Centro de Memoria Histórica, en la zona de influencia de Hidroituango los paramilitares perpetraron por lo menos 15 masacres entre 1996 y 1998.
Ante esta situación, en diciembre pasado EPM trasladó tres cementerios rurales que inevitablemente quedarían bajo el agua. La Universidad de Antioquia, a cargo de estas exhumaciones, encontró que uno de los cementerios databa de los años cincuenta y otros dos eran contemporáneos. En total han exhumado 283 cuerpos. No obstante, los que están sin identificar son responsabilidad de la Fiscalía.
Por ahora, el tema de la memoria ha sido eclipsado por un proyecto que costó cerca de 5.500 millones de dólares, que creará una represa de 225 metros de altura para generar 2.400 megavatios al año: lo suficiente para dotar el 16 % de la energía del país.
