OPINIÓN | Parece que, en lugar de tener una fuerza policial para proteger la ciudadanía y la convivencia, tenemos un grupo de personas armadas y con autoridad que cree que la muerte es una opción fácil.
Por: Emmanuel Vargas*
Protestar contra la violencia de la Policía es un derecho y un deber. No hacerlo es aceptar que en cualquier momento nos hagan lo mismo que a Javier Ordóñez.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se equivoca al señalar que las críticas y la rabia contra la Policía son una incitación a la violencia. Con sus palabras, el ministro se atribuye el derecho a censurar la rabia y la indignación contra la violencia policial.
Protestar es un derecho y, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es parte del deber ciudadano de proteger la democracia frente a rupturas institucionales. ¿Qué mayor ruptura que ver nuestra seguridad en manos de personas que aceptan la posibilidad de acabar con una vida como respuesta a cualquier insulto o incomodidad?
La incitación a la violencia es una excepción a la libertad de expresión. Ese tipo de discursos no están protegidos porque niegan la democracia y los derechos de otros. Eso no significa que el Estado pueda censurar cualquier ofensa, insulto o desafío. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dice que, para considerar que algo es una incitación a la violencia, tiene que haber “prueba actual, cierta, objetiva y contundente de que la persona no estaba simplemente manifestando una opinión” sino que de verdad buscaba cometer un crimen y tenía la “posibilidad actual, real y efectiva de lograr sus objetivos”.
Decir que todos los policías son bastardos (o All Cops Are Bastards —A.C.A.B.—) puede incomodar al gobierno y puede herir el corazón de algunos de esos servidores, pero forma parte de la libertad de expresión. Hay gente que preferiría que la protesta no se notara, no incomodara, fuera tranquila y encerrada. Pero la naturaleza del derecho a manifestarse, en palabras de la CIDH, abarca tanto las manifestaciones “recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes”, como a las que “ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población por el tipo de reclamo que involucran”.
El ministro y el gobierno parecieran esperar una ciudadanía apendejada y que no alza la voz frente a nada. Internet les parece una herramienta incómoda porque sirve para que la gente se organice y convoque protestas. Holmes manda el mensaje de que debemos cuidar nuestras palabras en internet, no vaya a ser que terminemos en la cárcel por boquisueltos. Ese exceso de prevención frente a la indignación en redes está a pocos pasos de las decisiones del gobierno de la India de apagar el acceso a internet cuando hay protestas incómodas.
Desde hace un tiempo se habla de la protesta como “el primer derecho” porque, según el académico Roberto Gargarella, “nos permite mantener vivos los demás derechos”. En Colombia hay muchos momentos en que este derecho parece el único o el último que queda.
Golpear y electrocutar a una persona hasta la muerte es un crimen para el que se requiere mucha sevicia y arrogancia. Que lo hagan dos policías es aterrador y decepcionante. No sabemos quién ni cómo nos protege. Dejar que eso suceda y no tenga ningún tipo de respuesta, que no cause rabia o indignación, sería renunciar a tener un Estado que nos garantice una vida tranquila.
El ministro usa la palabra ‘violencia’ porque sabe que, legalmente, la protesta solo se protege cuando es pacífica. El problema está en que el gobierno sobreinterprete este término para considerar que los insultos y la rabia son violencia; o que asuma que la violencia por parte de algunos manifestantes es razón suficiente para ponerle la etiqueta a todas las personas en la calle. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dicen que los Estados no deben hacer este tipo de generalizaciones.
Algo que definitivamente es violento es el uso de armas de fuego. Será muy raro el caso en que un policía que esté usando un arma de fuego en medio de una protesta no esté cometiendo un abuso de autoridad. Los policías solo pueden disparar este tipo de armas contra la población civil cuando “no puedan reducir o detener con medios no letales a quienes amenazan la vida o la integridad”. No basta con que se sientan intimidados, con rabia u odio.
El autocontrol y el respeto por la vida como principio básico debería ser parte de su entrenamiento, pero los diferentes videos de policías disparando o colaborando con los disparos de personas vestidas de civil hacen pensar que eso no es así. Parece que, en lugar de tener una fuerza policial para proteger la ciudadanía y la convivencia, tenemos un grupo de personas armadas y con autoridad que cree que la muerte es una opción fácil.
El Estado no le entrega el uniforme y las armas a la Policía para ponerlos por encima del bien y del mal. No existe la licencia para matar, ni para abusar, ni para despreciar la vida o la integridad de la ciudadanía. Es normal sentir miedo y rabia frente a esto y es más que esperable que estos sentimientos terminen en la calle. La protesta forma parte de la democracia, pero estigmatizarla y reprimirla con el exceso de la fuerza es autoritarismo.
* A Emmanuel lo pueden encontrar acá.
