Con la firma de un nuevo protocolo las entidades involucradas esperan garantizar el derecho de miles de jóvenes a no ir a la guerra que los victimizó.
La ley 1448 de 2011 contempla varias medidas de satisfacción para dar garantías de seguridad, tranquilidad y no repetición a las víctimas de la guerra. Una de esas medidas aparece en el artículo 140, que habla de la “exención en la prestación del servicio militar”. El decreto 4800 de 2011, entre el artículo 178 y el 183, define las minucias de ese derecho.
El pasado miércoles, a cuatro años de la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas, en una modesta ceremonia en el Comando del Ejército en Bogotá, se firmó un protocolo que exime a las víctimas del conflicto armado de la obligación de prestar el servicio militar, así como de pagar la cuota de compensación que se les cobra a quienes no quieren entrar a la Fuerza Pública.
Al evento asistieron el general Alberto José Mejía, comandante del Ejército, el general Jorge Eliécer Suárez, jefe de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército, Iris Marín, subdirectora de la Unidad de Víctimas, y Aníbal Fernández, viceministro de Defensa. Los cuatro hablaron de la importancia de firmar ese protocolo para evitar la posible revictimización de quienes sufrieron en carne propia el conflicto. “Que quienes han sido víctimas de la guerra no se vean en la obligación de participar en ella”, dijo la subdirectora de la Unidad de Víctimas.
Lo que firmaron consta de tres puntos. El primero y esencial es que los jóvenes que estén registrados como víctimas del conflicto no están obligados a prestar servicio militar y deben recibir la libreta sin pagar cuota de compensación. El segundo es que quienes “por error” o por desinformación estén prestando servicio, pese a estar registrados como víctimas, puedan presentar un derecho de petición y ser desvinculados en los quince días siguientes. El tercero es que se debe optimizar el intercambio de información entre las instituciones para que en el Ejército pueda verificar la condición de víctima de quien lo solicite.
El protocolo, sin embargo, no es asunto nuevo, y tampoco lo son la mayoría de las medidas que contempla. Ante la pregunta obvia, ¿por qué firmar en 2015 un protocolo que explique un derecho que ya existía en 2011?, la respuesta fue que el artículo 140 de la ley 1448 da unas pinceladas generales, pero este protocolo ajusta la parte operativa, que no estaba funcionando de manera óptima. Es decir: no se estaba respetando el derecho de las víctimas. La razón, al parecer, es que faltaba comunicación entre las partes implicadas. Los encargados del reclutamiento no tenían acceso total o suficiente a las bases de datos del Registro Único de Víctimas.
En la Unidad de Victimas dicen que, incluso con las carencias que había en la aplicación de la ley, en el pasado ya se tramitaron 6.000 libretas militares a través de ese derecho. Pero reconocen que han sido pocas, en comparación con el número de jóvenes que podrían requerirlas. Iris Marín dijo que entre un 15 y un 20% de los registrados como víctimas en el RUV son menores de edad y eventualmente clasificarían en esa categoría. El resultado de esa cuenta está alrededor de un millón de personas.
Entre 2011 y 2013, más de 300 mil jóvenes prestaron servicio militar en todo el país. Una cuenta imprecisa, basada en que más o menos el 15% de la población colombiana está registrada como víctima, podría dar a pensar que un porcentaje similar de esos 300 mil jóvenes fue vinculado a la Fuerza Pública pasando por encima del derecho que los exime. Serían cerca de 45 mil jóvenes. Es una cuenta aproximada y la cifra podría ser mucho menor. Pero también podría ser mayor, considerando que el 80% de los jóvenes que prestan servicio están entre el estrato 0 y el 2, a los que también pertenecen la mayoría de las víctimas.
El general Suárez, jefe de Reclutamiento, niega toda la hipótesis anterior y dice que son mínimos los casos en que “han vinculado por error”, y agrega que ellos son muy rigurosos cuando se trata de verificar si el joven es víctima. Recuerda, además, que ya existía la posibilidad de radicar un derecho de petición para solicitar la desincorporación.
Pero la ley, al parecer, se la han saltado tantas veces que este es el segundo protocolo que se firma sobre el mismo tema. Ya en 2013, la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, y el director de Reclutamiento, coronel Juan Carlos Mejía, habían firmado un documento muy similar, si no idéntico al de hace dos días. El protocolo de 2013, además de lo que se dijo en la ceremonia del miércoles, hacía un gran énfasis en la necesidad de que los mismos encargados del reclutamiento orientaran a los jóvenes sobre ese derecho. Una fuente de la Unidad de Víctimas, sin embargo, dijo que una de las fallas que se venían presentando era que el Ejército hacía batidas y no se tomaba la molestia de revisar si los jóvenes que recogía estaban inscritos en el RUV.
Una ley, un decreto y dos protocolos se han necesitado hasta el momento para llamar la atención sobre el derecho que tienen las víctimas a no prestar servicio militar ni pagar cuota de compensación si no quieren hacerlo. Quienes firmaron el último documento se mostraron optimistas con que esta vez sí será. La Unidad de Víctimas confía en que su labor para depurar y precisar los registros sea de gran ayuda. El Ejército se compromete a capacitar a sus hombres para que conozcan y apliquen la ley. El general Suárez dice que para este año ya tienen en estudio 30 mil solicitudes para entregar libretas. Por el momento, de manera simbólica, al final de la ceremonia entregaron las primeras cuatro.
