Además de los enfrentamientos entre los grupos armados, este pueblo soportó el racismo, el rechazo y el olvido. Sus líderes contaron cómo resistieron a la guerra en un encuentro de la Comisión de la Verdad.
El 2 de mayo de 2002, hace 18 años, las antiguas Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia se enfrentaron en la cabecera del municipio de Bojayá (Chocó). La población quedó en medio de esa confrontación. Asustados por las balas, los bojaseños buscaron refugio en la iglesia. Las Farc creyó que los paramilitares se escondían allí y lanzaron indiscriminadamente cilindros bomba. En ese ataque murieron 79 personas y hubo al menos un centenar de heridos. Todos eran del pueblo negro.
Esta tragedia, uno de los episodios más violentos de la historia reciente del país, sirve para explicar cómo el conflicto armado se adentró en los territorios negros y los puso en medio de la guerra. Según la Unidad de Víctimas, hasta octubre de este año, 1.144.486 personas que se identifican como afrocolombianas, palenqueras y raizales están registradas como víctimas del conflicto. Esto significa que uno de cada tres afrocolombianos resultó afectado por la guerra de alguna manera.
“Si yo viví lo que viví por culpa de un grupo armado, a mí me dolería mucho que mi hijo cayera también a un grupo armado, el que sea. Porque yo pienso y digo: nosotras no parimos hijos para la guerra”: testimonio de una mujer de Buenos Aires, Cauca.
El pasado viernes tuvo lugar el Reconocimiento de la verdad del pueblo negro, afrocolombiano, palenquero y raizal: hechos e impactos del conflicto armado, aportes a la construcción de paz y nación, organizado por la Comisión de la Verdad. El evento, que se celebró en el Museo Histórico de Cartagena, fue dirigido por el líder social y comisionado de la Verdad Leyner Palacios. “Hoy es meritorio y necesario hacer un alto en el camino para reconocer ese gran dolor y sufrimiento de ese conflicto armado, que ha estado marcado por el racismo y la discriminación”.
Los difíciles años que han sufrido las comunidades del pueblo negro a causa del conflicto armado las convirtieron en un actor clave en las negociaciones de La Habana. Organizaciones afro participaron en la creación del capítulo étnico del Acuerdo de paz.
El racismo y la discriminación intensificaron la violencia en contra del pueblo negro, aunque no son fenómenos que aparecieron con el conflicto armado. Recordemos que el rechazo a este pueblo viene desde hace siglos. Incluso, cuando se abolió la esclavitud en Colombia, tras la Independencia, los esclavistas recibieron indemnizaciones por liberar a sus esclavos. En cambio, los afro no recibieron dinero.
El presidente de la Comisión, el padre Francisco de Roux, reconoció ese racismo sistemático e histórico. “Su palabra (la del pueblo negro) se ha considerado menos importante y la han incumplido porque piensan que lo pactado con ustedes es pactado con seres inferiores, con ciudadanos de segunda clase”, reflexionó.
Los grupos armados se adentraron en los territorios afro a mediados de los años sesenta del siglo pasado. Pero ese impacto se notó más en los noventa, cuando se asentaron en los territorios. En 1996 las Farc llegaron a Tumaco y Barbacoas, en Nariño, y se tomaron esas poblaciones. Un año después, los paramilitares se establecieron en la región Pacífica. La presencia de estos grupos llegó en compañía del narcotráfico, irrespetando así las tradiciones y las formas de vida de las comunidades.
Por otra parte, desde la Colonia, el pueblo nero ha buscado reivindicación y autonomía. El precedente lo marcaron los cimarrones, quienes en 1691 lograron por decreto real la autonomía de San Basilio de Palenque. Siglos después, en los años treinta del siglo XX, se conformó el Movimiento Acción Democrática en el Chocó y en los cuarenta hubo movilizaciones estudiantiles que buscaban la reivindicación de este pueblo. En la actualidad, uno de los principales movimientos de resistencia es la Guardia Cimarrona.
En 1990, los líderes del pueblo negro organizaron el Congreso Preconstituyente de Comunidades Negras y un año después participaron en la elaboración de la Constituyente de 1991. Cuatro años más adelante, en 1995, fue expedido el decreto 1745, por medio del cual se reglamenta el Capítulo III de la Ley 70 de 1993. Es decir, reconocieron su derecho a la propiedad colectiva de tierras. Sin embargo, y como suele pasar con muchas leyes en el país, no se ha garantizado su cumplimiento.
Entre los episodios de violencia que tuvieron como objetivo al pueblo negro, la Comisión subrayó la Operación Génesis en Cacarica, Chocó, que tuvo lugar en febrero de 1997. Allí el Ejército se alió con paramilitares y asesinaron a Marino López, un líder de ese municipio. Este crimen generó el desplazamiento forzado de cientos de personas que vivían al margen del río Cacarica. Años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por este hecho.
Con los procesos de desmovilización de varios grupos armados de los últimos años, principalmente las Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia, los territorios negros vieron una oportunidad para por fin vivir en paz. Sin embargo, los grupos residuales y disidentes ahora se disputan esos territorios.
Así como ocurrió con las Farc, los Gobiernos habían entablado procesos de dejación de armas e reincorporación con los paramilitares. Sin embargo, frente a la ausencia del Estado en los territorios, particularmente donde las comunidades negras están asentadas, los grupos armados y las disidencias de los grupos desmovilizados se han fortalecido en los últimos años. Por este motivo es que los embates del conflicto contra la población negra son aún una realidad vigente. Tan solo en 2017 la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento reportó a 77 líderes afro asesinados.
“El Estado tiene una visión de desarrollo pensada desde el saqueo”: Leyner Palacios
Durante el encuentro, en los actos de reconocimiento, se sumó Wilson Antonio Chaverra, quien fue alcalde de Vigía del Fuerte (Antioquia) entre 1995 y 1997. Al menos el 90 por ciento de los habitantes de ese municipio son afrocolombianos. Chaverra contó que le pidió ayuda a las Autodefensas Unidas de Colombia para librarse de las Farc en ese territorio, esto debido a la débil presencia del Estado. En 2018, la Fiscalía le imputó el cargo de concierto para delinquir por haber financiado grupos paramilitares. “Ese remedio fue peor que la enfermedad”.
Por parte de las Farc se pronunció Pastor Alape, quien pidió perdón en nombre de la antigua guerrilla por las atrocidades de Bojayá. Rodrigo Londoño se sumó a ese perdón y reconoció que hubo un irrespeto hacia las autoridades étnicas. “Pensamos que la guerra era echar para adelante, tratando de destruir al Estado. Pero nos olvidamos de esas comunidades, de su cultura, de sus costumbres y de su misma posición”.
El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso se pronunció sobre los crímenes de las Autodefensas en Mampuján, un municipio de la región de Montes de María. En marzo del 2000, hombres armados con listas en mano preguntaron por unas personas y al no encontrarlas empezaron a matar civiles. 12 inocentes fueron asesinados. “Los crímenes que cometimos las Autodefensas bajo mi mando son crímenes de Estado”, reconoció Mancuso.
