OPINIÓN | Primera entrega de la columna 'La mata que da paz' de nuestro Proyecto Coca. Por Isabel Pereira, de Dejusticia
“¿Qué es la coca para mí? La coca es la educación de mis hijos,
con lo que pago sus cuadernos, la ropa que visto, los costos de ir al puesto de salud,
que hace años está abandonado en mi vereda. Eso es la coca para mí.”
Campesino de Guaviare, Marzo 2017
Mi llegada a San José del Guaviare fue la primera parada en el camino al caserío La Paz. Había aterrizado el día anterior, pues estaba invitada a observar la reunión de campesinos cultivadores de hoja de coca que se celebraría en ese lugar el 23 y 24 de marzo.
Este caserío, a tres horas de camino desde San José, ubicado en la Reserva Nacional Natural Nukak, es hoy un epicentro de las promesas de la implementación del acuerdo de paz que firmaron el gobierno y las Farc. Allí acecha la disidencia del frente primero de las Farc.
Territorios como este cuentan la historia de la presencia guerrillera, de los campamentos donde estaban los secuestrados en los años mas oscuros de la guerra y de la bonanza cocalera que se consolidó en economía regional. Quería conocer los procesos de concertación y negociación entre el gobierno y estas comunidades de las veredas cercanas a los municipios de El Retorno y San José. Quería saber en qué iba la paz para las comunidades que por décadas han vivido en los límites difusos entre el Estado e las insurgencias.
Estaban convocados los actores clave del gobierno encargados de la implementación de los acuerdos en los territorios: el ministerio del Posconflicto y su Dirección de Lucha Contra las Drogas, la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Renovación del Territorio. Los campesinos estaban esperanzados por el hecho de que llegaran tantas autoridades civiles a hablar de desarrollo, planes de vida, escuelas, puestos de salud y carreteras. A hablar de los intangibles de la paz, más allá de la desmovilización de los guerrilleros y su tránsito a la vida civil.
El pasado miércoles 22 de marzo en la noche todo era expectativa. Pero el jueves en la mañana pasamos de la esperanza a la decepción.
Supimos que el día anterior la Policía Antinarcóticos había llegado con helicópteros a la vereda Mesa de La Lindosa, una de las 24 veredas convocadas a la reunión en La Paz. Los campesinos resistían el ingreso de grupos de erradicadores, les insistían que al día siguiente se reunirían con el gobierno para negociar y concertar los planes de sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos y demás compromisos del acuerdo de paz. Los policías, indiferentes a esa paz de la que les hablaban y únicamente concentrados en sus metas de erradicación, atropellaron a los campesinos con la fuerza, ejerciendo el mando que creen suyo por portar uniformes y armas.
Los líderes de las asociaciones de campesinos trabajadores llegaron al casco urbano de San José, la capital del departamento de Guaviare, para comunicarle al gobierno que la reunión se cancelaba. Para ellos era imperioso insistir en que no hay garantías para el diálogo y la concertación si el gobierno incumple los acuerdos de paz, si traiciona una vez más la confianza de los ciudadanos.
Pero esta coincidencia de hechos genera suspicacia. ¿Es acaso posible que la Policía Antinarcóticos no estuviera enterada de la reunión en La Paz, cuando en estos eventos se aplican los protocolos de seguridad para la participación del gobierno?
Inmersos en la esquizofrenia
Para aprovechar mi tiempo en San José, en medio de la frustración y la tristeza por la oportunidad perdida para estas comunidades, decidí hablar con un miembro de la Policía Antinarcóticos y encontré mensajes confusos sobre su papel en el proceso de paz.
Me dijo que para ellos es mejor no tener que entrar a erradicar porque es un trabajo duro, y me mostró el mapa que, actualizado cada día, les mostraba las zonas a las que podían entrar y a las que no. Las zonas “bloqueadas” para la policía son aquellas que ya han firmado acuerdos del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, pactado en La Habana. Las zonas “no bloqueadas” son aquellas que aún no lo han hecho. En estricto sentido, la Policía Antinarcóticos podía entrar a Mesa de la Lindosa el 23 de marzo, pues no había un acuerdo firmado.
¿Qué hay detrás de estos sucesos de aparente descoordinación institucional? Sería ingenuo creer que solo son quiebres en la comunicación. Y sin embargo, los funcionarios y las personas de la sociedad civil con las que hablé se mostraban a favor de la paz, de una implementación amplia e incluyente y de los beneficios que traería la participación con enfoque territorial. ¿En qué suerte de esquizofrenia estamos inmersos, cuando a un campesino lo ultraja la policía un día y al siguiente el gobierno le promete negociación?
Algunas personas podrían concluir de la experiencia que viví que no se trata de una coincidencia y que por lo menos en este caso habría una apuesta calculada para presionar a los campesinos a bajar sus exigencias sobre el desarrollo rural en los escenarios de negociación. La participación amplia e incluyente es costosa, toma tiempo y no siempre conduce a consensos satisfactorios. En cambio, la imposición disfrazada de participación es un cómodo camino corto.
Al tomar el camino corto, el gobierno apuntaría por hacerles a las comunidades una propuesta que deben aceptar o rechazar: subsidios por un año y apoyos para proyectos productivos en dos entregas, a cambio de la erradicación total de sus plantas.
¿Qué hay de malo en eso? Lo malo es que es solamente eso. En cambio, las necesidades del campo y en particular de esta periferia rural son mucho más que eso: son las carreteras, para que los costos de transportar los productos agrícolas sean razonables; son los servicios sociales como la salud y la educación, para que los campesinos no deban sacar de su bolsillo para todo; son las cosas que ahí, en Guaviare, solo ha dado la coca. Son las cosas que ahora debería dar la paz.
Cosas que solo ha dado la coca. Cosas que ahora debería dar la paz
Pero, entonces, si la amenaza de la erradicación forzada está respirándoles a los campesinos en la nuca, el camino largo de la negociación para abordar todo aquello que quedó en el acuerdo de paz se hace inviable. Los campesinos se preguntan: ¿Cuál será mi sustento después de que la policía arranque todas mis matas? ¿Con qué pago la comida, los útiles del colegio, los medicamentos en caso de necesitarlos? Llega entonces la oferta del gobierno, el camino corto, y habrá quienes cedan ante el miedo de la escasez.
A pesar de los hechos de La Paz, los campesinos en San José se sentaron con el gobierno para recordarle que en La Habana no solo se acordó el número de hectáreas a erradicar, sino también los medios para que ello sea posible y sostenible, para alcanzar esa paz “estable y duradera” que pregona el acuerdo final. En esa conversación concertaron una nueva fecha para la reunión, que yo había pensado insalvable. Tras décadas de promesas incumplidas, pensé imposible que los campesinos pudieran dar un salto de fe con el gobierno, una vez más, con la incertidumbre de los erradicadores y sus armas.
Albergo una esperanza medida de ver como realidad la posibilidad transformadora de la paz. Los campesinos están listos, dispuestos y convencidos. Las necesidades apremian y la presión de la disidencia de las Farc y de nuevos grupos delictivos no da espera. El problema es que la esperanza depende de un gobierno que se preocupa más por mostrarle al mundo que ha arrancado muchas matas de coca, que por resolver el problema de la pobreza rural en las periferias de pueblos como La Paz. Habrá que insistir, sin tregua, en que primero va la reforma rural integral antes que cualquier esfuerzo de erradicación, para que podamos transitar y finalmente llegar a la paz.
*Investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia
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