Rubiela Sánchez Vanegas y Gerson Acosta Salazar fueron asesinados por encapuchados en Antioquia y Cauca, respectivamente.
Sigue la tragedia. Este miércoles a las 4 y 40 de la tarde llegó sin vida al hospital de Timbío, en el Cauca, Gerson Acosta, el gobernador del cabildo indígena Kite Kiwe de la vereda La Laguna de este municipio. Según información preliminar, Acosta fue asesinado cuando “salia de una reunión de su comunidad, y un sicario le disparo en repetidas ocasiones. La comunidad lo auxilio, lo trasladó de urgencia a hospital cercano pero llego sin signos vitales”. El líder tenía medidas de protección de la UNP tipo uno. Es decir, escoltas.
De acuerdo con un comunicado de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, “la Comunidad de Kite Kiwe inspecciona la zona y tiene en custodia a un posible sospechoso. Consejería de ACIN nos pide alertar a toda la zona y sus estructuras”. Las autoridades todavía no se han manifestado al respecto.
¡Pacifista! pudo conocer por una fuente en el lugar que “hay un comunero retenido por la Guardia Indígena a quien se le encontró la funda del arma con la cual al parecer fue perpetrado el crimen. Es de anotar que este comunero retenido pertenece a esté resguardo y que en ocasiones anteriores, según lo manifiesta la comunidad, había amenazado a Gerson y otras personas de este lugar”.
El martes por la mañana, cuando volvía a su casa de llevar leche al camión recolector, hombres encapuchados mataron a Rubiela. Ella era líder comunitaria de un pequeño pueblo antioqueño llamado San Vicente Ferrer, se había lanzado al consejo municipal y hacía parte la asociación de mujeres del lugar.
Dejó cuatro hijos, era una “mujer campesina, luchadora, sola, le había tocado batallar para salir adelante”, según sus compañeras y se convirtió, por desgracia, en la víctima número 30 de los líderes asesinados en el país desde el 1 de diciembre de 2016, día en que empezó la implementación de los acuerdos de paz.
La violencia contra estos miembros de partidos políticos y movimientos sociales se ha salido de control. Cada cuatro días matan a un dirigente en Colombia y a pesar de los esfuerzos de la institucionalidad, los “enemigos del proceso de paz”, como dice el Alto Comisionado Sergio Jaramillo, siguen ganando: han matado miembros de cabildos indígenas en el Cauca, dirigentes gremiales en Antioquia, sindicalistas en Putumayo y hasta líderes comunales en Bogotá. Por ahora, nadie responde.
Los asesinan por su trabajo político, porque son los que defienden el derecho a la tierra, luchan contra economías ilegales como la minería y el narcotráfico, han formado procesos organizativos indígenas y campesinos, hacen parte de asociaciones de izquierda como Fensuagro, Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos o la Unión Patriótica.
Por su parte, el ministro de Defensa insiste que el paramilitarismo, enemigo histórico de esas asociaciones, no existe y que por tanto no se les puede culpar por estos crímenes. Además, ha señalado que estos hechos violentos no son sistemáticos y que el liderazgo de los dirigentes no es la única por la que los han matado.
Sin embargo, la vicefiscal María Paulina Riveros reconoció hace menos de un mes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dijo la justicia “desconoce” la “función social” de los defensores de derechos humanos y el papel que juega la sociedad civil en la defensa de esos derechos. Además, admitió que los investigadores tienen dificultades para acceder a la escena del crimen, para recolectar pruebas y para investigar a los responsables. Al final, aceptó que la Fiscalía tiene un serio problema de coordinación interna que le ha impedido adelantar las pesquisas con eficiencia.
Por esta razón, el vicepresidente Óscar Naranjo reunió el 12 de abril a más de 50 líderes sociales para decirles que cuenten con él “como el articulador del Gobierno para superar estos problemas”. El gobierno sabe que tiene que parar esta tragedia, que los líderes sociales son los dinamizadores regionales de la implementación de la paz, y que la muerte de ellos es un balazo al proceso con las Farc y al posconflicto.
El Centro de Memoria Histórica habla de un intento por desarticular cualquier posible organización de movimientos que pongan en peligro el stato quo, Indepaz asegura que existe un incipiente rearme paramilitar y que la violencia contra los líderes sociales es su expresión más palpable. Todos, desde la sociedad civil, están muy preocupados por la situación.
Mientras tanto, los movimientos sociales culpan a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o a las Águilas Negras por los crímenes. También tienen que soportar panfletos, grafitis amenazantes y cartas que les advierten que los van a matar si siguen trabajando por sus comunidades. Son las nuevas víctimas de un país que debería hacer una transición estable, duradera y sobretodo pacífica, hacia la paz.
