OPINIÓN | Cualquier régimen que no quiera ser considerado como autoritario debe entender a la ciudadanía como gente que delibera, participa y ejerce control social.
Por: Emmanuel Vargas Penagos
Cuando no ha sido con desdén, el gobierno ha actuado con violencia. Los señalamientos, generalizaciones y el uso excesivo de la fuerza son evidencia de un gobierno que ve la protesta como un estorbo y no como un derecho fundamental.
La crítica es un derecho. No importa si es exagerada, chocante u ofensiva. Las quejas de la ciudadanía no tienen que ser amables o pasar por revisiones de qué tan constructivas son.
Las democracias no exigen ciudadanos ejemplares que se limiten a agradecerle al Estado por lo poco que da y a perdonar indiscriminadamente los errores de los gobernantes. Cualquier régimen que no quiera ser considerado como autoritario debe entender a la ciudadanía como gente que delibera, participa y ejerce control social.
Ya es bien sabido que Dilan Cruz fue asesinado por el disparo de un agente del ESMAD con “un arma de fuego tipo escopeta calibre 12”. También se sabe que esto pasa incluso después de que el Consejo de Estado condenara a la Policía por el uso excesivo de la fuerza al disparar contra Johny Silva en 2005 y que la Corte Suprema tumbara el preacuerdo que beneficiaba al agente del ESMAD que disparó contra la cabeza de Nicolás Neira en ese mismo año. Esto sería suficiente para que Duque se sentara hablar sobre la continuidad del ESMAD y sobre cómo se está garantizando el derecho a la protesta en Colombia. Lamentablemente, el presidente actúa como si lo sucedido fuera solo un pequeño impase que se resuelve con sus tweets de condolencia proforma y una conversación nacional con cara de monólogo.
Cualquier régimen que no quiera ser considerado como autoritario debe entender a la ciudadanía como gente que delibera, participa y ejerce control social
El hecho de que la protesta sea un derecho fundamental implica que los Estados tengan cuidado al aplicar cualquier restricción. El Relator de las Naciones Unidas para estos temas ha explicado que, cuando las autoridades permiten un ambiente adecuado para la protesta, la gente tiene la capacidad de formar el debate público y contribuir en las decisiones del gobierno. Ese mismo relator, junto con el de ejecuciones extrajudiciales, ha hablado de algunos principios sobre cómo debe actuar el Estado frente a las manifestaciones. Lo mínimo sería que el gobierno abriera la discusión sobre hasta qué punto se están cumpliendo estos y otros estándares internacionales y qué se debe hacer para mejorar.
Por ejemplo, la colección de videos del asesinato de Dilan es suficiente para preguntarse si se cumple con el principio de necesidad y proporcionalidad que, según los relatores, aplica frente a “todo tipo de fuerza, incluida la potencialmente letal”.
Dilan estaba lo suficientemente lejos de los agentes para no ser un peligro, pero lo suficientemente cerca para que un arma como la usada por el ESMAD pusiera en riesgo su vida. Hay protocolos que prohíben disparar a menos de 40 metros y a la cabeza. Cualquier persona razonable y con un mínimo de aprecio por la vida ajena se abstendría de disparar en la forma en que lo hizo el agente del ESMAD. Este caso sería suficiente para que cualquier gobierno razonable prohíba o suspenda el uso de estas armas. Los relatores dicen que ese principio de “necesidad y proporcionalidad” implica que las armas de fuego solo puedan usarse ante peligros inminentes contra la vida del agente y siempre debe buscarse otro tipo de alternativa.
Asesinar a un manifestante o ser tan negligente para poner en riesgo la vida de alguien es absolutamente innecesario y desproporcionado
Asesinar a un manifestante o ser tan negligente para poner en riesgo la vida de alguien es absolutamente innecesario y desproporcionado. También es excesivamente macabro. Es elegir la muerte del interlocutor crítico en lugar de una verdadera conversación. Un efecto obvio no es solo silenciar a un manifestante para siempre, si no infundir miedo en los demás. Aunque hay muchas personas que siguen protestando más allá del temor que siembran este tipo de hechos, hay otros que podrán terminar disuadidos.
Esta técnica ha funcionado en el pasado, como en la masacre de estudiantes que protestaban por el asesinato del estudiante Uriel Gutierrez en 1954. Este grupo de manifestantes buscaba el diálogo con el gobierno de Rojas Pinilla y encontró las balas del ejército. Estos hechos y muchos otros a lo largo de la historia colombiana sirvieron para que la gente temiera o rechazara la protesta.
Internet y el celular cambian las reglas del juego. Lo sucedido en los últimos días muestra que la cara de la sociedad frente a la protesta cambió. La gente tiene más herramientas para cuidarse, organizarse y compartir. Por eso es que algunos gobiernos autoritarios bloquean Internet durante protestas. Seguro hay poderosos tentados con copiar este tipo de abusos en Colombia, pero nuestra constitución nos protege. Las cacerolas deben seguir sonando y los celulares grabando hasta que la respuesta no sea la violencia y el desdén.
@EmmanuelVP
