El Cartel de Sinaloa estaría financiando a las disidencias de las Farc para que controlen los cultivos de coca y marihuana.
En la tarde del martes 29 de octubre, la disidencia del frente 6 de las Farc asesinó a cinco indígenas en el resguardo nasa de Tacueyó, Cauca. Entre las personas asesinadas está Cristina Batusta, autoridad indígena en el resguardo. Era una noticia anunciada: en días pasados la comunidad ya había alertado por la incursión de la columna Dagoberto Ramos –disidencia de las Farc- en la zona. De hecho, las disidencias habían atentado (en vano) contra otro miembro de la comunidad, el comunero Crescencio Peteche Mensa. Los armados interceptaron el carro en el que iba pero Peteche alcanzó a escapar antes de los disparos. Asimismo, en la noche del lunes, una camioneta tumbó la barricada que tenían los guardias indígenas para proteger la zona. Al parecer, era la misma camioneta con la que intentaron atentar contra Cresencio Peteche.
Luego de que Cresencio Peteche hubiera escapado de la emboscada, la comunidad dice que las disidencias entraron a la zona donde se encontraba Peteche, junto con otros indígenas que le estaban dando auxilio, y empezaron a disparar indiscriminadamente.
Entre los muertos están, además de Cristina Batusta, Asdruval Cayapu, Eliodoro Inscué, Jose Gerardo Soto y James Wilfredo Soto.
Un día antes de la masacre, el lunes, Cristina Batusta había alertado a través de un mensaje de whatsapp el riesgo que corrían en el resguardo por la presencia de las disidencias. No hubo respuestas.
Después de la masacre, el gobierno de Iván Duque anuncio la militarización de la región. El presidente Iván Duque, como lo prometieron Santos y Uribe en el pasado, dijo que con las fuerzas armadas iban a “recuperar el control del territorio, cerrar las rutas del narcotráfico y desmantelar esas organizaciones”. Se trasladarán a la zona 2.500 integrantes de la fuerza pública, agregó. Después de que Duque hiciera el anuncio hablamos con un líder indígena de la región, quien nos dijo lo siguiente: “Acá nos ataca tanto la guerrilla como el Ejército. Que manden militares incluso puede ser peor porque quedamos en la mitad de nuevos enfrentamientos”.
¿Qué hay detrás de los hechos ocurridos a comienzos de semana en el Norte del Cauca?
Disidencias y carteles
Según un informe publicado recientemente por la Fiscalía, que da cuenta del panorama de las disidencias de las Farc y sus lugares de influencia, los departamentos de Cauca y Valle del Cauca son “una bomba de tiempo”. La Fiscalía ha identificado a ocho estructuras de disidentes que, sumadas todas, dan cerca de 250 hombres que se movilizan por esa zona y que han hecho control territorial por donde solía estar el frente 40 de las Farc. Esta zona es muy apetecida por ser un corredor estratégico hacia el Pacífico, por donde despachan la droga. Pero también porque ha aumentado considerablemente el número de hectáreas de coca sembrada que sirve para enriquecer el negocio del narcotráfico.
En el norte del Cauca, después de la firma del Acuerdo de Paz, se fortaleció la disidencia del frente 6 de las Farc, que pasó de tener 40 integrantes a más de 100. En esta zona también entraron en disputa las guerrillas del ELN y el EPL. Estos enfrentamientos, como lo contaba la FIP, no es menor: “La disputa por los corredores estratégicos que se forjan desde el norte del Cauca y el sur del Valle (Jamundí) hacia el río Naya y su desembocadura en el Pacífico, han generado una ola de enfrentamientos en las primeras semanas de 2019 entre el EPL y las disidencias. Las comunidades de Corinto y Toribío han sido las principales afectadas”.
En materia de reincorporación, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) señaló en un informe reciente que “tras el primer año del proceso de dejación de armas, buena parte de los excombatientes de los tres ETCR del norte del Cauca ya no habitaban estos espacios. A marzo de 2018 permanecían menos de la mitad de los excombatientes que ingresaron”. Un efecto colateral de este conflicto ha sido la violencia contra ex combatientes de las Farc. Agrega la FIP que hasta finales de 2018, en el norte del Cauca se presentaron “15 agresiones a excombatientes, de las cuales 12 fueron homicidios, 2 agresiones a familiares y 1 tentativa de homicidios”.
En el norte del Cauca la situación también se ha complejizado por la poca legitimidad que tiene la Fuerza Pública en el territorio. Las comunidades afro e indígenas han buscado desligarse del control de grupos armados a través de guardias propias. Por eso, los grupos armados han intentado atacar de frente a los consejos comunitarios y a los resguardos indígenas por representar la autoridad en el territorio. Organizaciones como la ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca) denunciaron en 2018, por ejemplo, que las disidencias de las Farc estaban atacando a la población para demostrar su poderío militar y hacerse con el control del territorio. Estas disidencias, que provienen de los frentes 6 y 30, y de las columnas móviles Miler Perdomo y Jacobo Arenas, han perseguido y amenazado a los excombatientes exfarc.
A estos grupos armados se suma, como lo dijo la Defensoría del Pueblo en una alerta de 2018, los grupos desmovilizados del paramilitarismo: estos “vienen realizando amenazas e intimidaciones mediante panfletos y llamadas telefónicas, a líderes y lideresas y autoridades étnicas, especialmente contra aquellos que llevan procesos relacionados con la reclamación de tierras y /o «liberación de la madre tierra», contra los que están adelantando resistencia frente al avance de minería en sus territorios, o promoviendo y apoyando los puntos 1 y 4 del Acuerdo Final, especialmente el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS”.
Existe otra versión que señala que el gobierno ha “inflado” a las disidencias de las Farc, cuando en realidad en el Cauca y en otros departamentos, como Nariño y Norte de Santander, están operando los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación a través de grupos armados satélite para controlar los cultivos de uso ilícito. En agosto pasado, el Ejército y la Policía dijeron que en el norte del Cauca estaba operando un grupo llamado ‘Juan Martínez’, que estaría siendo financiado directamente por los carteles mexicanos. Este grupo, supuestamente, está en guerra con las estructuras del ELN y el EPL y han amenazado a las comunidades indígenas para hacerse con el control del territorio.En ese entonces, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo que en el Cauca “hay presencia de carteles extranjeros que están buscando unos corredores hacia el Pacífico para cargar la droga en diferentes modalidades”.
La marihuana y la coca
La historia del conflicto en el Cauca ha estado íntimamente ligada a los cultivos de uso ilícito. En el Cauca, por ejemplo, las hectáreas de coca pasaron de 12.595 a 17.117 entre 2016 y 2018, según el monitoreo que hace Naciones Unidas. La mayoría de hectáreas de coca se cultivan en el sur del departamento, mientras que en el norte son más rentables los cultivos de marihuana. Con la salida de las Farc, en el Cauca se ha configurado una nueva guerra en la que están presentes los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal. Es justo en este departamento donde desde décadas se los grupos armados (hoy se habla incluso del cartel de Sinaloa) se disputan las rutas de tráfico de drogas y armas.
En el norte del Cauca, donde ocurrió la masacre, existe una zona llamada el “triángulo de oro”, de 100.000 hectáreas en el área de influencia de Miranda, Corinto y Toribío. Allí, donde la principal fuente de subsistencia fueron durante años los cultivos de coca, ha crecido un “boom” de marihuana. En estas zonas, según cálculos del gobierno, cada familia puede sembrar hasta 2.000 matas de marihuana. Fue justamente en esta región donde fue asesinada el año pasado Mónica Blanco, guía turística argentina que promocionaba los tours de cannabis. Las investigaciones oficiales señalan que fue asesinada por disidentes de las Farc. Según información de la Policía, en el país existen alrededor de 240 hectáreas de marihuana, una cifra que parece irrisoria frente a las casi 200.000 hectáreas de coca. Sin embargo, con cuatro cosechas por año de marihuana se pueden generar 1.000 toneladas de marihuana.
Los municipios que hacen parte de este “triángulo de oro” están priorizados en los Acuerdos de Paz como territorios a intervenir de manera urgente y prioritaria. Sin embargo, las organizaciones indígenas, campesinas y afro han denunciado constantemente un accionar militar y no medidas de fondo para combatir objetivos específicos: como la ausencia de servicios públicos o la deserción escolar.
El Programa de Sustitución de Cultivos (PNIS), que ha sido una promesa para salir del conflicto en el Cauca, ha fracasado en su misión. Como señala la FIP, “de los municipios del norte solo Miranda se encuentra vinculado al PNIS y para 2016, previo al inicio del programa, contaba solamente con 5.98 hectáreas de coca. Para la misma fecha el Cauca sumaba 12.595 hectáreas de coca y solo 4 municipios del norte registraban cultivos (Buenos Aires, Caloto, Corinto y Miranda) con un total de 73.35 hectáreas”.
