El gobierno presentará ante el Congreso el proyecto que, entre otras, pretende combatir la compra de votos y acabar el Consejo Nacional Electoral.
Este miércoles, el gobierno radicará en el Congreso el proyecto de acto legislativo que promete reformar la política colombiana. Se trata de la iniciativa que, de ser aprobada por la vía del fast track, le dará vía libre a la implementación de buena parte del acuerdo de participación política que el gobierno y las Farc pactaron en La Habana.
El proyecto, que fue concertado con todos los partidos políticos, a excepción del Centro Democrático, fue socializado este martes en la Comisión de Seguimiento a la Implementación, de la que hacen parte el Ejecutivo y la guerrilla. Los insumos de esta propuesta salieron de la Misión Electoral Especial transitoria que creó el acuerdo de paz y de las discusiones con los distintos partidos.
El texto incluye, de un lado, instrumentos para la lucha contra la corrupción durante las campañas electorales y, de otro, reformas para la apertura democrática. Ambas apuestas hacen parte de la columna vertebral del punto dos del acuerdo.
Estos son seis problemas de la política nacional que podría combatir la reforma política que estudiará el Congreso:
1. La compra de votos
Para combatir este flagelo, el proyecto prohibe que los candidatos transporten grandes cantidades de dinero en efectivo durante las elecciones y obliga a las campañas a realizar todas las transacciones a través del sistema bancario. Las campañas tampoco podrían entregarles donaciones o regalos a los ciudadanos. El incumplimiento de esas restricciones tendría sanciones administrativas y penales.
2. Las curules de por vida
Con el objetivo de aumentar la circulación de congresistas, el proyecto elimina la posibilidad de que un candidato pueda ser elegido indefinidamente, como sucede en la actualidad con legisladores como Roberto Gerlein, del partido Conservador, que ha sido congresista desde 1975. En este sentido, el proyecto propone que solo se pueda ser congresista, concejal o diputado en dos oportunidades.
3. Que siempre ganen los candidatos con más plata
Para nadie es un secreto que en Colombia los candidatos con mayores recursos económicos suelen salir victoriosos en las elecciones. Por eso, el proyecto propone un modelo de financiación de campañas preponderantemente estatal, en el que se combinan la financiación pública indirecta y la disuasión de la financiación privada. La financiación indirecta se concretaría con, por ejemplo, el suministro de transporte público gratuito los días de elecciones, así como de propaganda electoral en radio y televisión aprovechando que el espectro electromagnético es propiedad del Estado.
El desestímulo a la financiación privada consiste en aumentar los controles. Así, por ejemplo, los financiadores tendrían que comunicarle a la autoridad electoral que desean donar dinero a una determinada campaña, así como declarar el origen de la plata que planean aportar. Las campañas, por su parte, continuarían con la obligación de comunicar los aportes recibidos. Al final, las autoridades cotejarían ambos reportes para identificar irregularidades.
4. Que los movimientos políticos pequeños no puedan tener candidatos
En la actualidad, los movimientos políticos no pueden contar con personería jurídica si no obtienen una votación igual o mayor al 3% del total de votos a nivel nacional en las elecciones a la Cámara o al Senado. Sin personería jurídica, esas organizaciones no pueden postular candidatos. Para reducir esas exigencias y permitir la participación en elecciones de pequeñas alternativas, el proyecto propone que los movimientos sin personería jurídica puedan darle su aval a un candidato si acreditan tener un número mínimo de afiliados, que corresponde al 0.2% del censo electoral. Sin embargo, no tendrían derecho a medios o a financiación estatal.
5. El politizado Consejo Nacional Electoral
En la actualidad, los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo encargado de garantizar la transparencia del sistema electoral, son elegidos por el Congreso. Esto significa, en la práctica, que los partidos escogen a quienes vigilan y controlan su actividad electoral, lo que a menudo se traduce en inoperancia y falta de sanciones.
El proyecto propone acabar con el CNE y crear el Consejo Electoral Colombiano (CEC), con nueve magistrados inicialmente elegidos por concurso de méritos y luego por los mismos togados. El nuevo Consejo, en apariencia no atado a intereses político-electorales, tendría más dientes para investigar y sancionar: por ejemplo, funciones de policía judicial y delegados regionales.
6. Las elecciones atípicas
De acuerdo con el gobierno, las elecciones atípicas le cuestan al Estado entre $35 y 40 mil millones. Para evitar el uso de ese mecanismo, que se pone en marcha cuando una elección es declarada nula por irregularidades, el CEC tendrá la tarea de hacer un control previo a los candidatos. El Consejo deberá certificar si un aspirante cumple todas las condiciones contempladas en la ley, así como resolver las demandas contra una determinada elección antes de que el elegido se posesione. De ser aprobada, esta medida reducirá notablemente la convocatoria a elecciones atípicas.
