Aunque el modelo que sirvió para la desmovilización de los paramilitares ha ayudado a que se conozca la verdad sobre parte de la guerra, los afectados por el conflicto siguen padeciendo una ley que no los protegió.
El pasado 25 de julio cumplió diez años la Ley de Justicia y Paz. Creada para darle un marco legal a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), esta norma sirvió para que quienes abandonaran las filas de los grupos al margen de la ley obtuvieran penas alternativas con la condición de ayudar con la verdad y la reparación de las víctimas.
Sin embargo, parece que ese propósito no se ha cumplido a cabalidad. Aunque la ley 975 de 2005 se convirtió en el primer sistema “integral” de justicia transicional en Colombia, el balance que hacen las víctimas de quienes se acogieron a esa norma es agridulce.
Desde 2003, en Colombia se han desmovilizado 56.765 personas. De ellos, 5.197 se convirtieron en postulados para Justicia y Paz. Pero, a 2015, solo 2.784 han iniciado versiones libres para contar los crímenes que cometieron y, hasta ahora, han confesado 39.546 hechos que involucran, según datos de la Fiscalía, a 51.906 víctimas (En Colombia hay cerca de 7.2 millones de víctimas del conflicto).
Según la ley, las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Este último concepto, la reparación, incluyó la rehabilitación, las garantías de no repetición y la reparación económica, como primer paso para garantizar los derechos de las víctimas. Y ahí radica uno de los grandes problemas de la ley: hasta este año, 3.325 víctimas están incluidas en sentencias que ordenan su indemnización.
Otro de los problemas tiene que ver con la plata. Los fondos para la reparación, en principio, debían venir de los recursos de los victimarios. Pero en la práctica el dinero y los bienes incautados han sido insuficientes. Según la Unidad de Víctimas, el Estado ha aportado el 93% de los recursos para cumplir con esas sentencias.
Una de las razones por las que la plata de los exparamilitares no ha alcanzado es que gran parte de los bienes incautados son inmuebles con hipotecas, en mal estado o en zonas de difícil acceso. En cifras concretas, el Estado ha aportado 67.000 millones, mientras que lo que se ha alcanzado a recoger de los victimarios no llega a los 5.000 millones.
Además de los inmuebles hipotecados o dañados, que se avalúan en 113.000 millones, es claro que faltan muchos bienes por declarar, aun cuando ocultar esa información podría causar la expulsión del proceso.
Otro de los líos para pagar las indemnizaciones es que, por decisiones fiscales del Estado, el monto que les corresponde a las víctimas es menor que el que aparece en las sentencias, en las que se calcula el daño moral, el emergente y el lucro cesante. Las cifras de reparación van desde 50 hasta 200 millones de pesos en las decisiones judiciales. Y, en la práctica, las indemnizaciones son mucho menores.
En 2011 se sancionó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que dice que, por hechos relacionados con el conflicto, el Estado solo puede responder hasta los topes fijados por la reglamentación de esa norma. Según estos topes, por ejemplo, la indemnización por un asesinato es de máximo $24 millones por familia, o de $17 millones en casos de abuso sexual.
Además de la reparación económica, las víctimas exigen conocer la verdad. En este sentido, ha habido avances con el rastreo y la exhumación de fosas comunes. A raíz de los testimonios de los postulados de Justicia y Paz se han encontrado 4.219 fosas con 5.616 cadáveres. De estos, 2.591 han sido plenamente identificados y entregados a familiares.
Pero no todas las víctimas han contado con esa suerte. Por un lado, se ha priorizado el avance de algunos casos, dejando de lado procesos que involucran victimizaciones o victimarios que no significan un impacto alto. Por el otro, hay poblaciones víctimas que sufren problemas logísticos y de información y no asisten a las versiones libres en que podrían ser reconocidos. También están los que asisten pero no entran en el testimonio de su victimario.
Para quienes han sido reconocidos en las versiones, han perdonado a sus victimarios y han recibido la indemnización, el drama todavía sigue. Aunque están en una etapa del proceso que muchos apenas anhelan, siguen teniendo por delante todo el camino de rehabilitación.
Los obstáculos que enfrentan son varios: que las estructuras criminales siguen existiendo en su tierra, que el dinero no es suficiente para empezar una nueva vida o que no han sido bien orientados a la hora de superar en el proceso de sanación y reconciliación.
Este año muchos de los desmovilizados del paramilitarismo cobijados por Justicia y Paz cumplen sus condenas, pero el fin de este proceso está todavía lejos: Carlos Villamil, director de Justicia Transicional de la Fiscalía, dice que apenas un 10 o 20% que han culminado su proceso judicial.
En cualquier caso, los aciertos y desaciertos de estos diez años deben ser mirados con lupa desde la mesa de conversaciones de La Habana (Cuba). Aunque ya hay un marco legal más amplio, que es la Ley de Víctimas y Restitución de 2011, el Gobierno y las Farc afinan los detalles de una nueva política de víctimas que garantice los derechos de ellas y que, está claro, tardará más tiempo e implicará más esfuerzos de parte de las instituciones.
