Se abrió un camino para resolver las demandas de cinco mil campesinos que llegaron a Bogotá y se tomaron la sede del Ministerio de Agricultura.
El martes pasado 250 integrantes de la Cumbre Agraria se tomaron la sede del Ministerio de Agricultura en Bogotá. Indígenas y campesinos, algunos encapuchados, pertenecientes al Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, Onic, Fensuagro, Anzorc, entre otras organizaciones, ingresaron al edificio.
Según informes de la Policía, quienes protestaban dañaron las cámaras de seguridad y se tomaron los pisos segundo, cuarto y quinto del ministerio. Además intentaron tomarse el tercer piso donde se encuentra el despacho del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri. El objetivo de los ocupantes era, entre otros, que el Gobierno girara $250 mil millones para financiar 230 proyectos agropecuarios, como se acordó en el pacto agrario de 2014.
“Estas acciones no tienen ninguna justificación, ellos presentaron 238 proyectos pero muchos no cumplen con los parámetros establecidos por la ley”, señaló el ministro de Agricultura a Caracol Radio. Según el funcionario, muchas de las exigencias de la Cumbre no son compatibles con las leyes actuales.
“No retuvimos a nadie, ni estamos tratando de privar a los funcionarios de su libertad. Simplemente queremos negociar y exigir una respuesta del Gobierno, que ha incumplido con todos los acuerdos”, sostuvo durante la toma César Jerez, vocero de la Cumbre e integrante de la Asociación nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc).
La Cumbre en Bogotá
La toma se produjo después de que el pasado 30 de agosto llegaran a Bogotá cerca de cinco mil personas de la Cumbre Agraria. Trece organizaciones con presencia en distintas partes del país, entre esas Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, Onic, Fensuagro, Anzorc, Alterpaz, PCN Anafro y Comosoc, iniciaron una jornada de indignación que se llevará a cabo hasta el 5 de septiembre.
Las movilizaciones, dicen ellos, son el resultado de los incumplimientos del Gobierno. Según integrantes de la Cumbre, más de 21 reuniones esporádicas con el Gobierno no han dado ninguna solución y la constitución del Pacto Agrario de 2014 ha estado enfocada en el sector empresarial.
“Las negociaciones están en una crisis absoluta. Este año iniciamos con la expectativa de los proyectos de desarrollo agropecuario, de iniciar el debate de la agenda y llegar a acuerdos con el Estado; hasta ahora no ha pasado nada”, comentó Omar Fernández de la Coalición de movimientos y organizaciones sociales (Comosoc).
La tormentosa relación con el Gobierno
La Cumbre nació en marzo de 2014 como resultado del paro nacional convocado por el sector agrario, los transportadores, los trabajadores de la salud y la educación. Se convirtió en un actor político que puso en jaque al gobierno de Juan Manuel Santos y logró que sus reivindicaciones fueran negociadas poniéndole fin a un paro de casi nueve meses, en mayo del año pasado.
El pliego unitario de exigencias de la Cumbre Agraria, Étnica, Campesina y Popular exige un proceso de ordenamiento territorial en el que las comunidades sean las que decidan sobre los territorios, un nuevo proceso de discusión sobre la minería, un programa de sustitución concertada de los cultivos ilícitos, la justicia y reparación de las violaciones de los Derechos Humanos contra miembros de las comunidades y la solución del conflicto armado; entre otros.
El primer acuerdo al que llegaron la Cumbre y el Gobierno fue un decreto que creó una ‘Mesa única nacional’, un espacio para que el Estado, con los organismos de la ONU como mediadores, se sentaran a negociar el pliego de peticiones que reúne las exigencias de las organizaciones que conforman la Cumbre.
Los diálogos en la ‘Mesa única nacional’ terminaron en la creación de un fondo para la economía campesina. La Cumbre pidió $2,5 billones anuales y el Gobierno le dio $250 mil millones de presupuesto. También se hizo un compromiso para ejecutar 30 proyectos de razón social en los municipios más necesitados; las infraestructuras irían desde alcantarillados, acueductos, carreteras, hasta centros de educación y salud.
En materia de Derechos Humanos, se creó un comité campesino que evaluaría el estado de riesgo en el que se encontraban los líderes de las comunidades. Finalmente, el Gobierno se comprometió a estudiar los casos de líderes encarcelados por rebelión, financiación de terrorismo, penalizados como narcos, o acusados de sembrar o recoger coca.
La verdad es que muchos de los reclamos de la Cumbre obedecen a una agenda política que el Gobierno es reticente a negociar. Una agenda en la que se incluye que la consulta previa que se hace para megaproyectos con comunidades afros e indígenas se extienda a las campesinas, que se prohíba a los extranjeros tener tierras, que la minería deje de ser una actividad privada y que se abran diálogos con el ELN son algunas de sus peticiones.
¿Qué puede salir de la negociación entre la Cumbre y el Gobierno?
Antes de la mesa de negociación, que se reabrió el martes en la tarde, las posiciones eran totalmente contrarias. Jerez decía que el Gobierno no había cumplido nada de lo pactado y que “dejó pasar el tiempo sin ningún resultado”. Entre tanto, el ministro Iragorri sostenía que 27 de los proyectos de infraestructura social ya se han llevado a cabo y que no entendía la forma de proceder de la Cumbre, pues la reunión de seguimiento estaba planeada para el lunes 30 de agosto; sin embargo, no ocurrió debido “a los incumplimientos e impuntualidad de los líderes de las organizaciones y comunidades”.
Finalmente, los representantes de la Cumbre junto al ministro fijaron una nueva ruta metodológica, y los campesinos y líderes sociales desalojaron las instalaciones del Minagricultura. Desde este miércoles, cinco comisiones técnicas revisarán los acuerdos a los que llegaron en 2014 y uno por uno cada proyecto agropecuario. También concertaron una reunión con los ministros de Interior, Justicia y la Fiscalía para impulsar el trabajo de la comisión sobre los Derechos Humanos.
Dentro de la nueva ruta metodológica, la Cumbre y el Gobierno revisarán proyectos de ley como el que crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico Zidres, que puede cambiar y eliminar la unidad agrícola familiar y entregar los territorios baldíos a inversionistas (y no a campesinos); así como la futura Ley de Desarrollo y Reforma Rural en la que el Gobierno está trabajando.
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La Cumbre agraria en el Coliseo Cubierto El Campìn. Foto Santiago Mesa.
Tanto en la Cumbre como en el Gobierno saben que los diálogos se extenderán en el tiempo y que se articulan con muchas de las políticas que se deberán poner en marcha en un posible posconflicto. Como bien señala Jerez, la agenda de la mesa de La Habana se complementa “indudablemente” con las propuestas y peticiones de la Cumbre agraria.
Las zonas rurales donde están las bases sociales de la Cumbre son, en la mayoría de casos, los mismos escenarios donde se dará la construcción de paz territorial y este tipo de confrontaciones demuestran la capacidad de estos movimientos para consolidarse como actores políticos y generar cambios en la relación entre las comunidades y el Estado.
