Cuando se firme un acuerdo con las Farc, 199 municipios serán priorizados para el desminado. En total, serían 600 los que tienen sus campos infestados con estas armas.
Por Daniel Montoya
Una vez se firme un acuerdo de paz con las Farc, 199 municipios serán prioritarios para erradicar las minas antipersonal. Los otros 401, que se cree que están minados, “nos puede tomar el resto de la vida desminarlos”. Así lo dijo el general (r) Rafael Colón, quien aseguró en un foro organizado por el programa de Naciones Unidas contra Minas Antipersonales (Unmas), el Llamamiento de Ginebra y Halo Trust, pues no hay información suficiente para hacer un diagnóstico exacto de dónde están las minas, ni cuántas son, en esos pueblos.
Unmas llegó a Colombia en 2010 con la misión de ayudar al tercer país más minado del mundo (Colombia solo está detrás de Afganistán y Camboya), en su proceso para erradicar estas armas prohibidas por distintas convenciones internacionales. Ahora, luego de que cinco municipios fueron declarados por el Gobierno “libres de minas antipersonal” y de que otros 12 estén siendo intervenidos por el Batallón de Desminado del Ejército, esta agencia de Naciones Unidas reunió a varios actores a discutir cómo ha sido este proceso.
A Bogotá llegaron representantes de todas las esquinas que tiene este conflicto armado: líderes de víctimas, representantes del Ejército, del Gobierno, de organizaciones internacionales, de la iglesia e, incluso, de las Farc.
Precisamente, esa guerrilla envió un video en el que resaltó las dificultades que se han presentado en el desminado conjunto que adelantan con el Gobierno en la vereda de El Orejón, en el municipio de Briceño (Antioquia).
Tras el fin del mensaje enviado por las Farc, Laura, una de las líderes de la comunidad de El Orejón, habló por sus vecinos y dijo que las críticas que tienen al proceso de desminado han sido silenciadas por las partes y que allí “nadie ha trabajado con las mujeres. Nadie nos ha preguntado qué nos gusta comer. No nos gusta el sánduche, nos gusta el sancocho. Todo lo han hecho sin contar con nosotros”.
Germán Carlosama, representante a la Cámara por Nariño, le pidió al Gobierno realizar el desminado de la mano con las víctimas. Según él, hace falta reconocer la memoria de las comunidades sobre lo que ha pasado en el territorio. “No para todos los pueblos el proceso de desminado debe ser igual, por muy técnico que les parezca a quienes lo hacen”, dijo.
Otras voces le pidieron al Gobierno dar espacios para generar confianza frente al Estado. Juan Bautista Colorado, líder de Micoahumado, una vereda de Morales (Bolívar), dijo que en su región las instituciones nunca han estado presentes y que, en cambio, sí se han visto obligados a negociar con actores armados.
El 26 de enero de 2005 la comunidad de Micoahumado inició un proceso de desminado conjunto con el Eln, la misma guerrilla que plantó las minas. En total, más de 20 Km de carretera, en los límites de la Serranía San Lucas, fueron desminados.
Eduin Villarena, líder de Florencia, Caquetá, pidió que con la salida de la guerrilla llegue el Estado: “ellos (las Farc) son quienes hacen justicia en el territorio. Controlan la quema, la caza y la tala de los árboles. Ahora que están en la mesa de negociación en La Habana le van a entregar esto al Gobierno, pero el Estado, hoy, no tiene ni la capacidad ni la confianza para ejercer el control”.
Así, las voces se fueron sumando a un pedido: si van a desminar, aunque sea entre las Fuerzas Militares y quienes dejen las armas, que lleguen también los otros servicios del Estado. Como dice Ricardo Fernández, víctima de una mina antipersonal, “si la mina se quita y los problemas de la vida cotidiana continúan no se soluciona nada y la violencia resurge”.