Las organizaciones que defienden los derechos humanos durante las movilizaciones sociales también están expuestas a la violencia policial. Además, sus miembros han recibido amenazas de grupos armados ilegales.
Este contenido se publica en alianza con la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano.
21 de enero de 2020. Colombia empezaba un nuevo año y una nueva década con movilizaciones sociales. El Paro Nacional estaba de regreso. Dos meses atrás, el 21 de noviembre de 2019, habían empezado las marchas y protestas en todo el país. Para enero aún estaba fresco el recuerdo del asesinato del Dilan Cruz, un estudiante de 18 años al que un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad) le disparó en una calle del centro de Bogotá.
Ese 21 de enero, bajo el cielo nublado de Bogotá, Óscar Moreno caminaba entre las movilizaciones. Llevaba el pelo recogido y un chaleco marrón. Moreno es estudiante de la Universidad Pedagógica y desde hace nueve años defiende los derechos humanos durante las protestas sociales, para que menos personas terminen lastimadas o muertas por la violencia de la Fuerza Pública, como ocurrió con Dilan.
Moreno volvió a las calles ese 21 de enero. También se reencontró con la violencia policial: vio cómo agentes del Esmad golpeaban a unos manifestantes. Moreno, conocedor de los protocolos y las normas de la protesta social en Colombia, intervino ante la evidente violación de derechos. Le pidió a los agentes que pararan la agresión. La respuesta de ellos fue contundente: cuatro policías los golpearon fuertemente. Los tres días siguientes los pasó en su cama, soportando los dolores. Ocho meses después, sigue con los dolores.
En los últimos años se ha incrementado la protesta social en Colombia, así lo demuestra la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Durante los primeros cien días de la presidencia de Iván Duque, las movilizaciones aumentaron en un 59 por ciento en comparación con el 2017. En ese contexto, jóvenes estudiantes como Moreno se han convertido en defensores de derechos humanos que actúan durante las protestas. Esa labor implica registrar y denunciar las acciones ilegales en las que incurre la Fuerza Pública contra los manifestantes.
Con esa información han contribuido al Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social (SIAP) de la Campaña Defender la Libertad: asunto de todxs. Gracias al análisis de los datos que allí se almacenan, la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano (UIP) encontró que en las manifestaciones hechas entre el 7 de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2020 se denunciaron 233 intervenciones irregulares por parte del Esmad y 119 por parte de la Fuerza Disponible de la Policía. Bogotá es el foco de las denuncias, le siguen el Cauca, Antioquia y Atlántico.
Los estudiantes son los más afectados de las intervenciones irregulares, pues en el SIAP se reportaron 293 denuncias.
Invisibles pero invencibles
Aunque Colombia cuenta con defensores oficiales del Estado, que también asisten a las protestas sociales y median entre la Fuerza Pública y los manifestantes (en representación del Ministerio Público), esta investigación periodística se centra en aquellos defensores que históricamente han sido invisibilizados. Esos civiles, en su mayoría estudiantes universitarios, que de manera voluntaria y sin recibir remuneración ejercen el rol de la defensa en las movilizaciones.
Óscar Moreno es uno de esos estudiantes que tras participar activamente en distintas protestas, reconoció la necesidad de defender a aquellos que como él fueron y siguen siendo violentados. Tomó la decisión inspirado en la firma del Acuerdo de Paz con las Farc. Las reflexiones sobre la situación del país que le dejó el Acuerdo lo impulsaron a dedicarse a la defensa de los derechos humanos. Fue así como dejó de lado su rol de manifestante y se convirtió en defensor en las protestas sociales.
Aprendió que el diálogo es la regla. Entonces, cuando hay protestas, verifica que a las personas que participan no se les violen sus derechos e interviene cuando los agentes de la Fuerza Pública están obrando de manera irregular. Su labor es respaldada por la resolución 53/144 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual dicta que: “La actividad de muchos defensores tiene por objeto lograr que se rinda cuentas de la observancia de las normas relativas a los derechos humanos”.
“Ese no es el armamento autorizado. Ese no es el protocolo. Por favor, le pedimos a usted, comandante de escuadra, que regule a determinadas personas”, ejemplifica Óscar Ramírez, defensor, abogado y miembro de la Campaña Defender la Libertad: asunto de todas, mientras explica a un equipo de periodistas cómo actúan los defensores en medio de las manifestaciones.
Los defensores también registran de forma escrita y audiovisual las detenciones arbitrarias que hace la Fuerza Pública durante las protestas. “Todo defensor y defensora de derechos humanos debe tener la capacidad de responder a una situación de vulneración. Documentar, recoger los datos, hacer las denuncias. Yo genero bitácoras con hora y lugar, que nos permite hacer las denuncias sobre los casos de abuso”, comenta Francisco Chauta, defensor y estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional.
Durante las manifestaciones sociales, los defensores utilizan un carné y un chaleco que les permite ser identificados. “Tener el chaleco y tener el carné garantiza que a uno no se le pueda confundir con los demás y resultar herido accidentalmente, como ocurre muchas veces cuando no se tiene”, explica Erika Prieto, defensora y vocera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos. Sin embargo, el uso de estos implementos no es obligatorio para que puedan ejercer su rol ni tampoco una garantiza para que no los agredan.
https://twitter.com/DefenderLiberta/status/1305267734108921861
“Nosotros no es que estemos encasillados en una sola función, sino que hay que estar preparados para todo (…) Hay que entender que como las movilizaciones son tan amplias y son tan grandes, hay veces donde sí definimos roles puntuales”, dice Óscar Montero, defensor de derechos humanos e indígenas. Para definir estos roles, los grupos de defensores se organizan en Comisiones de Verificación e Intervención (CVI). Así, de manera previa, ya saben quién tendrá el rol de mediar, quién la de registrar y quién la de grabar los hechos ocurridos.
En Bogotá existe un protocolo que regula la protesta social. Fue promulgado con el decreto 563 de 2015. “Se implementó durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, con altas y bajas. En ese protocolo se reconoce la existencia de las CVI. Todo aquel que decida defender los derechos humanos tiene el derecho a ejercer esa defensa y debe ser respetado por la Fuerza Pública y las autoridades de Gobierno”, expone el abogado Ramírez.
Cuando termina la explicación, relata el cubrimiento —como en el mundo de los defensores se le llama al trabajo en terreno— de la marcha del sábado 23 de noviembre de 2019. Recuerda cómo en medio del caos lograron organizarse para registrar lo ocurrido. “Mientras una persona grababa, otro interlocutaba y otro documentaba de manera escrita qué era lo que estaba pasando”. Estas evidencias sirvieron de prueba para identificar puntualmente al agresor.
Ramírez se refiere a la protesta que se daba en la Avenida 19 con carrera Cuarta, en el centro de Bogotá. Entre los manifestantes iban jóvenes que reclamaban el derecho a la educación superior pública. Tras ellos un grupo de integrantes del Esmad, cubiertos por sólidos trajes negros, que accionaron sus armas para evitar que los manifestantes se dirigieran hacia el sur de la ciudad en busca de la Plaza de Bolívar. Manuel Cubillos, capitán del Esmad, disparó su escopeta calibre 12 (considerada arma no letal) contra los manifestantes. El sonido del disparo hizo correr a los jóvenes, pero segundos después descubrieron que uno de ellos estaba en el piso, herido de gravedad en la cabeza. Era Dilan Cruz, quien dos días después murió en el hospital San Ignacio.
Ni el chaleco ni el carné los salva del peligro
La injusticia produce disgusto. El disgusto impulsa a salir y gritar en las calles. Durante los últimos años, tambores, arengas, pancartas y multitudes que protestan se convirtieron en la representación tangible de las exigencias e inconformidades de la ciudadanía. La pandemia agudizó la injusticia, no detuvo a los manifestantes sociales.
En las últimas semanas circularon en redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales imágenes e información sobre los abusos de la Policía. El caso que más indignó a la gente fue el de Javier Ordóñez, un estudiante de derecho de 42 años que fue torturado y asesinado por agentes de la Policía en el occidente de Bogotá.
Las calles se llenaron de manifestantes que rechazaban esa muerte y otras más por parte de la Fuerza Pública. Hubo fuego, humo y caos. Y en el medio estaban civiles encargados de defender los derechos humanos de quienes ejercían el derecho a la protesta. Su rol solo se hizo visible cuando en las redes sociales empezó a circular la denuncia de organizaciones sociales como el Colectivo de Abogados José Albéar Restrepo (CAJAR), que exigían la liberación inmediata de defensores víctimas de detenciones arbitrarias.
Según el informe La Ceguera del programa Somos Defensores, durante 2018 y 2019 se registraron 1.649 agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia. Sin embargo, esta cifra no discrimina a quienes ejercen ese rol en el marco de las protestas sociales.
La UIP habló con distintos abogados y defensores de más de 10 organizaciones de derechos humanos y todos coincidieron en reportar algún tipo de vulneración hacia sus integrantes. Antes, durante y después de una marcha o movilización.
Isabel Fajardo, presidenta de la Red Popular de Derechos Humanos (REDHUS), cuenta que: “De nuestra organización, por ejemplo, alrededor de tres o cuatro personas hemos sido objeto de amenazas. Una de las integrantes de la organización tiene que andar con esquema de seguridad”. De igual manera el abogado Ramirez, de la Campaña Defender la Libertad: asunto de todxs, menciona: “Lo vivimos en los diferentes paros universitarios donde las bombas no eran dirigidas a la multitud sino a los defensores de derechos humanos. También hemos sido víctimas de traslados arbitrarios e injustos, maquillados como traslados por protección, donde dicen que estamos interfiriendo en el proceso policial por estar grabando o sencillamente por estar solicitando el nombre, el número de cédula de una persona que está detenida”.
Intimidaciones y panfletos antes de las protestas
“¿Usted por qué es tan sapa?”.
“¿Usted por qué se mete en lo que no le importa?”.
“Ya sabemos dónde vive”.
“Bueno, yo sé donde estudia su hermana. Es mejor que se quede quieta un tiempo”.
Así son las amenazas que una joven defensora de la Red Distrital de Derechos Humanos ha recibido por parte de grupos paramilitares antes de que comience una jornada de protestas. Como ella, otros de sus compañeros encuentran mensajes con amenazas en las paredes de las universidades en las que estudian. También han sido interceptados en el transporte público por hombres que les entregan panfletos. Esta defensora pidió la reserva de su nombre, pues no solo teme por su vida sino por la de su familia.
El riesgo no es menor para quienes asumen el rol de defensores durante las protestas en las zonas rurales y municipios distantes a las grandes ciudades. Campesinos e indígenas se enfrentan a grupos armados ilegales de distinto origen y eso complica la misión.
Para un defensor de derechos humanos indígena, la labor trasciende la manifestación. “Hay que estar preparados para hacer una denuncia en un medio de comunicación nacional o internacional, pero también hay que estar preparado para poder ir a recoger a un herido o para simplemente ir y ayudar con la leña para la comida que se va hacer”, menciona Óscar Montero.
Según un comunicado publicado por la Organización Mundial Contra la Tortura, la Minga indígena del Suroccidente, que se unió al Paro Nacional en abril de 2019, fue víctima de amenazas tras anunciar que participaría en la señalada protesta. El 8 de abril circuló un panfleto en el que las Águilas Negras amenazaban de muerte a consejeros, gobernadores y defensores integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), además de ofrecer 100 millones de pesos a quienes los asesinaran. Frente a esto, Montero concluye que: “Las amenazas no limitan o no paran la movilización. Antes, en muchos casos, con mayor fuerza se sale a la movilización para contrarrestar este tipo de amenazas”.
****
Este texto hace parte del especial ‘Defensores en la protesta: una labor en inminente riesgo’, hecho por la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano. Pueden verlo completo en este enlace.
