Aunque en EEUU sólo fue condenado por narcotráfico, la justicia colombiana ha sentenciado al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso por la comisión de múltiples crímenes durante su paso por las Autodefensas Unidas de Colombia. ¡PACIFISTA! hace un recuento de sus atrocidades.
Más de 15 años de cárcel fue la condena que le impuso la juez Ellen S. Huvelle al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso por haber traficado cocaína hacia Norteamérica. Sin embargo, solo serán cuatro años y algo más los que deberá pasar en una penitenciaría de Virginia (Estados Unidos) pues ya lleva nueve años detenido (siete en ese país) y, por buen comportamiento durante su encierro, podrá reducir su pena en un 15%.
La pena que le impuso la justicia de EEUU es casi el doble de la que deberá pagar en Colombia, donde el sistema de justicia transicional que se le aplica a los paramilitares desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Justicia y Paz) contempla penas máximas de ocho años.
Los reclamos de las víctimas
Desde 2008, cuando fue extraditado por el gobierno de Álvaro Uribe, sus víctimas y él mismo señalaron que su salida del país buscaba ocultar la verdad que tenía por contarle a los colombianos. Sin embargo, parte de esa verdad ya se conoce, pues dos sentencias en su contra, del Tribunal Superior de Bogotá, han establecido su responsabilidad sobre cientos de crímenes contra la población civil.
Otra cosa ha ocurrido con la reparación. Miles de víctimas apelaron en enero pasado una de esas dos sentencias por considerar que el Tribunal negó o tasó injustamente las indemnizaciones.
Tan es así que, según Arturo Mojica, director del Colectivo de Abogados Opción Jurídica, que representa a decenas de víctimas de Mancuso, “las reparaciones han sido pírricas, porque en concepto del Fondo para la Reparación los bienes que han entregado los paramilitares no han alcanzado para cumplir lo estipulado en los fallos, no han sido monetizados o no tienen vocación reparadora”.
Mientras la Corte Suprema de Justicia toma una decisión al respecto, la Fiscalía colombiana continúa investigando los miles de delitos que cometió Mancuso durante su paso por la comandancia de los bloques Norte, Córdoba, Héroes de los Montes de María y Catatumbo, en cuyas filas militaron más de 7.700 paramilitares.
¡PACIFISTA! presenta una cronología con la vida criminal de un jefe paramilitar que, pese a que ha dicho que quiere colaborar con la construcción de la paz, está lejos del país que ensangrentó. Un recuento que muestra cómo Mancuso, que nació en el seno de la sociedad ganadera de Córdoba, recibió formación universitaria y sostuvo lazos estrechos con políticos, militares y empresarios de la alta sociedad, se convirtió en uno de los ‘cacaos’ del negocio del narcotráfico y en el dueño de un imperio que creció a la par que su máquina de muerte.
De ganadero a señor de la guerra
1992: “Si quiere conservar la vida tiene dos opciones: pelear para defenderse o vender la tierra, porque si no lo va a matar la guerrilla. Usted se montó en el lomo del tigre, y si se baja se lo va a comer”. Esas fueron las palabras que, según la Fiscalía, utilizó el desaparecido mayor Walter Fratini, entonces comandante de un batallón de contraguerrilla de la XI Brigada del Ejército, para alentar a Mancuso a conformar grupos de seguridad privada con el apoyo de algunos ganaderos de Córdoba.
1994: Tras la muerte de Fratini en 1993, a manos de la guerrilla del Epl, Mancuso lideró la organización de los ganaderos e incrementó su participación en las labores de patrullaje del Ejército. Estas circunstancias llamaron la atención de los hermanos Vicente y Carlos Castaño Gil, que lo invitaron a consolidar y a expandir los grupos de autodefensas. Según le contó Mancuso a las autoridades en 2006, “a finales de 1994 (en la finca Las Tangas), Carlos me propuso que le ayudara con la lucha contra la guerrilla en la zona de Urabá, que él se había enterado de nuestro espíritu antisubversivo y que me colaboraría en Córdoba y el Alto Sinú”.
1997: A la par que se creaban las primeras estructuras de lo que más tarde serían los bloques Norte y Córdoba, Mancuso se instaló en el departamento de Bolívar, donde adquirió grandes extensiones de tierra.
Ese año, en la finca del reconocido ganadero Miguel Ángel Nule Amín, él y otros paramilitares se reunieron con empresarios y líderes políticos para “implementar el fenómeno de las Convivir en el área, con miras a recoger informaciones para darle a las Fuerzas Militares, Policía, Ejército y prestar sus hombres para ‘ajusticiar’ a las personas que supuestamente estaban ‘comprometidas’ con las guerrillas, lo cual no podía hacer la fuerza pública”. Un año antes, hombres bajo su mando asesinaron en Montería a Luis Alfredo Narváez, gerente de la Cooperativa de Educadores de Córdoba.
1999: Carlos Castaño hace pública su intención de tomarse a sangre y fuego la región del Catatumbo (Norte de Santander), que constituía una zona de retaguardia de las Farc y del Eln. El ingreso de los paramilitares a esa área no sólo estuvo motivado por la presencia de las guerrillas, sino también por los extensos sembrados de coca que existían allí y que constituían una jugosa fuente de financiación.
Para entonces, Mancuso había sido designado jefe del Estado Mayor de las Auc y comandante del bloque Catatumbo, que haría presencia en la zona. Entre mayo y agosto se ejecutaron al menos cuatro masacres en Norte de Santander, entre ellas la de La Gabarra, donde cayeron 40 civiles. A la par, el plan expansivo trazado por los Castaño en todo el país seguía produciendo decenas de homicidios y desplazamientos masivos. Mancuso ordenó las masacres de San Isidro y Caracolí, Capaca, y Las Palmas, en el departamento de Bolívar.
2001: Junto a otros comandantes paramilitares, congresistas, alcaldes, gobernadores y funcionarios públicos, Mancuso firmó el “Pacto de Ralito”. Una alianza entre políticos y paramilitares que buscaba reformar el Estado y que, paradójicamente, privilegiaba conceptos como la “paz”, la “justicia” y la “libertad”.
En noviembre, Mancuso ordenó el asesinato del presidente de la Unión Sindical Obrera, seccional Cartagena, Aury Sará Marrugo, y un mes después intensificó los ataques contra los pobladores del municipio de El Tarra, en el Catatumbo. Tras las fallidas negociaciones con el presidente Andrés Pastrana, los paramilitares y el gobierno de Álvaro Uribe iniciaron diálogos exploratorios. Un año después, las Auc decretaron el cese de hostilidades.
2003: Formalmente se dio inicio a las negociaciones. Mientras el proceso avanzaba, el 18 de febrero ocurrió el “traslado de docentes y líderes sindicales hasta el campamento de Salvatore Mancuso Gómez, ubicado en Santa Fe de Ralito, para tratar temas relacionados con el funcionamiento de la Universidad (de Córdoba)”. El hecho hizo parte de la serie de crímenes con los que ese exjefe paramilitar consiguió controlar política y administrativamente los estamentos de esa universidad. Para la Fiscalía, “con sangre y miedo se apagó la protesta y el reclamo general en esa institución, y el movimiento estudiantil quedó en la mira de los asesinos”.
2004: Reconocido como representante de las Auc, Mancuso se desmovilizó con el Bloque Catatumbo el 10 de diciembre, en el municipio de Tibú. Lo acompañaron 1.434 combatientes, que entregaron 1.114 armas, 1.335 granadas, 200 radios portátiles, 11 vehículos, dos lanchas, ocho canoas, 15 motores, 45 mulas y 56 inmuebles rurales.
Ese año, en respuesta a una solicitud de la Embajada de Estados Unidos, el entonces presidente Uribe condicionó su extradición al cumplimiento de los compromisos adquiridos durante las negociaciones con las AUC, al abandono definitivo de las actividades ilícitas y a sus gestiones para que otros exparamilitares contribuyeran al proceso de paz.
2008: En mayo, el gobierno Uribe finalmente extraditó a Mancuso y a otros 13 narcotraficantes y exjefes ‘paras’, bajo el argumento de que continuaron delinquiendo después de la desmovilización. Desde la penitenciaría Northen Neck Regional, el excomandante de cuatro de los bloques paramilitares más poderosos del país ha participado en el proceso de Justicia y Paz, les ha pedido perdón a sus víctimas y le ha planteado un escenario al gobierno Santos: que reabra el proceso de paz con las extintas Autodefensas con el objetivo de otorgarles reconocimiento político. Un deseo que, por ahora, parece imposible.
