La muerte de Alexander Parra: ¿Por qué no para el asesinato de exguerrilleros de las Farc? | ¡PACIFISTA!
La muerte de Alexander Parra: ¿Por qué no para el asesinato de exguerrilleros de las Farc?
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La muerte de Alexander Parra: ¿Por qué no para el asesinato de exguerrilleros de las Farc?

Santiago A. de Narváez - Octubre 25, 2019

Anoche lo mataron en el ETCR de Mesetas, un lugar en el que se supone que los exguerrilleros deberían estar más seguros.

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La noticia: es la primera vez, en el conteo de la muerte, que asesinan a un ex-guerrillero dentro de un espacio de reincorporación. En la cuenta que llevamos -168 ex-guerrilleros de las Farc asesinados desde la firma del Acuerdo de paz, 88 de ellos en el actual Gobierno– es la primera vez que matan a a uno dentro de un Espacio Territorial de capacitación y Reincorporación, más conocido como ETCR. 

Mataron anoche a Alexander Parra en el ETCR de Mesetas. Hombres armados, dicen los periódicos, le quitaron la vida en horas de la noche a Rodolfo Fierra, como era conocido Parra cuando era guerrillero. Ya no lo era. No era guerrillero y por eso los ex-guerrilleros que ahora hacen parte de la vida civil y participan en este juego que se llama democracia prefieren que los llamen ex-guerrilleros y no ex-combatientes. 

–Porque nosotros seguimos combatiendo, dejamos las armas pero combatimos en democracia y jugamos el juego político –le respondió alguna vez un ex-guerrillero a un periodista. 

Parra era delegado al consejo territorial de reincorporación en el Meta. Él, siguen los periódicos, llevaba más de 30 años en las Farc. Perteneció al frente séptimo del extinto grupo ilegal y fue fundador del frente Abelardo Romero. El frente Abelardo Romero hacía parte del Bloque Oriental de la exguerrilla y su área de influencia eran las zonas aledañas a Uribe, en Meta.

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¿Qué es un líder a la final? ¿Por qué el gobierno no reconoce que esto es un problema sistemático, y que lo que mejor que puede hacer es evitar que siga pasando, afrontarlo como un problema sistémico y no como casos aislados? Que es como preguntar ¿quienes están matando a los líderes sociales en Colombia y por qué?

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En este municipio (Uribe) se firmó el Acuerdo de Paz de La Uribe entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc. De esos Acuerdos surgió la Unión Patriótica, mejor conocida como UP. Uribe fue el municipio donde quedaba, fuera del casco urbano, la legendaria sede del secretariado de las Farc: Casa Verde. Bombardeada por el gobierno de César Gaviria en 1990. 

–¿Que cuál es la diferencia entre este genocidio y el de la UP? –se pregunta retórico el senador y se toca la calva; quizás la calva más reluciente que pueda tener un senador– Dos cosas: en el caso de la UP hubo, indiscutiblemente, un plan diseñado desde el Ministerio de Defensa en coordinación con las élites políticas para exterminar a los miembros de ese partido político. Aquí no se trata de eso –dice Julián Gallo, mejor conocido como Carlos Lozada y actual senador de la República–, se trata más bien del resultado de que haya ausencia de Estado en ciertos territorios del país.

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¿Qué es un líder a la final? ¿No es acaso esa la pregunta que no nos estamos haciendo de manera real todavía en este país? ¿Por qué están matando los liderazgos regionales de un país y a una generación frente a nuestros ojos, como decía Cardona a propósito del asesinato de Carlos Pizarro y también de la Unión Patriótica?

¿Por qué tenemos que meter en contadores de muerte diferenciados a dos grupos de personas que están matando? ¿Por qué tenemos que tener el contador de asesinatos a lideres sociales a parte del contador de muerte de asesinato a ex-guerrilleros? ¿Qué es un líder a la final? ¿Y por qué parece que nos están matando la democracia?

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Lozada fue comandante del Bloque Oriental de las Farc cuando era una guerrilla. 

–La otra diferencia –sigue él– es que a la UP la empezaron a matar después del triunfo electoral. Cuando ciertas élites locales vieron el repunte de la UP, dijeron “jueputa, esta gente se nos metió”. Entonces los fueron a liquidar. Acá no. A nosotros nos están matando antes de un triunfo electoral. Es una vaina preventiva.

Mientras a los de la UP los empezaron a matar tres años después, luego de las elecciones del 87, cuando la UP tuvo un éxito electoral muy importante, a los ex-guerrilleros de las Farc los están matando por razones distintas a un triunfo electoral que todavía no existe. Las elecciones del 27 de octubre serán las primeras en las que el partido compita por la repartición de la torta política a nivel local. 

Y no parece que vayan a ganar muchos puestos de elección popular.

De sus 333 candidatos, dice La Silla Vacía en un texto reciente, sólo 70 están en coaliciones, la mayoría con Colombia Humana, la Unión Patriótica y el Polo, y de ganar en ellas, no serían victorias propias.

De hecho, uno de los que mas chance tiene para ganar un puesto de elección popular en estas elecciones es Guillermo Torres, más conocido como Julián Conrado, conocido como el cantante de las Farc.

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¿Cuál es el origen de todo esto? La génesis, dijéramos. ¿Cuál es la génesis del asesinato de ex-guerrilleros luego de la firma de un Acuerdo de Paz en el que un grupo guerrillero, con ideales políticos claros pasó a la vida civil y le apostó a la democracia para cumplir esos objetivos y que ahora los estén asesinando?

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Guillermo Torres es uno de los actuales candidatos por la Alcaldía de Turbaco, un municipio a media hora de Cartagena, en el departamento de Bolívar. Se trata de un territorio que se destaca dentro del mapa político por su potencial y su activa participación electoral. Uno de los botines de la clase politica tradicional que ha manejado toda la vida los destinos de Bolívar.

La campaña de Torres es única en su especie, pues a pesar de ser un ex-guerrillero, no cuenta con el aval del partido político de las Farc. Por el contrario, Torres hace parte del movimiento Colombia Humana, liderado por Gustavo Petro. Así es, cuenta con el apoyo del senador y ex-candidato presidencial.

Torres, además, se ha destacado por ser un candidato con poca publicidad, casi no tiene avisos que promuevan su ejercicio político. Pero lo que sí tiene es su voz. Tanto en la guerra como en su pueblo, el antiguo ‘Conrado’, es recordado por ser el ‘cantante de las Farc’, fama que ha utilizado como herramienta en su campaña. Este ex-guerrillero canta y hace reuniones con poca gente, visita a las personas de barrios más vulnerables como una estrategia política que se realmente busca oponerse a las demás.

¿Por qué es importante esta noticia? ¿Por qué tenemos que ocuparnos como sociedad colombiana de lo que está pasando con el asesinato de ex-guerrilleros y de líderes sociales en Colombia? ¿Es importante pensar en eso?

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¿Qué razones tuvo Conrado, por ejemplo, para lanzarse a la Alcaldía de Turbaco con el apoyo de la Colombia Humana y no con un aval del que uno supondría es su partido natural: Farc?

Uno de los mecanismos que hicieron posible la victimización de la UP y la violencia contra ese grupo político, luego de su triunfo electoral las elecciones locales del 87, fue la construcción de identidades excluyentes por parte de quienes vieron disputado su poder político y económico y social tras la incursión de la UP en el escenario político regional y nacional: en otras palabras, el ejercicio en el cual se construye al otro como enemigo, práctica mejor conocida como: estigmatización. 

–Porque la estigmatización –sigue Lozada- es el piso político sobre el cual se soportan todas estas agresiones. Cuando todo esto se da en medio de una campaña de estigmatización, termina legitimándose eso que viene sucediendo. Porque cuando la gente oye que “esos tipos son unos bandidos, unos violadores, delincuentes” se entiende que hay proceso de estigmatización hacia nosotros que viene detrás de eso.

–Y ustedes sienten que esa estigmatización viene directamente de actores en el gobierno a nivel nacional y local o simplemente…

–Sí, digamos que eso parte desde la bancada del Centro Democrático junto con otros sectores que, desde la época del conflicto, hacían parte de toda esa orquestación para deslegitimarnos a nosotros como una fuerza revolucionaria. Pero más allá de que sea del Centro Democrático, al gobierno le correspondería asumir una postura más radical de condenar la estigmatización.

(Lo mismo le decía Alfredo Molano a un periodista con ronca voz en relación al tema de la estigmatización: Mire, decía Molano, hay una vieja fórmula que yo descubrí en mi primer libro, que se llama Los años del tropel, y era la del pájaro León María Lozano. Un gran pájaro, el Cóndor. ¿Qué hacía El Cóndor? El Cóndor leía rigurosamente los editoriales del periódico El Siglo, que eran escritos por Laureano Gómez y ya sabía qué tenía que hacer. No era una orden. No era que Laureano lo llamara y le dijera “venga pa’ acá, máteme al tipo ese”.

Este es Alfredo Molano mientras le acomodan el micrófono. Nótese la felicidad:

¿Qué pasa hoy, hermano?, le preguntaba Molano al periodista. Cuando el presidente eterno llega y dice que lo que pasó en La Habana fue un acuerdo entre un sector institucional y el narcoterrorismo, y los narcoterroristas son unos bandidos que hay que liquidar, lo que está diciendo el presidente eterno es: “¡háganle la guerra!”. La cosa es clarísima. Bajo ese clima ideológico de que la JEP, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Víctimas, son un pacto con el terrorismo, nosotros estamos en el blanco. No de Álvaro Uribe, sino de la gente que se inspira en su discurso político e ideológico. Y que tiene intereses: que no quieren que los juzguen, que no quieren que le quiten la tierra que ganaron o compraron, que no quieren la justicia.

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¿Por qué matan los liderazgos regionales en un país que hace no más de tres años firmó un Acuerdo de Paz que venía no sólo con el tránsito de la guerrilla más antigua de América Latina hacia la vida civil y la democracia, sino también y lo más importante con unos cambios estructurales y necesarios –demorados por mucho tiempo- para este país?

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Esto es lo que dice el informe del Centro de Memoria Histórica sobre el genocidio de la UP, informe que lleva por título: “Todo pasó frente a nuestros ojos”:

En cada región, dice el informe, se fueron articulando redes criminales que disponían de recursos políticos, organizativos, económicos y logísticos para perpetrar los crímenes. La estabilidad de las alianzas propició una mayor acumulación de recursos, lo que fue clave a la hora de perpetrar la violencia. 

Las redes, continúa el informe, más consolidadas en el territorio, fueron en el Urabá, en la región del Ariari (Meta) y en el Magdalena Medio. En esas regiones se presentó el más alto grado de victimización contra la UP.

La región del Ariari: región donde están ubicados los vecinos municipios de Uribe y Mesetas. El primero, bastión histórico de las Farc; el segundo, en su momento un municipio controlado por las AUC. Uribe y Mesetas fueron además dos de los cinco municipios que conformaban la zona de despeje entre 1998 y 2002, en el gobierno de Pastrana. 

En un ETCR de un municipio de esta región mataron ayer, 24 de octubre de 2019, a Alexander Parra. 

Mapa de la Serranía de la Macarena. Ilustración: Lady Chaparro

 

De acuerdo a información suministrada por líderes de Mesetas, dicen los diarios que dan a noticia del crimen, Alexander Parra estaba departiendo con otros dos ex-guerrilleros cuando fue atacado por encapuchados que huyeron de inmediato del lugar. Escoltas que protegían a Luz Marina Giraldo, la esposa de Parra y candidata al concejo de Mesetas por el partido Farc, habrían intentado reaccionar al ataque pero en ese momento ya se encontraban de descanso, cuentan los diarios que cuenta una líder de la zona. 

Las herramientas del Acuerdo

El Acuerdo de Paz contempla muy bien la posibilidad de este escenario. Para eso, creó en distintos artículos del texto final, sobre todo en los del punto tres, que tiene que ver con el fin del conflicto y con las garantías para los ex-guerrilleros una vez entren a la vida civil, una serie de herramientas para afrontar la violencia que vendría contra la ahora extinta guerrilla. 

El punto 3.4, por ejemplo: el que habla sobre las garantías de seguridad para ex-guerrilleros y el acuerdo sobre la lucha contra organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. 

En definitiva, el que protegería a las personas que adelantan procesos de liderazgos en las regiones, también conocidos como líderes sociales. 

Otra herramienta era el pacto político nacional. Que tendría por objetivo ser un acuerdo nacional, entre élites nacionales y locales y sectores sociales y civiles y democráticos para prescindir del uso de la violencia en la política –la que ha sido una constante en la historia del conflicto armado colombiano

Otro aspecto que contemplaba el Acuerdo: el desmonte de las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.

En el Acuerdo dice: mire, el paramilitarismo es un fenómeno estructural multidimensional –continua Lozada–. Tiene una dimensión política, económica, social y hay que atacarlo en todos sus niveles de lo contrario si se quedan en operaciones militares para perseguir esos grupos que, entre otras cosas tienen nexos con las fuerzas armadas en ciertas regiones, puede que ya no necesariamente por la vía ideológica pero sí de la corrupción. Entonces es muy difícil. Mientras el fenómeno no se ataque desde esa perspectiva multidimensional eso requiere un gobierno que se comprometa a fondo, que tenga voluntad política.

–Ajá.

Entre otras cosas porque nosotros decimos que por experiencia esos grupos que están causando esas muertes no se van a desactivar solamente con la represión policial y militar. Sabemos por experiencia que hay que abrir una puerta de desactivación de esos grupos, sin darles el reconocimiento político pero sí posibilitando que se sometan a la justicia, creando esas facilidades. Es que este es un conflicto sumamente complejo. Pero la visión que hay actual en el gobierno es que la presencia del Estado es aumentar el pie de fuerza. Crear zonas estratégicas de consolidación y ya. Que es lo que se ha hecho aquí hace sesenta, setenta años.

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Han matado en un ETCR a un ex-guerrillero. Donde se suponen que están más seguros, porque están protegidos por la comunidad. Lo mataron en el ETCR, en su propia casa, ¿qué sigue ahora? Y ¿cómo detenemos este nuevo genocidio que pasa ante nuestra mirada unas veces desconcertada y otras veces apagada?