Cuidar el medio ambiente en el Cauca: un trabajo que puede costar la vida

Del millón de hectáreas solicitadas a titulación por parte de las comunidades étnicas, apenas el siete por ciento de las tierras ha recibido una visita técnica.

Parado en la entrada de un edificio escondido por árboles de la Universidad Javeriana de Bogotá, de blazer azul y pantalón habano, el caucano Jose Nífer Díaz, habla con tranquilidad de las amenazas que recibe con frecuencia por parte de las Águilas Negras o los Urabeños. “Me llegan panfletos a mi casa, aunque también he recibido llamadas”, cuenta José como si no fuera un evento extraordinario.

El 23 de septiembre, llegando a su casa  alrededor de las seis de la tarde, José Nífer recibió una llamada en la que le explicaron que por su oposición a la minería se convertía automáticamente en un ‘objetivo militar’.  Al ser parte del Consejo Comunitario del municipio de Buenos Aires, al norte del Cauca, se enfrentaba a este tipo de riesgos. “Me dijeron que así tuviera escoltas, me iban a matar. Cuando volví a llamar al número, ya estaba apagado”, recordó el líder social.

José llegó a Bogotá junto con otros líderes comunitarios para denunciar  un dato doloroso: 271 territorios colectivos de afrodescendientes no tienen reconocimiento legal y están siendo amenazados por grupos ilegales. La razón: la pelea que cazaron en contra de las actividades agroindustriales y extractivas.

Los consejos comunitarios, incluyendo el de José,  llegaron en la mañana de este martes a la Universidad Javeriana para explicar sus razones para defender las causas ambientales. A pesar de que sus tierras no tienen un título oficial, han sido habitadas por los afrodescendientes por generaciones y son denominadas ‘tierras tradicionales’.

Según Johanna Herrera, profesora del departamento de desarrollo rural y directora del Observatorio de territorios étnicos (OTEC), se reconoce como ‘tierra tradicional’ todas aquellas que “han sido pobladas por comunidades afrodescendientes desde el proceso de esclavización y en adelante. Son identificadas como tierras ancestrales y son la base de la pervivencia de la cultura”.

Sin embargo, al no tener reconocimiento por parte del Estado, son más vulnerables a las amenazas de grupos ilegales. Además son un lugar frágil que sufre constantemente de la destrucción de sus ecosistemas. Esto sucede, dicen las comunidades, porque tanto grupos ilegales como legales llegan sin autorización a explotar recursos mineros, dañadoel terreno y contaminando las fuente hídricas. Así lo demostró, por ejemplo,  el estudio hecho por la OTEC, el Consejo nacional de paz afrodescendiente (Conpa) y el Proceso de comunidades negras (PCN).

Esta investigación recuperó información de más de 20 años en tierras tradicionales, donde se hicieron visibles los reclamos a los Consejos Comunitarios, información que – según las agencias gubernamentales de tierra como la Agencia Nacional de Tierras (ANT), antes Incoder– no tiene soporte en los registros del Estado.

Por hallazgos de oro y otros minerales , “el territorio es muy apetecido, especialmente por multinacionales”, cuenta José Nífer, pero “las solicitudes de titulación de tierra llevan más de diez años sin respuesta del Gobierno y así es muy difícil cuidarlas”.

En la Constitución de 1991, por medio de la Ley 70 de 1993, se reconoció la posibilidad de que las minorías étnicas pudieran titular territorios colectivos y crear Consejos Comunitarios para la administración territorial. En el pueblo natal de José, Buenos Aires, el 12 de diciembre de este año se cumplen 22 años de la formación del Consejo Comunitario. Hasta ahora no han podido titular “ni un territorio colectivo, pero los problemas siguen llegando”, explica el campesino.

A partir del estudio, el Conpa descubrió que la propiedad colectiva de estos territorios “es una oportunidad para garantizar la continuidad de la sostenibilidad”, pero en la mayoría de los casos “las comunidades están solicitando áreas donde hay serias disputas por la tenencia de la tierra por los usos de los recursos naturales. Eso complejiza el procedimiento”, apunta Johanna.

Según otro líder comunal que prefirió no revelar su nombre por motivos de seguridad, la “minería ilegal ha llevado a que se den extorsiones en la región por parte de grupo ilegales”.

Gran parte de la minería ilegal se da en lo que se denomina ‘terrenos baldíos’. Según Herrera, el Estado tiene en marcha una iniciativa por “demarcar los baldíos, que son tierras con las que cuenta el Gobierno para sus diferentes proyectos”. Del millón de hectáreas medidas en el estudio,  el 70 por ciento están sobre áreas de ecosistemas que son susceptibles de ser baldíos. No obstante,  no se puede confirmar que lo sean porque no existe un inventario de baldíos de la nación.

Por parte de la ANT “existe una falta de capacidad de asignación presupuestal para dar respuesta a estas solicitudes”, cuenta Herrera según lo encontrado en el estudio. Además “hay solicitudes que mandan las comunidades y no son recibidas por el Estado”, agrega. De hecho, del millón de hectáreas solicitadas a titulación, apenas el siete por ciento de las tierras ha recibido una visita técnica.

Con la falta de presencia del Estado en estos territorios, los procesos dispendiosos de la Agencia Nacional de Tierras para titulaciones y la presencia de grupos ilegales amenazando a los afro, José no se siente seguro en su territorio. A pesar de que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le tiene un esquema con dos escoltas, un vehículo convencional, un chaleco antibalas y un celular especial, teme de su regreso esta noche a Buenos Aires en Cauca.

“Hace poco organicé un partido de fútbol en mi comunidad en horas de la tarde, pero para mí es complicado estar en esos eventos. Ahora la gente cree que porque tengo carro me creo mejor, pero no es así”, concluye, confundido, José.