La firma del Acuerdo en 2016 fue un paso importante para alcanzar la paz en Colombia. Sin embargo, las fallas en su implementación y el fortalecimiento de la violencia dieron paso a una nueva escalada de violencia.
Hace cuatro años el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc firmaron el Acuerdo de Paz. Con esa negociación finalizada, la guerrilla más antigua del continente acordaba dejar las armas y que sus integrantes se reincorporaran a la vida civil. Por desgracia, según el informe ‘Un nuevo ciclo de violencia organizada en Colombia’, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), las cifras favorables que mostró el proceso durante su primer año se revirtieron en los últimos tiempos.
El fin de las Farc como grupo armado representó un gran paso para la paz que el país busca desde hace décadas. Sin embargo, los grupos armados que se disputaban territorios y rutas con la extinta guerrilla aumentaron su presencia en los territorios e intensificaron sus acciones delictivas.
Algunos ejemplos son el Bajo Cauca antioqueño o el Catatumbo, donde los territorios en los que hacían presencia los excombatientes pasaron a ser de otros grupos armados. En su infografía, la FIP destaca que antes de la firma del Acuerdo, el 78% de las acciones armadas eran responsabilidad de las Farc. Cuatro años después, el 38% de las acciones fueron realizadas por el ELN y otro 34% por las disidencias. El último año, tanto las disidencias, como el ELN y el Clan del Golfo (o AGC), aumentaron sus actividades.
También hay una tendencia en el incremento de acciones de la Fuerza Pública contra los grupos armados. Aunque hubo una reducción previa a la firma, y luego otra en el 2018, los enfrentamientos de la Policía y el Ejército con los grupos ilegales son cada vez más frecuentes. Una cifra favorable tras el balance de los últimos cuatro años es la reducción en las muertes de miembros de la Fuerza Pública. En el último año de las negociaciones fallecieron 119 uniformados mientras que en el último se registraron 97 casos.
Entre las principales preocupaciones sobre la implementación del Acuerdo de paz están los 239 asesinatos de excombatientes de las FARC que han ocurrido. Hay registro de 55 tentativas de homicidio y 20 casos de desaparición forzada. Este mes los excombatientes realizaron una movilización para exigirle al Gobierno que garantice la seguridad de los firmantes.
Desde la firma del Acuerdo preocupa que también hay un incremento en las masacres. En el primer año del post-acuerdo hubo 50 masacres, pero durante el último se presentaron 126. Una situación similar ocurrió con los homicidios de líderes sociales que siguen en niveles altos. Durante 2019 se dio un ligera baja, pero la tendencia se revertió este año. Antioquia y Cauca son los departamentos más golpeados por esta problemática.
Con el Acuerdo nacieron planes como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). En este se prioriza la implementación del Acuerdo en 170 municipios, los cuales representan el 13% de la población de Colombia, pero concentran el 24% de los homicidios del país. En el cuarto año de post-acuerdo hubo un incremento del 36% en los homicidios respecto al primer año del preacuerdo en esos territorios. Un panorama muy diferente mostró el resto de los municipios de Colombia pues los homicidios se redujeron un 12%.
En el año posterior a la firma del Acuerdo, las víctimas de minas antipersonal descendieron de manera notable, pero desde el segundo año el país se encuentra en una meseta. Los distintos grupos armados persisten en utilizar estos artefactos para evitar la acción de la Fuerza Pública en zonas de cultivos ilícitos y en sus áreas de retaguardia.
Además, el desminado está detenido ya que no hay garantías de seguridad. Recientemente el Gobierno solicitó a la Convención de Ottawa (tratado sobre la prohibición de minas) una extensión del plazo para el desminado hasta el 2025. El plazo original estaba previsto para 2021.
La FIP considera que el conflicto armado pasó de un ‘orden nacional’ a múltiples conflictos en lo local, pues macroestructuras criminales como las Farc, ELN y AGC se fragmentaron, y surgieron subdivisiones que están esparcidas en diferentes territorios. A esto se suma la desconfianza que hay en las regiones con la Fuerza Pública y los intentos fallidos de legitimidad por parte del Estado.
Aquí pueden consultar la infografía de la FIP: Un nuevo ciclo de violencia organizada a cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz.
