Desde comienzo de este año los enfrentamientos entre el ELN y las AGC se intensificaron. Desde junio la situación ha empeorado dramáticamente.

El enfrentamiento entre actores armados y fuerza pública en la región del río San Juan tiene un principal afectado: la población civil. Desde los meses de junio y julio, distintos organismos estatales y no gubernamentales vienen alertando sobre las secuelas que deja la disputa territorial entre el Ejército, el ELN y los Gaitanistas (AGC) en esa zona del departamento del Chocó.

Incluso, desde comienzos de año, ¡Pacifista! advirtió la grave crisis humanitaria que se presenta en el departamento de Chocó, producto de la disputa de grupos armados por el control de los ríos San Juan y Baudó –ríos que desembocan en el Océano Pacífico, ideales para sacar droga hacia Centroamérica.

Hace poco menos de un mes, el 29 de julio, al menos 84 indígenas de la comunidad de Puerto Indio fueron desplazados por presuntas amenazas de las AGC. Las cerca de 26 familias tuvieron que desplazarse al municipio de Bahía Solano (donde el municipio no cuenta con capacidad para atender esta emergencia humanitaria).

Ese mismo día, el 29, fue asesinado Emilio Vitucay, líder indígena de la comunidad de Conondo, en el municipio de Bagadó. Vitucay lideraba procesos de preservación del medio ambiente en una zona donde hay una fuerte presencia de minería ilegal y del ELN.

Cuenca del San Juan, territorio de disputa

El pasado 22 de agosto, distintas comunidades étnicas y territoriales de la cuenca del río San Juan, le hicieron un llamado a las autoridades nacionales y a la comunidad internacional para que atienda la grave crisis que sufre esta zona del Chocó.

“Reclamamos por parte del Estado la satisfacción de los derechos básicos en el orden de la salud, la educación y vivienda entre otros, y no solamente limitarse a la presencia de la fuerza militar en la zona” dice el comunicado firmado por los representantes del Consejo Comunitario General del San Juan, del Consejo de Autoridades del Pueblo Wounaan y la Diócesis de Istmina-Tadó.

En el comunicado también le piden a “los diversos actores armados el respeto por la vida y dignidad de todos los individuos y comunidades, la apertura a la libre movilidad en la observancia de los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.

Según una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, emitida el pasado 21 de agosto, en el municipio de San José de Palmar –municipio que hace parte de la cuenca del río San Juan- hay una alta presencia de cultivos de uso ilícito. Los cultivos de coca han aumentado por la falta de apoyo institucional a los proyectos productivos, a la marginalización de las comunidades y a la imposición de las economías ilícitas. Por si fuera poco, las familias que dependen de este tipo de cultivos, dice la Defensoría, son estigmatizadas.

En esta zona ha aumentado también la presencia del ELN por ser un corredor estratégico: tiene conexión por vía fluvial con el río San Juan; hacia el sur, conecta con la cordillera occidental y por el norte, conecta con los departamentos de Risaralda, Caldas y Antioquia.

Sumado a esto, la presencia de las AGC ha ido en aumento. Este grupo armado, según la Defensoría del Pueblo, tiene fuerte presencia en el departamento de Chocó y en la ciudad de Pereria, así como en municipios como Cartago, intenta tomar control de las zonas de cultivos de coca y de las vías fluviales por las que se despacha la paste de coca hacia el Pacífico.

Estos ingredientes –presencia de grupos armados, falta de apoyo institucional, cultivos de coca y rutas de acceso al Océano Pacífico– hacen que la zona del río San Juan sea el coctel perfecto para una grave crisis humanitaria. Organismos internacionales como La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) aseguran que en lo que va corrido del año en el Chocó han aumentado un 53% los hechos victimizantes a la población civil.

Los principales hechos tienen que ver con amenazas, pero también han aumentado los asesinatos selectivos, los desplazamientos, el reclutamiento infantil, secuestro y los casos de confinamiento de comunidades enteras que quedan bajo fuego cruzado.

El principal responsable de estos hechos, asegura la OCHA, es el enfrentamiento entre el ELN y las AGC.