Revisamos la mayor imputación que se ha hecho en Justicia y Paz contra exguerrilleros de las Farc. Esto fue lo que encontramos.
Aunque todavía no realiza las tan anunciadas imputaciones contra miembros del Estado Mayor Central y del Secretariado de las Farc en la justicia ordinaria, la Fiscalía de Eduardo Montealegre ya dejó consignadas sus tesis sobre esa guerrilla en una extensa diligencia realizada en Justicia y Paz a finales del año pasado, en la que le imputó cargos a 133 desmovilizados de esa organización.
Además de dejar en claro que, en su concepto, las Farc no son terroristas ni narcotraficantes, el ente investigador explicó la manera como la guerrilla ha cometido cruentos delitos contra la población civil desde la década de 1980. En esa diligencia, la labor de la Fiscalía se centró en exponer cómo y por qué se cometieron esos crímenes, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de la verdad y al eventual juzgamiento de los máximos responsables, que es lo que se supone ocurrirá una vez se firmen los acuerdos entre el Gobierno y las Farc en La Habana.
Revisamos el expediente para conocer las conclusiones a las que llegaron los investigadores.
Sobre el homicidio
De entre todos los delitos cometidos por la guerrilla, la Fiscalía encontró que el más recurrente es el homicidio y que fue durante las negociaciones del Caguán, con el gobierno de Andrés Pastrana, cuando se ejecutó la mayor cantidad de esos crímenes. Según el ente investigador, el homicidio es una política de las Farc dirigida no solamente contra sus “enemigos” políticos y militares, sino también contra la población civil y contra sus propios guerrilleros, cuando se los señala de ser infiltrados del Ejército y de los paramilitares o cuando cometen faltas graves al reglamento interno de esa organización.
En cuanto a las motivaciones para cometer esos delitos, la Fiscalía determinó que obedecían a controles sociales y territoriales, y a “castigos” por el no pago de extorsiones. Sobre el control territorial a través de asesinatos, dijo que buscaba “eliminar” a supuestos colaboradores o informantes del Ejército o de los paramilitares; mientras que los homicidios por control social pretendían exterminar a presuntos ladrones, asesinos, violadores, o a personas que no obedecieran los lineamientos de las Farc en sus zonas de influencia. En este último punto se incluyó a los guerrilleros y milicianos “ajusticiados”.
También se determinó que algunas de las prácticas más recurrentes en las que ocurrían estos delitos eran la toma de poblaciones, los contactos armados y los fusilamientos. En cuanto a los policías y militares, se dijo que no sólo habían muerto en combates, asaltos y emboscadas, sino también por cuenta del “Plan Pistola” diseñado por el fallecido Víctor Julio Suárez Rojas, el “Mono Jojoy”, quien determinó que a partir del 30 de enero de 2003 cada frente del bloque Oriental debía “dar de baja diariamente a un miembro de la Fuerza Pública”.
Dos hechos que dan cuenta del asesinato como delito sistemático perpetrado por la guerrilla llamaron la atención de la Fiscalía. El primero fue la incursión a la vereda Mata de Plátano, del municipio de Caparrapí (Cundinamarca), ejecutada el 13 de marzo de 1999. Ese día, con el argumento de que en ese lugar se encontraba el exjefe paramilitar Luis Eduardo Cifuentes, alias “El Águila”, 70 hombres de la Farc rodearon la vereda y asesinaron a nueve personas, entre comerciantes y agricultores, a la par que “otras” (sin cuantificar con exactitud) fueron heridas y desplazadas.
El segundo fue el hecho conocido como la toma de El Billar (Caquetá), en la que 64 militares resultaron muertos, 43 fueron secuestrados, 23 terminaron heridos y dos más fueron desaparecidos, en marzo de 1998. La Fiscalía describió cómo, además de ejecutar los homicidios, los guerrilleros despojaron los cuerpos y sometieron a los secuestrados a tratos degradantes e inhumanos. Por estos delitos se encuentran condenados “Timochenko”, “Iván Márquez” y “Fabián Ramírez”, a 40 años de prisión en la justicia ordinaria.
Sobre la desaparición forzada
Según los reportes de la Fiscalía, las Farc desaparecen personas desde 1973. Las motivaciones para cometer los homicidios previos a las desapariciones serían idénticas a las de los casos en los que los cuerpos sí fueron encontrados: controles territoriales, sociales y de recursos. Incluidas en la motivación de control social se encuentran las desapariciones de guerrilleros asesinados, cuyos cuerpos eran enterrados en fosas –información que se oculta a los familiares, contrario a lo que ocurría con los muertos en combate–.
En cuanto a la desaparición en sí misma, la Fiscalía determinó que las Farc hacían uso de ella para evitar que las autoridades investigaran los asesinatos; que los cuerpos quedaran en áreas descubiertas, con el fin de que los guerrilleros no pudieran ser localizados, y que se generara una “mala imagen” de la organización entre la población civil, lo cual podría afectar el trabajo político de la guerrilla. En el caso de la desaparición de guerrilleros “ajusticiados” o muertos en combate, el objetivo era evitar que se fortaleciera la moral del Ejército, lo cual ocurriría si se comprobaba una reducción de los frentes.
El departamento más afectado por la desaparición forzada a manos de las Farc es Antioquia. A la par, los bloques Iván Ríos y Oriental son los mayores responsables, seguidos del Comando Conjunto de Occidente y los bloques Caribe, Magdalena Medio y Sur. Y aunque no pudo establecer que ese delito fuera una política o una directriz emanada del Estado Mayor Central, la Fiscalía afirmó que era “una práctica generalizada y sistemática” de las Farc.
En una alocución de alias el “Mono Jojoy” a sus filas, que se encuentra en poder de la Fiscalía, se da cuenta del recrudecimiento de la guerra que decretaron las Farc a finales de los 90, tras la consolidación de las estructuras paramilitares. De manera particular, se refiere a las zonas del noroccidente del país, donde ocurrieron la mayoría de las desapariciones forzadas contra personas acusadas de auxiliar a los paramilitares.
“Vamos bien, nos falta mejorar y meter más explosivos, más gente y más armamentos, pero se va consolidando ese territorio (…) Es que ahora le tocó llorar a la contraparte, todo aquel territorio que ha consolidado el Gobierno a través de los paramilitares; trajo gente, amigos de ellos, y los pusieron en las tierras de los amigos nuestros, se las robaron. Entonces, ahora llegó la guerrilla, destruyó las casas, mató un poco de gente, y los otros se fueron a llorar. Es decir, ahora lloraron las madres de enemigo”.
Sobre el desplazamiento forzado
Agricultores, albañiles, trabajadoras del hogar, estudiantes, administradores y profesores, entre otras personas, fueron desplazados por las Farc. En cuanto a los desplazamientos indirectos, se estableció que la práctica más recurrente era la toma guerrillera, cuyo uso excesivo de la fuerza ha afectado gravemente a la población civil, especialmente a la que reside cerca a las estaciones de Policía o a los batallones. Durante la diligencia de imputación, se abordaron las tomas de La Uribe (Meta), Mitú (Putumayo), Arada (Tolima), El Billar (Caquetá) y Miraflores (Guaviare), todas ejecutadas en 1998, año en que las Farc se sentaron a negociar con el presidente Pastrana en San Vicente del Caguán.
Respecto a los desplazamientos directos, se determinó que obedecieron a amenazas contra personas consideradas objetivo militar por estar en desacuerdo o en contravía de las políticas de las Farc, o porque sus bienes eran “requeridos” por la guerrilla. Los desplazamientos motivados por el despojo de tierras tendrían sustento, en palabras del ente acusador, en la Ley 001 de las Farc o de “reforma agraria revolucionaria”.
También han existido amenazas contra grupos indeterminados, como “simpatizantes de paramilitares” o “detractores de la insurgencia”, que han generado desplazamientos en distintas zonas del país. De los casos analizados, la Fiscalía dedujo que las personas se desplazaron por temor, combates directos entre las Farc y la Fuerza Pública, amenazas, masacres, expulsión de los territorios, miedo a posibles agresiones sexuales y tentativas de homicidio.
Sobre el reclutamiento de menores
De los 1.986 menores de edad desvinculados de grupos armados ilegales que están en poder del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 1.533 pertenecieron a las Farc. Caquetá, Antioquia y Tolima son los departamentos más afectados por ese delito, toda vez que tuvieron una fuerte presencia de esa guerrilla hasta la década de 1990.
Mientras en el periodo 2002 – 2006, durante el primer mandato de Álvaro Uribe, la desvinculación de menores llegó a su punto más alto, en Antioquia incrementó el reclutamiento entre 2006 y 2010, cuando arreciaba la política de Seguridad Democrática y, con ella, el debilitamiento de los frentes.
La Fiscalía pudo establecer que el volumen de reclutamientos está concentrado entre los 12 y los 16 años, y que el 69% de los menores desvinculados son hombres, mientras el 31% son mujeres. Casi el 6% de ellos no saben leer ni escribir, y más de la mitad sólo estudiaron la primaria.
En cuanto a las estructuras, se estableció que la mayoría de los menores pertenecían al bloque Sur, seguido de los bloques Oriental e Iván Ríos. Asimismo, se estableció que 845 niños y jóvenes habían ingresado al grupo por persuasión, mientras 334 lo hicieron de manera forzada y 156 por engaño.
Sobre el secuestro
Después del homicidio, el desplazamiento y la desaparición, el secuestro fue el delito más frecuente cometido por las Farc hasta 2012, cuando la guerrilla lo prescribió, al menos en su modalidad extorsiva. Su práctica, según la Fiscalía, estuvo relacionada con la promulgación de la Ley 002 de las Farc, por medio de la cual se creó un sistema de tributación en el que se incluyeron personas cuyo patrimonio superara el millón de dólares. El no cumplimiento de los pagos ocasionaba el secuestro de los ciudadanos, lo cual ocurrió en múltiples ocasiones.
En este caso, la Fiscalía se refirió a los secuestros cometidos durante las tomas de La Uribe, Mitú, Arada, El Billar, Miraflores y Puerto Rico (Meta, 1999), y a los secuestros del entonces exgobernador del Meta Alan Jara (2001), de la congresista Consuelo González de Perdomo (2001); de Gloria Polanco (2001), inscrita como candidata al Congreso durante su cautiverio; de la candidata presidencial Íngrid Betancur (2002), y del avión de Aires en el que se transportaba el senador Jorge Eduardo Gechen (2002), cuyo secuestro motivó la ruptura de los diálogos entre Pastrana y las Farc.
Del análisis de los casos se identificó que los secuestros se habían realizado mediante tomas a poblaciones, desvíos de aeronaves, retenciones en los lugares frecuentados por las víctimas y retenes ilegales, más conocidos como pescas milagrosas. En cuanto a las tomas, la mayor cantidad de víctimas secuestradas fueron integrantes de la Fuerza Pública, con cuya retención se buscaba solicitar un intercambio de soldados y policías por guerrilleros presos. La Fiscalía determinó que, en general, el grueso de los secuestrados fueron servidores públicos.
Además del canje, que corresponde al 93% de los hechos, se analizaron las motivaciones políticas y económicas. En este último caso, los secuestros estuvieron dirigidos contra autoridades civiles y eclesiásticas, industriales y comerciantes, algunos de los cuales fueron sustituidos por sus familiares. También se presentaron retenciones de médicos, enfermeros y conductores, con el fin de obtener sus servicios forzadamente.
Este delito, tal como quedó consignado en el relato sobre la toma de El billar, incluyó la comisión de tratos crueles e inhumanos, entre los que se cuentan detenciones en campos de concentración y bajo tierra, encadenamientos, castigos, suministro de alimentos en descomposición, negación de asistencia médica, ayuno forzado, caminatas extenuantes, desnudez, amenazas de muerte y realización de necesidades fisiológicas en presencia de los carceleros.
Sobre la violencia basada en género
Pese a que distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos han recopilado múltiples testimonios sobre crímenes de ese tipo, la Fiscalía sólo ha documentado 14 casos en el área de injerencia del bloque Oriental, tres de los cuales fueron cometidos contra guerrilleras y 11 contra campesinas, estudiantes y trabajadoras del hogar. La mayoría de los hechos se presentó en zonas rurales, usando fuerza física y amenazas.
Según el ente investigador, los guerrilleros ejecutaron estos delitos como una demostración de poder sobre la población civil que se negaba a cumplir sus órdenes o que era señalada de colaborar con el Ejército y con los paramilitares. En cuanto a la violencia intrafilas, se refirió que la planificación forzada y el aborto forzado son políticas de las Farc, que están contenidas en sus estatutos y que su no aplicación genera consejo de guerra. Además, se estableció que los abortos se realizan en hospitales móviles o fijos y que son practicados por enfermeros o médicos empíricos.
Esta situación fue corroborada por exguerrillero Raúl Agudelo Medina, alias “Olivo Saldaña”, (cuestionado por brindar falsos testimonios en múltiples ocasiones) quien manifestó durante la audiencia que “las Farc desarrollan violencia de género de manera sistemática en contra de guerrilleras en clínicas y hospitales clandestinos, donde se practicaron múltiples abortos y legrados”. También se presentaron casos en que las guerrilleras de bajo rango fueron violadas por sus superiores como una demostración de estatus al interior de la organización, según pudo establecer la Fiscalía.
