OPINIÓN | No es posible que el ministerio de las TIC hable de dar un 'mínimo vital' de datos pero en el siguiente renglón lo condicione a la descarga de CoronApp. Tampoco es posible que sigan robusteciendo esta plataforma para que recolecte más información personal.
Por: Emmanuel Vargas Penagos*
Internet ha servido para que mucha gente trabaje, estudie, se informe, grite, ría, ame y conserve parte de su vida en la pandemia. El Gobierno saca y saca anuncios de tecnología para combatir el virus y la Corte Constitucional deja ir una oportunidad para recordar que hay derechos en riesgo.
Sylvia Constaín, quien hasta hace poco era la ministra de las TIC, habló de medidas del Gobierno para garantizar un ‘mínimo vital’ de acceso a internet y se refirió a la urgencia de que la gente descargue Coronapp, ‘la aplicación que salva vidas‘. El viceministro de las TIC, Iván Mantilla, anunció que el portal Colombia aprende será gratuito para usuarios de teléfonos de celular con planes que no superen el costo de 71.240 pesos. El decreto que permitió la medida que anunció Mantilla dice que los servicios de telecomunicaciones son un “servicio público esencial”.
Los funcionarios del Gobierno dicen en entrevistas, videos y conferencias virtuales que internet nos va a salvar la vida. Sonríen, les brillan los ojos, hablan agitados o con una voz dulce, como la tía o tío que viajaba al extranjero cuando todavía se podía y traía regalos e historias de un mundo mejor. Varias de las cosas que propone el Gobierno pueden servir para combatir la pandemia, pero estos juguetes tienen un impacto grande sobre nuestros derechos.
Nuestros pensamientos y nuestra vida privada están en nuestro celular. Cuando la gente está encerrada pero la vida sigue, más partes de nosotros están conectadas a internet y otras tecnologías. Esto lo están reconociendo varias instancias de derechos humanos: los expertos de libertad de expresión de las Naciones Unidas, de la CIDH y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa dijeron hace poco que el acceso a internet es crítico en este momento y que la información que obtenemos a través de esa red es vital.
La Corte Constitucional dejó ir una oportunidad para recordarle al Gobierno que la tecnología y nuestros derechos están conectados. El 22 de abril, los magistrados de esa Corte negaron dos demandas que presentamos varias personas y organizaciones en contra de la Ley Tic en agosto del año pasado (acá puede encontrar un resumen de las demandas). Esto a pesar de que durante la pandemia de la Covid-19 se ha visto que, como se dice en la demanda, las tecnologías de la información y las comunicaciones son claves para nuestros derechos humanos y las leyes que las regulan tienen que pasar por el procedimiento más riguroso y no pueden hacerse a la ligera.
La Corte consideró que, a pesar de que esta ley le da un poder muy grande para definir el acceso a Internet, la televisión y la radio, no afectaba partes esenciales de nuestros derechos. Parece que la Corte le dio razón a lo que dijo el Gobierno en su respuesta a la demanda, basada en sentencias de hace 10 y 20 años, cuando las tecnologías de la comunicación no eran las que son hoy. Qué lástima que la Corte no haya tenido en cuenta cosas como que esa misma ley ya está teniendo impactos importantes en nuestros derechos: esa norma creó la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que en estos días ha dado los lineamientos para extender y dar acceso a los cables y antenas que, según el Gobierno, nos van a salvar de la debacle.
Los decretos que sacó el Gobierno para adoptar sus medidas tecnológicas también tendrán que ser revisados por la Corte Constitucional en los próximos días. Lo que diga la Corte en esa revisión de los decretos de emergencia también es clave para que las políticas del Gobierno en el uso de la tecnología tengan más en cuenta los derechos humanos. No es posible que el ministerio hable de dar un ‘mínimo vital’ de datos pero en el siguiente renglón lo condicione a la descarga de CoronApp. Tampoco es posible que sigan robusteciendo esta plataforma para que recolecte más y más información personal (como lo explica este artículo de Karisma). CoronApp y otras herramientas similares son muy útiles, pero pueden convertirse en las bases para una autopista de vigilancia estatal en el futuro.
El Relator Especial de las Naciones Unidas en temas de salud mental y física ha dicho que las tecnologías móviles pueden servir para “mejorar el disfrute del derecho a vivir y participar en la comunidad”. La CIDH dijo recientemente que los Estados debían buscar formas para que las personas aisladas, especialmente los adultos mayores, tengan formas alternativas de comunicarse con sus familias. El ‘mínimo vital’ es lo básico que necesitan las personas para poder desarrollar su estilo de vida con “todo lo que requiere para vivir dignamente”. Si pasamos esto a internet, seguro que acceder gratuitamente a Colombia aprende es útil, pero, ¿no será que existe un mínimo vital de Tik Tok, Spotify, Youtube, Coursera o Zoom? (pueden ver un poco más sobre esto en la intervención que presentamos entre unas organizaciones a la revisión de uno de los decretos).
Es casi inevitable que el presidente y los ministros siga viendo la tecnología con la emoción de un regalo recién desempacado. Pero todo esto viene con contraindicaciones y letra chiquita sobre nuestros derechos humanos, la tarea de la Corte es recordárselo al gobierno.
*A Emmanuel lo pueden seguir acá.
