En su informe semestral, Somos Defensores señala que las decisiones y medidas tomadas por el Gobierno se alejan de las necesidades reales de los líderes.
En el informe semestral titulado El virus de la Violencia de Somos Defensores, se denuncian los ataques contra líderes sociales ocurridos entre enero y junio de este año. No ayuda que el Gobierno niegue que haya un recrudecimiento de la violencia y tampoco que no considere que se trate de algo sistemático. Asegura que está teniendo resultados, pero las cifras dicen lo contrario. Para la defensora de Derechos Humanos Diana Sánchez, los informes del Gobierno “presentan diagnósticos parciales, y recomendaciones vacías, llenas de lugares comunes y obviedades”.
Dentro de esos lugares comunes a los que se refiere Sánchez está la militarización, una estrategia en la que insiste el Gobierno pese a que no ha demostrado servir en las comunidades donde se implementó. Ha habido zonas donde incluso la situación empeoró. Por ejemplo, en el Cauca aumentó la presencia de la Fuerza Pública, pero eso no se tradujo en menos asesinatos.
El informe registró que los homicidios de líderes sociales pasaron de 59 casos en 2019, a 95 para el mismo periodo de este año. Los lugares donde más se reportaron estos crímenes fueron los departamentos de Cauca y Antioquia, que entre las dos corresponden al 42 por ciento de estos casos en el país. Como si fuera poco, el 62 por ciento de los asesinatos no tienen un presunto responsable.
Somos Defensores registró un total de 463 agresiones ocurridas a 452 personas. Estas se refieren, además de los asesinatos, a las amenazas, atentados y detenciones arbitrarias. Respecto al año pasado, las agresiones se redujeron un 22 por ciento pero es necesario aclarar que debido a la pandemia se presume que hubo un subregistro. Un 28 por ciento de ellas estuvo dirigido a mujeres defensoras de DDHH.
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Ante este panorama, el informe criticó el Plan de Acción Oportuna (PAO), la estrategia estatal del Gobierno Duque que nació con el propósito de proteger a los líderes. Somos Defensoras considera que el PAO no ha cumplido con su objetivo, fallando no solo a quienes ejercen su liderazgo, sino a las personas involucradas en la paz, los campesinos inscritos en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS- y a los excombatientes en proceso de reincorporación.
Entre las críticas al Gobierno y su desempeño también están la actuación sesgada de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para garantizar la seguridad de líderes. En algunos casos, ante las amenazas comprobadas de líderes, estos solo les dieron un celular y un chaleco antibalas. El documento también reprocha el aprovechamiento de los medios para engrandecer sus resultados militares, como cuando mencionan el desmantelamiento de grupos criminales y los relacionan sin bases sólidas con la violencia contra los líderes.
Hubo críticas también a la falta de equilibrio de poderes pues a la Fiscalía, la Defensoría y la Contraloría que están encabezadas por funcionarios afines al uribismo se suma la Procuraduría, por lo que es válido percibir que quienes pueden presionar la defensa de los líderes, o tienen una voz más crítica, tienen menos representación. Los respaldos, sin embargo, residen principalmente en organismos multilaterales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues son entes que constantemente expresan su preocupación sobre el tema.
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De igual manera preocupa lo que pase con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y las Zonas Futuro, pues sus procesos comunitarios pasaron a ser altamente permeados por la presencia de militares, algunos de ellos extranjeros. Otra dificultad frente a la Fuerza Pública es que ante los evidentes y constantes casos comprobados de abuso del Ejército y la Policía, no hay una intención real de reformar estos órganos. Durante este primer semestre, las agresiones a líderes por parte de la Policía y el Ejército aumentaron un 157 por ciento.
La Fuerza Pública fue responsable del 12 por ciento de las agresiones a líderes sociales durante los primeros seis meses de este año. Por otra parte, un 30 por ciento de estas fueron responsabilidad de los paramilitares, 10 por ciento de las disidencias de las FARC, 6 por ciento del ELN y el 5 por ciento de la Fiscalía. Al igual que con las cifras de homicidio, lo más frecuente con el grueso de las agresiones es que no se pudo determinar su origen.
El informe resume la situación de desamparo que enfrentan los líderes. Somos Defensores considera que tanto la Presidencia como el Ministerio del Interior se lavan las manos respecto a este tema. Además, señalan que la labor de Duque y su gabinete es superficial en el análisis de cifras pues, para ellos los homicidios son el único tipo de agresión considerado, por lo que ignoran otras informaciones que son cruciales para desarrollar estrategias de protección más eficientes.
El informe concluyó que, a pesar del panorama tan desolador de la violencia y la pandemia, las comunidades persisten en su sensibilidad y capacidad de movilización por las personas que defienden sus derechos.
Pueden revisar el informe completo de Somos Defensores por acá.
