Representan más del 13% del área territorial colombiana y padecen un riesgo que parece invisible: 19 de las 59 áreas sufren la alta incidencia de los cultivos ilícitos, la minería ilegal y la sobreutilización del suelo. La deforestación alcanzará las 526 mil hectáreas en 2015.
Por Camila Tovar
El 90% de los territorios que deberían tener una agenda concreta en las mesas de negociación con las guerrillas se caracterizan por su patrimonio natural en estado de protección. Así lo piensan desde Parques Nacionales Naturales, donde dicen que estas zonas, que representan más del 13% de Colombia, son escenarios continuos de la guerra. Hoy son 59 áreas protegidas, que suman 143 mil kilómetros cuadrados de la superficie normal (12% del total del área continental y 1,5% de área marina), de las cuales 26 están habitadas por poblaciones indígenas y afrodescendientes.
Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, 19 de las áreas protegidas en Colombia se han visto perjudicadas por el conflicto armado, el cultivo de coca, la minería ilegal y el uso equivocado del suelo. La mayoría se ubican en la Costa Atlántica, y en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Boyacá, Meta, Caquetá, Amazonas y Putumayo. La Sierra Nevada de Santa Marta, Flamingos Old Providence, Paramillo, Iguaque, Yariguíes, Pisba, la Sierra Nevada del Cocuy e Isla Gorgona son algunas de las zonas que se han visto más afectadas por la incidencia del conflicto durante los últimos cinco años.
Según Parques Nacionales, estos territorios están habitados por aproximadamente 7 mil indígenas, 17 mil campesinos y 4 mil afrodescendientes; sin contar el número de guerrilleros, soldados o miembros de otros grupos armados que viven o transitan por estas zonas.
La minería y la coca, las rentas del conflicto
El cultivo de hoja de coca es el principal enemigo de estas reservas naturales. Según el monitoreo de cultivos de 2014 de la UNODC, las áreas Putumayo-Caquetá, Meta-Guaviare y el litoral Pacifico son los centros de mayor abundancia de cultivos ilícitos.
El área cultivada con coca en Parques Nacionales Naturales representa el 0, 37% del área total de las zonas protegidas y el 8 % de los cultivos ilegales detectados en 2014. Dieciséis de las 59 áreas verdes protegidas cuentan con cultivos de coca y el territorio sembrado con estas plantas aumentó un 45% durante 2013 y 2014.
Los parques naturales Nukak, Sierra de la Macarena, Paya, Tinigua y Farallones de Cali son los más afectados por esta dinámica. Por ejemplo, solo en el último año Tinigua y Farallones de Cali aumentaron los cultivos de coca un 694% y 502%, respectivamente.
La minería ilegal, por otro lado, ha arrasado con buena parte de once parques naturales. Debido a estas prácticas cerca de 300 especies de aves y 30 ríos están en alto riesgo de desaparecer. La explotación criminal de oro es una fuente de ingreso ilegal que ha despojado a estas reservas de gran parte de su riqueza.
Las autoridades ya dan como un hecho que, para final de 2015, la tasa de deforestación ya sumaría 562 mil hectáreas. Los parques más afectados son el Cahuinarí (en el Caquetá), Amacayacu y Río Puré (Amazonas) y Puinawai (en Guainía). Y otros territorios afectados indirectamente son: Paramillo, La Paya, Alto Fragua, Yaigoje Apaporis, Nukak y Acandí.
Por ejemplo, en Cahiunarí, la concentración de mercurio es de 15,4 a 19,7 ppm, unas 20 veces mayor a los niveles permitidos. Una cifra alarmante ya que los Parques Nacionales Naturales contribuyen con el 11,3 % de la oferta hídrica nacional.
En suma, por cada hectárea que se siembra se deforestan cuatro y, como si fuera poco, la tala indiscriminada de árboles y la ganadería extensiva se da en once parques naturales. Estas actividades que sobreutilizan el suelo dejan aproximadamente unas 26 mil hectáreas deforestadas al año.
¿Qué va a hacer el Gobierno para salvar los parques?
“En el posconflicto esperamos un acuerdo entre el Estado, los habitantes de estas reservas y Parques Nacionales para que se valore la vida humana y la natural que reside en las zonas protegidas. Se trata de un proceso pedagógico tanto para campesinos como para las entidades de control sobre el manejo del patrimonio verde”, comenta Carolina Jaramillo, subdirectora de manejo y gestión de áreas protegidas de Parques Nacionales Naturales.
Según el Ejecutivo, a través de sus programas para controlar y restaurar los parques naturales, ha conseguido reparar más del 10% de los territorios afectados. Además, la Unidad de Restitución de tierras, junto al IGAC, elaboró una propuesta económica para el sostenimiento de 19 parques naturales. El proyecto se inició en 2015 y fue financiado por la empresa alemana KFW Bankengruppe y llevado a cabo por Parques Nacionales Naturales.
También ha surgido una alternativa en el proyecto de ley de reforma integral rural que se anunció a finales del mes de julio. Esta iniciativa incluiría las recomendaciones de la Misión rural, las propuestas del Pacto por el Agro, los resultados del censo nacional Agropecuario y los procesos de desarrollo de las organizaciones del sector campesino y ambiental.
El Ministerio de Ambiente también anunció que impulsará tres leyes. Entre ellas está la reestructuración de las corporaciones autónomas regionales (CAR) y la lucha contra la minería ilegal, coordinada por los Ministerios de Minas, Justicia y Defensa. Así como promete que recuperará el 90% de las áreas protegidas perjudicadas.
Oportunidades en el posconflicto
Las oportunidades más efectivas, que se han ido desarrollando durante los últimos diez años y que pueden ser una alternativa cuando se dé fin al conflicto armado, son el ecoturismo y el biocomercio. Estas dos actividades son consideradas un puente entre la prohibición y el extractivismo.
En 2004 Parques Nacionales Naturales inició el diseño e implementación del Programa de Fortalecimiento del Ecoturismo. En total, 23 de las 59 áreas están abiertas a para esta práctica. Seis áreas trabajan bajo el Ecoturismo Comunitario, cinco con el esquema de Concesión de Servicios Eco turísticos y doce prestan servicios eco turísticos manejados directamente por Parques Nacionales Naturales. De 2005 a 2001, el número de visitantes a los parques pasó de 441.260 personas a 694.148 en 2011.
El biocomercio es la segunda alternativa que, en el escenario de la posguerra, buscaría un aprovechamiento sostenible de los recursos de estas zonas verdes en protección. Hoy, según el Ministerio de Ambiente, subsisten 150 propuestas de biocomercio en el país y el 76% son agropecuarias, 24% son de productos no madreables, 17% son de ecoturismo y 2% maderables. La proyección es que para el 2018 haya 653 negocios verdes, apoyo constante para 2000 familias indígenas, 1200 afrocolombianos y 1300 familias campesinas que viven en zonas naturales afectadas por el conflicto.