Una ONG estadounidense le pide al gobierno de Obama invertir en la implementación de los acuerdos y desclasificar documentos de guerra.
En medio siglo que completa el conflicto colombiano, Estados Unidos ha tenido un papel decisivo en la lucha contra las guerrillas y el narcotráfico. A través del Plan Colombia, que supera los 15 años de implementación, ese país ha invertido cerca de 9 billones de dólares en el fortalecimiento y la modernización de las Fuerzas Militares y en la asistencia social a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
De ahí que, para muchos, el gobierno norteamericano tenga una responsabilidad ineludible en la construcción de paz en Colombia. Así lo cree la Oficina en Washington para América Latina (Wola), una organización no gubernamental que le hace seguimiento al proceso de paz entre el Gobierno y las Farc.
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Recientemente, Wola elaboró un documento con sendas recomendaciones sobre el rol que debería jugar Estados Unidos en la etapa de implementación del acuerdo final al que lleguen las partes en La Habana. Entre ellas, se encuentran promover las negociaciones con el Eln, continuar expresando apoyos al proceso de paz y contribuir al desmantelamiento de las bandas criminales. Estas últimas, a su juicio, amenazan la “efectiva desmovilización de los grupos guerrilleros, la existencia pacífica de comunidades rurales y urbanas, y las vidas y actividades de líderes de la sociedad civil”.
Estas son las principales sugerencias que le hace la entidad al gobierno de Barack Obama:
Invertir en la implementación de los acuerdos
Wola le recomienda a Estados Unidos invertir recursos, durante al menos cinco años, en la implementación de los acuerdos entre el Gobierno de Colombia y las Farc. Según esa organización, los dineros podrían dejar de concentrarse en la asistencia militar y redirigirse a los nuevos programas, proyectos e instituciones que surjan del acuerdo final.
Asimismo, sugiere apoyar a actores que puedan verificar el cumplimiento de lo acordado, tales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y distintas organizaciones de indígenas, afrodescendientes, víctimas, mujeres y campesinos, entre otras, que “tendrán el mejor conocimiento y capacidades para construir la paz territorial”.
Para garantizar que los recursos se gasten adecuadamente, dice Wola, el Congreso de Estados Unidos podría conformar un grupo de trabajo bipartidista que realice labores de monitoreo. El Departamento de Estado y la Embajada, por su parte, harían gestiones políticas para “invocar el cabal cumplimiento de los acuerdos por parte de todos los sectores”.
Contribuir al esclarecimiento de la verdad
Tomando como ejemplo lo ocurrido con Guatemala, El Salvador, Chile, Perú, Panamá y Brasil, Wola le pide al gobierno norteamericano que desclasifique la mayor cantidad posible de documentos relacionados con la guerra en Colombia. Los archivos provendrían de los departamentos de Estado, Defensa y Justicia, la CIA, la DEA, la Casa Blanca y la Agencia Nacional de Seguridad, y tendrían como destino la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz.
Además, esa ONG solicita que las víctimas y la Comisión tengan amplio acceso a guerrilleros, militares, narcotraficantes y paramilitares que se encuentren detenidos en prisiones de Estados Unidos, con el fin de que puedan contribuir a las investigaciones sobre el conflicto.
Apoyar la transición de las Fuerzas Armadas
Se espera que, una vez finalizado el conflicto con las Farc, los militares se concentren en la lucha contra otras organizaciones armadas ilegales y en la defensa de las fronteras.
Teniendo en cuenta la influencia que ha tenido Estados Unidos sobre las Fuerzas Armadas, Wola sugiere que el gobierno norteamericano presione para que la Policía “reemplace” al Ejército en “el mantenimiento del orden interno en áreas rurales y urbanas” y reciba capacitación en “técnicas de patrullaje comunitario y respeto a los derechos humanos”. Una Policía con ese enfoque debería, según la entidad, estar adscrita al Ministerio del Interior, en vez de al de Defensa.
Igualmente, se pide continuar exigiendo el juzgamiento de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por militares y la suspensión de todos aquellos involucrados en esos delitos.
En cuanto al entrenamiento, Wola recomienda que se enfoque en funciones de defensa externa, incluya capacitaciones en respeto por la diversidad étnica y cultural, y elimine las prácticas asociadas a la “doctrina del enemigo interno”. Esta última, en concepto de esa ONG, “ha contribuido a la percepción de que organizaciones de víctimas y de derechos humanos son también adversarios y blancos legítimos”.
Participar activamente en el desminado y en la reintegración de los combatientes
Wola también insta a Estados Unidos a prestar asistencia técnica para la elaboración de programas de reintegración que presten atención diferencial a niños, niñas y mujeres que participaron en la guerra, con especial énfasis en quienes fueron víctimas de violencia sexual. Igualmente, a que apoye todos los esfuerzos que se hagan para la protección de los excombatientes, de común acuerdo con el gobierno colombiano, los desmovilizados y la comunidad internacional.
En cuanto al desminado humanitario, que ya arrancó en dos municipios de Meta y Antioquia, Wola le sugiere al gobierno de EE.UU. asesorar el trazado de mapas y la eliminación del material explosivo. La puesta en marcha de esos programas, según la entidad, debería hacerse previa consulta con las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas.
