Esta es la historia de un grupo de mujeres que exige, desde Bogotá, una reparación que tenga en cuenta su cultura y su relación con el territorio.
Las mujeres afrocolombianas han sido víctimas de todos los actores armados: Ejército, paramilitares y guerrillas. En silencio han tenido que soportar reclutamientos, abusos y despojos. Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas, 24.000 mujeres fueron víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. De ese total, 8,3% son mujeres afrocolombianas. Esta cifra es tan solo la punta del iceberg, pues de fondo hay un importante subregistro.
Visibilizar a las mujeres afrocolombianas es justamente el trabajo que viene adelantando el colectivo Comadre, integrado por mujeres afro que a su vez hacen parte de Afrodes (Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados). Una de las luchas de Comadre es mostrar cómo, desde un proceso organizativo autónomo, las víctimas del conflicto armado de diferentes regiones del país pueden reclamar por sus derechos y por la verdad en el conflicto armado. En los últimos años, el trabajo de estas mujeres se ha enfocado en recopilar los casos de violencia sexual y tratarlos desde enfoques terapéuticos ancestrales y de confianza.
Los primeros talleres los hicieron en Bogotá, con mujeres de Engativá, Bosa, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Candelaria, Tunjuelito y Usme. Después de ser víctimas de desplazamiento forzado, varias mujeres se atrevieron a compartir sus historias. En la medida en la que fueron creciendo los talleres, comenzaron a llegar testimonios de Antioquia, Nariño, Chocó y Vale del Cauca. Y ahora trabajan a nivel nacional recolectando más historias.
Elizabeth Miñán, integrante de La Comadre, nos dijo que para ir tejiendo las historias utilizaron “la medicina tradicional y la sabiduría ancestral para poder tener unos talleres completos y para que ellas pudieran hacer esa sanación. Queríamos que entendieran ellas jamás tuvieron la culpa”. Elizabeth vio, mientras transcurrían los talleres, que el liderazgo de muchas mujeres se vio frustrado por este tipo de violencia: “Muchas mujeres con las que hemos hablado nos dijeron que por su labor como líderes en su comunidad fueron atacadas. Sus victimarios las atacaban para callarlas.”
La Comadre ha logrado recolectar 350 casos de mujeres víctimas de violencia sexual y ha denunciado 94 ante la Fiscalía. Otro de los objetivos por los que ha trabajado es el reconocimiento ante la Unidad de Víctimas como sujetos de reparación colectiva desde 2014. Sin embargo, el gobierno no ha prestado suficiente atención. “No hemos podido avanzar en el marco de la reparación colectiva, ni siquiera hemos culminado la fase de alistamiento”, nos dijo Luz Marina Becerra, presidenta de La Comadre.
De acuerdo con Becerra, uno de los problemas es que actualmente no están siendo cobijadas por normas “que puedan acoger las necesidades y lograr así una reparación efectiva”. Este grupo de mujeres quiere ser cobijada, entretanto, con el decreto 4635, que consiste en otorgarles a las víctimas “medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocombianas, raizales y palenqueras”. Este decreto, de hecho, contempla la reparación de los daños culturales de esta comunidad y reconoce la diversidad étnica en el país.
No obstante, la Unidad de Víctimas les respondió que podrían ser acogidas en el marco de la Ley 1448. Para el colectivo, esta ley se queda corta en materia de reparación étnica, que es justamente lo que están solicitando. Por eso, como mínimo esperan ser cobijadas por el decreto que contempla la reparación étnica.
La lucha por el reconocimiento
Sin reparación étnica integral, el colectivo señala que se seguirán repitiendo los patrones del conflicto armado. Y no entienden por qué fueron reconocidas en 2015 bajo el amparo del decreto y en julio de 2016 fueron trasladadas al grupo de víctimas que cobija la Ley 1448, de víctimas y restitución de tierras. En 2017, después de insistir, fueron reconocidas teniendo en cuenta el decreto, pero en 2018 de nuevo les dijeron que las medidas que recibirían serían las que contempla la 1448. Para Becerra, la Unidad de Víctimas “desconoce que el territorio se lleva a través de las prácticas ancestrales”, es decir, que más allá de si están en Bogotá, la reparación que necesitan debe tener en cuenta el componente cultural.
En el sistema de Reparación Colectiva se encuentran 793 personas inscritas, de las cuales 511 hacen parte de grupos étnicos; 328 indígenas y 182 afrocolombianos. De ese grupo de sujetos étnicos, el 67% está en etapa de identificación, es decir que si bien hacen parte del registro, aún no han definido medidas para sus casos. Así lo explica Marcos Oyaga, representante de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento: “Son sujetos que no han empezado ni el alistamiento, y las instituciones no han empezado a caracterizar daños ni a formular medidas de reparación, entre estos casos está el de La Comadre, que lleva dos años en esa etapa.”
Según Marcos, estos procesos no permiten avanzar en la reparación y están generando nuevas formas de violencia: “Las violencias se perpetúan cuando entran a las rutas institucionales de reparación, porque lo que pasa con la implementación de la Ley de víctimas es que ha habido una decisión deliberada a la institucionalidad por no avanzar en los pasos étnicos de reparación, que corresponden al 65% de casos.”
Para Danny Ramírez, responsable del equipo étnico de la Comisión de La Verdad, “el Estado aún tiene varios retos frente a la comprensión de la diversidad de las poblaciones y debe entender cómo estos sujetos quieren ser reparados (…) También debemos entender que estamos construyendo verdad en medio de un conflicto, eso limita muchísimo lo que podemos hacer desde la institucionalidad”.
Xiomara Balanta, magistrada de la JEP, señala que es indispensable pensar en los enfoques diferenciales para garantizar la reparación y la no repetición. “Se deben pensar cuáles son las medidas de sanación y entender cómo se sienten satisfechas las víctimas y escuchar las medidas que quieren las víctimas. (…)El reto que se tiene está en buscar mayor legitimidad y confianza en las organizaciones. Es necesario que crean en el sistema y lo apoyen”.
Durante estos 12 años, La Comadre ha sorteado diferentes obstáculos, por eso Luz Marina Becerra dice que no es momento de rendirse: “Reconocemos la inclusión étnica al interior del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, pero para nosotros es importante que el Estado en general reconozca que al pueblo negro y especialmente a las mujeres afro el conflicto armado nos ha afectado de manera diferencial y desproporcional”.
