El Gobierno planteó una estrategia a cinco años para eliminar las minas de más de 700 municipios.
11.405 víctimas entre civiles y miembros de las Fuerzas Armadas. Ese es el saldo que, desde los años noventa, han dejado en Colombia los artefactos explosivos terrestres. El país sigue siendo el segundo más minado a nivel mundial, solo por debajo de Afganistán. Las Farc han sido quienes más minas han puesto y, con eso en mente, el Gobierno y esa guerrilla, como parte de las medidas de desescalamiento del conflicto en el marco de los diálogos en Cuba, acordaron hace más de un año un plan para erradicar los explosivos terrestres en el país.
Hoy hay 700 soldados adelantando esas labores con el acompañamiento de miembros de las Farc y de delegados de la comunidad internacional. Esas acciones se suman a lo que desde 2001 se venía haciendo con base en las medidas que contempla el Tratado de Ottawa –firmado por Colombia en 1997–. Desde entonces se ha desminado en 24 municipios, declarando cinco de ellos totalmente libres de artefactos explosivos.
Según cifras oficiales, son más de 600 municipios los que tienen minas sembradas. En la inauguración del Foro de Expertos sobre Desminado, que tiene lugar esta semana en Bogotá, el Presidente dijo que ya está andando un plan para que en 2021 el país esté libre de minas. El reto, admitió, es ambicioso. “En un país minado no es posible una paz completa”– dijo–, pues por culpa de las minas se limitan procesos como la restitución de tierras, la presencia estatal y la sustitución de cultivos.
En ese mismo evento, hablaron Rafael Pardo, ministro para el Posconflicto, Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz, y Rafael Colón, actual director de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal. Estas son, según ellos, algunas de las claves para poder cumplir la meta de un país desminado dentro de cinco años.
Priorización y acción en los municipios más afectados
El plan que se trazó de cara a 2021 dividió a los municipios en cuatro categorías. De mayor a menor riesgo: 199 municipios con alta afectación; 291 con presencia de minas en menor nivel, pero donde se adelantarán estudios no técnicos y acompañamiento a las comunidades; 183 que no registran incidentes que relacionen a personas, donde se trabajará de la mano de la comunidad y los entes territoriales, y más de 400 donde no hay reportes de minas pero se debe seguir haciendo seguimiento.
Entre los 199 municipios de alta afectación se priorizaron 47, con el propósito de empezar operaciones de desminado humanitario. Los primeros 20 se intervendrán a partir de este año. Para escoger esos municipios el Gobierno considera las siguientes variables: solicitudes de restitución de tierras, alta presencia de cultivos ilícitos, presencia de comunidades indígenas y negras, áreas protegidas por el sistema de Parques Nacionales y la intensidad del conflicto armado.
Hasta ahora, dijo el general Colón, “las zonas donde hemos intervenido no son los territorios con los mayores niveles de afectación. La variable de seguridad es la que ha condicionado dónde y cuándo ir a retirar las minas”. En esos municipios de alta afectación, que serán priorizados en el plan de desminado, se encuentra más del 70% de las víctimas de esos artefactos.
La estrategia, que empezará con 47 de esos 199 municipios y que se extenderá a los demás niveles, debe articularse, según Colón, con las iglesias, campesinos, las organizaciones sociales, los mismos combatientes que militaron en las zonas. En ese sentido, es importante hacer una señalización que indique por dónde es seguro caminar, un mejor acercamiento con las víctimas y un sistema de información que permita tener certeza de cómo eran los territorios y cómo se convierten a partir de la intervención.
Apoyo internacional al desminado militar
Actualmente, para sumarse a los 700 hombres que trabajan el desminado, se están preparando 5 mil más, que se incluirán a finales de este año. En 2017 llegarán otros 5 mil. Dentro de esos hombres, dijo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, hay más de mil uniformados técnicos en antiexplosivos, que llevan al menos diez años de trayectoria en desminado. Ellos están adelantando estudios no técnicos en 33 de los municipios priorizados para sentar las bases de lo que harán los 10 mil hombres que eventualmente se integrarán.
Sobre esa base, el ministro agregó que “hay países que tienen una relación de confianza inmensamente cercana con nuestras Fuerzas Armadas. Pero esa no es la globalidad: muchos gobiernos piensan que, para los programas antiminas, es mejor ayudar en los programas exclusivamente humanitarios. Yo sí quiero llamar la atención: quisiera que la comunidad internacional explorara la posibilidad de la cooperación internacional puede también hacerse a nuestras Fuerzas, para labores de desminado militar”.
El desminado humanitario se hace en zonas con presencia de civiles, donde hubo conflicto pero no hay confrontación activa, para garantizar su movilidad. El desminado militar es más rápido y puede hacerse en zonas de confrontación. Lo que busca Villegas, en sus palabras, es “que se cumplan los estándares internacionales para prevenir y atender accidentes, pero que sea a unas velocidades que garanticen a Colombia que no nos vamos a demorar dos generaciones quitando las minas”.
Respecto a la cooperación internacional, el Presidente resaltó que, en temas de desminado, Estados Unidos, con 60 millones de dólares, Noruega, con 25 millones, y la Unión Europea, con más de 11 millones, han sido los principales colaboradores.
Información de Farc y ELN sobre ubicación de las minas
Otro aspecto que resaltaron con insistencia fue la necesidad de que los actores armados que han sembrado minas en el territorio ayuden a ubicarlas y participen del proceso de desminado. En ese sentido, el ministro de Defensa explicó, por ejemplo, que dentro de las 33 minas que se neutralizaron en el piloto que se hizo en la vereda Orejón, en Briceño, “solo tres fueron ubicadas por información de las Farc”. Agregó que “aunque los explosivistas suministrados por las Farc han dado información sobre las áreas generales, esperamos que en los ejercicios futuros la información precisa fluya de mejor manera”.
El general Colón aclaró que “son el ELN y las Farc los que han sembrado las minas en el territorio nacional. El ELN ha sembrado cuatro veces más minas por combatiente que las Farc, pese a que su tamaño es entre tres y cuatro veces menor”. La contaminación por minas que dejaron esos grupos armados ha afectado al 25% de los municipios del país. En total, según Colón, las minas están repartidas en 52 kilómetros cuadrados, que equivalen a la superficie de San Andrés. Sin embargo, agregó que, aunque fuera poco territorio, buscar las minas regadas por toda la superficie del país “es como buscar una aguja en un pajar”.
Finalmente, Colón agregó que, a pesar de que será la Fuerza Pública la principal responsable de ejecutar el proceso de desminado, “mientras existan incentivos de criminalidad en los territorios vamos a encontrar actores que van a querer ocuparlo”. En Orejón, por ejemplo, algunos de esos actores han intentado apropiarse del territorio y se han vuelto una amenaza para la comunidad. Esas garantías de seguridad serán esenciales para empezar a reducir el miedo y el número de víctimas, que este año ya suman 26.
