Somos el segundo país con más víctimas de minas. El Comité Internacional de la Cruz Roja advierte que, aunque finalice la guerra, descontaminar el campo de explosivos tardará.
En septiembre de 2012, después de una noche de terror que transcurrió entre combates por encima de su casa, Jaime, un campesino que sacaba oro de las montañas de Nariño, salió al campo. Sin tiempo para el suspenso, piso por accidente un artefacto explosivo que había quedado en el camino. Perdió las dos piernas. Pasó cinco días peleando contra la muerte en un hospital de la zona hasta que le dieron de alta. Cuando salió a la calle, se encontró con el que, en sus palabras, fue el momento más duro desde el accidente: “no sabía cómo hacer para subirme a un taxi sin piernas”.
La historia aparece en el último informe anual del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en el capítulo dedicado a la contaminación por armas. En ese documento, que fue presentado hoy en Bogotá, queda sobre la mesa una realidad con la que tendrá que vivir el país si se acaba el conflicto armado: las tragedias humanitarias por cuenta de artefactos explosivos y restos de guerra no desaparecerá de la noche a la mañana. Desde 1990, según cifras estatales, ha habido al menos 11 mil víctimas de explosivos, y, aunque el conflicto se ha desescalado en los últimos años, el CICR explica que muchos territorios siguen minados y con alto riesgo de accidentes.
El informe advierte que incluso hay lugares donde no se tenía detectada la presencia de artefactos explosivos y el aviso lo terminó dando una tragedia. Citan el caso de una comunidad en Chocó, donde un campesino pisó una mina en diciembre pasado y luego murieron dos personas más tratando de rescatarlo. En ese pueblo no se habían detectado minas hasta hace poco más de un año. El CICR reconoce que ese puede ser “un pequeño indicador de que hay más áreas que pueden ser peligrosas para la población civil y no se sabe exactamente qué grado de contaminación tienen”.
El drama de los civiles
Según el informe, que recoge datos de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersona, dos de cada cinco víctimas de artefactos explosivos son civiles. Eso equivale a más de 4 mil. Entre los civiles, uno de cada cuatro era menor de edad y uno de cada cinco murió. Aunque el CICR aclara que no se trata solo de las minas antipersona, que son las más conocidas, pues también son un peligro las armas trampa, las armas cortas, las municiones sin estallar y los artefactos explosivos improvisados –por eso prefieren usar el término “contaminación por armas”–.
Para la población civil, el drama va todavía más allá de las secuelas físicas y psicológicas. Además de las decenas de territorios contaminados por armas, el informe explica que hay otra forma de ser víctima que es poco reconocida: “hay zonas del país que nunca han tenido heridos o accidentes pero que sí están afectadas. Miles de familias viven con otras problemáticas que no se visibilizan […] entre ellas está el acceso limitado a cultivos y terrenos fértiles, la muerte del ganado y otros animales de los que dependen para subsistir, así como la deserción escolar porque los niños tienen que hacer peligrosos recorridos para ir a estudiar”.
El resultado de eso, dice el CICR, son comunidades que viven aisladas y que pasan hambre. Esa era, por ejemplo, la situación que vivía la vereda El Palo, en Caloto, Cauca, hasta hace poco tiempo. Dos mil personas vivían con sed porque los artefactos explosivos estaban regados y hacían casi imposible hacer mantenimiento al acueducto. El fontanero del pueblo, que tenía que sortear retenes, minas y combates, dice que ha sido drástico el cambio desde que les ayudaron a construir el nuevo acueducto.
Mientras avanza el desminado, la Cruz Roja trabaja en prevenir
El 7 de marzo del año pasado, en el marco de los diálogos entre el Gobierno y las Farc, se firmó el Acuerdo sobre Limpieza y Descontaminación del Territorio. Las partes pactaron arrancar con un plan piloto de desminado, que tuvo lugar en una vereda de Briceño, Antioquia. En el informe, el CICR valora el esfuerzo de las partes, pero advierte que, tras la firma del acuerdo, será un trabajo durísimo el que tendrán que hacer para descontaminar los cientos de territorios que aún viven en riesgo.
Entre tanto, durante 2015, el CICR trabajó en 70 municipios de 19 departamentos ayudando a prevenir accidentes. De la mano de la Cruz Roja Colombiana, el Comité dictó talleres a más de 18 mil personas en zonas de riesgo, enseñándoles qué objetos pueden ser peligrosos, qué conductas deben evitar y, en caso de sufrir una explosión, cuáles son sus derechos como víctimas. Aunque, según datos del Estado, el año pasado las víctimas por artefactos explosivos se redujeron de 103 a 73 casos respecto al año anterior, el CICR acompañó durante 2015 a más de 200 personas para empezar sus procesos de reparación.
El 2015 ha sido el año de menos registros de víctimas por artefactos explosivos desde 1999. Aunque el país está lejos de años como 2005 y 2006, cuando hubo 424 y 442 víctimas respectivamente, el CICR no afloja en su labor humanitaria y con insistencia repite que faltan muchos años para que Colombia, el segundo país con más víctimas de contaminación por armas en el mundo, se libre de esa tragedia.
