Abarcan desde la reforma rural integral hasta la implementación de lo pactado.

Diez días después de la victoria del No en el plebiscito, el Centro Democrático (CD) finalmente presentó un documento con propuestas concretas sobre los temas del Acuerdo Final que, a su juicio, se deben renegociar en La Habana. Son 26 páginas en las que el partido del expresidente y senador Álvaro Uribe exige cambios, añadiduras o precisiones en los seis puntos que componen el Acuerdo que firmaron el Gobierno y las Farc el pasado 26 de septiembre.

Algunas de esas peticiones se refieren a la eliminación de reformas relacionadas con la transición de las Farc a la política legal, con la participación de las organizaciones sociales en distintas instancias y con el enfoque de ciertas políticas públicas. Presentamos cinco de esos aspectos que se pretenden recortar y que abarcan desde la reforma rural integral hasta la implementación de lo pactado.

1

A la par que pidió incluir en el Acuerdo la promoción de “la producción empresarial de mayor escala” en el campo, el uribismo solicitó que se eliminen los beneficios para las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). El argumento es que “no puede haber ningún tipo de atención preferencial en detrimento de los campesinos no ubicados en Zonas de Reserva”.

Las ZRC fueron reconocidas en el Acuerdo como “iniciativas agrarias que contribuyen a la construcción de paz, a la garantía de los derechos de los campesinos, al desarrollo con sostenibilidad socio-ambiental y alimentaria y a la reconciliación”. Por ello, el Gobierno y las Farc acordaron que se promovería el acceso y la formalización de la tierra en las ZRC, y que se apoyarían los planes de desarrollo elaborados por los campesinos que habitan esos territorios.

En sus críticas sobre el punto de desarrollo rural, el CD también afirmó que debe limitarse la participación comunitaria en la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). El Acuerdo contemplaba la participación directa de las comunidades y de las organizaciones sociales del campo en las instancias donde se definiría cómo y dónde se harían las obras públicas, así como en la ejecución de esas obras y en su mantenimiento.

Al contrario, el uribismo dice que se deben privilegiar las propuestas de alcaldes y gobernadores.

2

Tal como reiteró durante la campaña por el plebiscito, el CD exigió que los responsables de delitos de lesa humanidad no participen en política. Por eso, pidió que se eliminara la posibilidad de que esas personas ocupen alguna de las 10 curules que, en 2018 y 2022, tendría en el Congreso el partido político que creen las Farc.

Además, dijo que a ese nuevo partido se le deben aplicar “las mismas normas relativas al funcionamiento y financiación que rigen las demás colectividades”. Eso significa retirar la financiación especial contemplada en el Acuerdo para funcionamiento, difusión de la plataforma ideológica y campañas a la Presidencia y al Senado.

El CD también pide que se elimine la participación de esa colectividad en el Consejo Nacional Electoral, donde tendría un delegado con voz, pero sin voto, en un periodo no especificado. El argumento es que ese es un privilegio “que muchos partidos actuales no tienen”.

3

Respecto al punto de solución al problema de las drogas ilícitas, el partido del expresidente Uribe dice que “debe mantenerse con toda claridad el enfoque integral y equilibrado en la lucha contra el problema mundial de la droga, en lugar de adoptar una nueva visión basada en el tratamiento distinto y diferenciado”. Es decir, que se siga usado la misma fórmula que se ha privilegiado hasta ahora: la de perseguir por igual a todos los eslabones de la cadena y valorar el enfoque punitivo por sobre el enfoque de salud.

El CD también pide que se retome la fumigación con glifosato, que el Gobierno suspendió en 2015 por considerar que podría afectar la salud de personas y animales. Las comunidades que habitan zonas cocaleras han señalado durante décadas que la aspersión aérea afecta los cultivos lícitos y las fuentes de agua.

En la misma línea, el CD solicitó que se retiren los beneficios judiciales para los pequeños cultivadores. El Acuerdo contemplaba el trámite de nuevas normas para “perdonar” a los campesinos que sembraran cultivos ilícitos, siempre y cuando se comprometieran a erradicarlos. La idea era concentrar los esfuerzos de la justicia en la persecución de las organizaciones criminales asociadas al narcotráfico.

4

Aunque las Farc han dicho que el tema es innegociable, el CD exigió eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). A cambio de ella, pidió crear en el Tribunal Superior de Bogotá unas “cortes para la paz”, que tendrían por segunda instancia a la Corte Suprema de Justicia. Es el mismo modelo de Justicia y Paz, que en vez de “cortes” tiene salas especializadas en los tribunales de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y Medellín. Esas “cortes”, a la manera de la JEP, tendrían sala de amnistía e indulto, reconocimiento de verdad, control de garantías y juzgamiento.

En vez de la Unidad de Investigación y Acusación contemplada en el Acuerdo, el CD pide crear unas “fiscalías para la paz”, adscritas a la Fiscalía General, que tendrían las tareas de luchar contra “las organizaciones derivadas del conflicto” e investigar y acusar ante las “cortes para la paz”.

El CD, además, pide que se le quite al nuevo modelo de justicia transicional la competencia para juzgar civiles y agentes estatales que participaron en el conflicto, excepto para quienes se presenten ante ella de forma voluntaria. Asimismo, que se les quite a las organizaciones de víctimas y de derechos humanos la posibilidad de entregarle a la justicia informes sobre crímenes cometidos durante la guerra.

5

En cuanto a la implementación del Acuerdo, el uribismo sugiere que deben eliminarse los procedimientos de fast track contemplados en el Acto Legislativo para la Paz, pese a que el Congreso los aprobó en junio pasado. Para el CD, las reformas legislativas que requiera la puesta en marcha del Acuerdo deben estar respaldadas por un “gran acuerdo político” que comprometa a todos los partidos, con el fin de hacer un “trámite creíble y acorde con los fundamentos institucionales del país”.