Guerra con Venezuela, ¿Siria 2.0? John Bolton, asesor de seguridad de EEUU. Imagen vía: Twiter
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Guerra con Venezuela, ¿Siria 2.0?

Staff ¡Pacifista! - Enero 30, 2019

La guerra civil en el país de oriente medio dista mucho de la realidad en Venezuela. Les explicamos las diferencias.

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“Desde las ciudades, en el centro del poder político y económico, lo que se imaginan de las fronteras no se corresponde con la realidad”. Estas palabras son de Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar en Norte de Santander. Su trabajo consiste, la mayoría del tiempo, en recoger denuncias sobre violaciones de derechos humanos y comunicarlas, dentro y fuera del departamento. Sabe muy bien quiénes son los actores armados que operan en la zona, también conoce de cerca las dinámicas migratorias en la frontera y lo que podría suceder si se desarrolla una guerra con Venezuela.

A Wilfredo lo llamamos para preguntarle, quizás ingenuamente, sobre las implicaciones en la frontera en caso de una posible guerra con Venezuela. La mayoría de medios de comunicación han hablado del tema por la filtración de un mensaje que dejó entrever el consejero de seguridad de Donald Trump, John Bolton, durante una rueda de prensa. En su libreta se podía leer la siguiente idea: “5.000 soldados a Colombia”. Según la Cancillería colombiana, esta no es más que una idea, pues, aseguran, no se ha concertado ni debatido con el gobierno colombiano. Lo de los soldados gringos en la frontera, por ahora, está en el terreno de la especulación.

Pero sí hemos visto al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, patrullando en la frontera, trotando con los soldados, dejando claro que está listo ante una eventual batalla militar. Hace unas horas, la llegada de un avión ruso a Caracas también despertó sospechas. Las suposiciones  han ido escalando, a tal punto que algunos políticos ya están diciendo que Venezuela podría convertirse en la “Siria 2.0”. Miles de muertos, armas químicas, recuerdos de Irak, en fin, lo que ronda es el temor y de la realidad sabemos poco.

¿Por qué el caso de Venezuela es diferente al de Siria o Irak?

Comencemos aclarando lo que está sucediendo en Siria. Este conflicto, que comenzó en marzo de 2011 como una guerra civil, ha dejado por lo menos 400.000 muertos, según la ONU. El presidente Bashar al Asad ha reprimido a la población que se levantó en su contra desde ese año. Las manifestaciones en ciudades como Damasco y Alepo tuvieron un impacto internacional por los miles de manifestantes y también por la reacción del gobierno; cometiendo torturas y asesinando a civiles.

Después los opositores al gobierno comenzaron una lucha armada contra las fuerzas de seguridad de Bashar al Asad. En 2014, la comunidad internacional puso el foco en Siria tras conocerse que al Asad utilizó armas químicas en uno de los ataques a Damasco. En ese año, además, el Estado Islámico asesinó en Siria a dos periodistas estadounidenses. Fue entonces cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ordenó atacar las bases de Isis en Siria. Y, desde ahí, Estados Unidos ha venido apoyando a diferentes grupos opositores de Bashar al Asad.

Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la situación cambió. Obama era más diplomático, y solicitó varias veces la renuncia del presidente sirio. El 6 de abril de 2017 Trump ordenó un ataque militar contra las fuerzas armadas de Siria. Después se llevó a cabo otro ataque respaldado por Reino Unido y Francia. El presidente al Asad se ha sostenido en su cargo por varias razones, y una de ella es el apoyo del gobierno ruso, que tiene una base militar en ese territorio y que históricamente le ha vendido armas a Siria. La tensión entre las potencias, por lo menos en este caso, tiene soporte en una serie de acciones militares que se han ejecutado en los últimos años.

Ahora, hablemos de Venezuela. Es cierto que Vladímir Putin respalda a Nicolás Maduro, lo mismo el gobierno chino. Sin embargo, Venezuela no representa lo que es Siria para Rusia. Más que un país estratégico militarmente, Venezuela es un deudor importante. La deuda actual que tiene el país latinoamericano, según el mismo gobierno ruso, es de 3.000 millones de dólares. A China, por otro lado, el gobierno de Maduro le debe cerca de 20.000 millones de euros. Para ambos países no es estratégico que el gobierno actual sufra cambios.

Existe una interpretación común: Estados Unidos quiere intervenir en Venezuela por el petróleo, como sucedió en Irak, señalan algunos. No obstante, la intervención militar todavía es una opción lejana y podría resultar costosa para el gobierno de Donald Trump. ¿Por qué tanto Trump como Iván Duque, Bolsonaro, Macri y otros presidentes no reconocieron a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela? La respuesta es más compleja que un asunto de interés económico sobre el petróleo.

Hagamos un breve resumen: en diciembre de 2015, la oposición al gobierno de Maduro se quedó con dos tercios de los escaños en la Asamblea Nacional de Venezuela, el cuerpo legislativo de ese país. Con esa mayoría, la oposición esperaba hacerle contrapeso al gobierno de Maduro. Sin embargo, en enero de 2016 Maduro nombró a dedo a dos magistrados — Fanny Márquez Cordero y Christian Zerpa —en el Tribunal Supremo de Justicia e impidió, además, la incorporación de cuatro diputados a la Asamblea para quitarle fuerza a la oposición. El Tribunal Supremo, ese mismo mes, declaró en desacato a la Asamblea Nacional. En 2017, el Tribunal Supremo se atribuyó las competencias de la Asamblea y la fiscal, Luisa Ortega, declaró que en Venezuela se había roto el orden constitucional.

En marzo de ese año miles de personas salieron a las calles a protestar contra el gobierno, el cual respondió con represión. Según observatorios de derechos humanos, en ese entonces por lo menos fallecieron 165 civiles en manos de las fuerzas del Estado. En julio, el gobierno llamó a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente en la que no participó la oposición. En el transcurso de 2018, la tensión subió por hallazgos de fraude electoral durante la Asamblea Nacional Constituyente, que fue aprobada y por la cual Maduro fue electo nuevamente presidente. El 10 de enero de 2019, Maduro tomó posesión. Sin embargo, al declararse las elecciones fraudulentas, el  presidente encargado de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tomó posesión como presidente de la República, con base en el artículo 233 de la Constitución.

Estados Unidos es solo uno de los países que reconocieron a Guaidó bajo ese argumento. Y se suman otros: Canadá, Argentina, Guatemala, Colombia, Brasil, Paraguay, Perú, Ecuador, Costa Rica, Chile, Kosovo y Georgia, así como la Organización de los Estados Americanos (OEA). La historia, entre ambos casos, como vemos, es muy diferente.

¿Cuál es el rollo con las bases militares gringas en Colombia?

—Es que a Álvaro le cabe el país en la cabeza. Él vislumbra todo este gran país como una zona de orden público total, como un solo convivir, caray. Donde la gente de bien podremos, por fin, disfrutar de la renta en paz como debe ser. Y será él quien por fin traiga a los redentores soldados norteamericanos, quienes humanizaran el conflicto y harán de Uribe Vélez el dictador que este país necesita. Muchas gracias —el que hablaba, agitando los manos hacia los cielos, y finalizando con un seco golpe sobre el escritorio, con voz de energúmeno, era el tinterillo Godofredo Cínico Caspa.

Corría 1997. El presidente era Ernesto Samper. Y faltaban dos años para que Andrés Pastrana pactara el Plan Colombia con el gobierno de Bill Clinton.

El presidente Clinton aprobó la entrega de 9 mil millones de dólares para el Plan que privilegiaba el fortalecimiento militar por parte del Estado colombiano, por sobre la inversión social. Dinero que fue a parar, en mayor medida, a la Dirección Antinarcóticos de la Policía (el Plan tenía como objetivo la lucha frontal contra las drogas); se utilizó en reformas en la doctrina y estrategia de las Fuerzas Armadas y en el desarrollo de los planes Patriota y Consolidación. Fue en el marco del Plan Patriota, con el argumento de la lucha antidrogas, que la presencia militar gringa aumento.

Al menos en infraestructura.

Según el informe Base Structure Report, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ese año –en el 99– las fuerzas militares gringas eran dueñas de 14 edificios en territorio colombiano. Con cerca de 734 metros cuadrados. Un año después, ya con el Plan Colombia en marcha, el número de edificios propiedad de los militares gringos había aumentado a 44 (con un área de 2.284 metros).

Las cifras fluctúan con el paso de los años y los gobiernos.

En 2011, un año antes de que iniciara el Proceso de paz con las Farc, el número de edificios propiedad de las fuerzas militares estadounidenses era de 51.

En 2016: uno solo.

Pero el hecho de que el número de edificios o bases militares oficiales disminuyera de manera considerable en los últimos años, no significa que la presencia militar gringa en suelo colombiano terminara. Como lo dijimos en un texto del año pasado, “a pesar de que la presencia de militares estadounidenses en Colombia ha permanecido en un bajo perfil, esto no significa, de ninguna manera, que se haya acabado”.

Según el académico Sebastian Bitar, quien publicó en 2017 el libro La presencia militar de Estados Unidos en América Latina: bases y cuasibases, “la mayoría de las personas que han estudiado el tema de bases militares de Estados Unidos, dicen que América Latina ya no las recibe, que ya no les gusta, que América Latina ha girado hacia la izquierda y por lo tanto ya no acepta fácilmente la intervención de los Estados Unidos. O que los Estados Unidos ya no tiene interés en estar en América Latina, con una presencia militar fuerte como la que tuvo en otras épocas”.

Y continúa: “Pero [esta investigación muestra que] los Estados Unidos sí están muy involucrados en temas de seguridad y necesita espacios en donde poder realizar esas operaciones. Esto le ha permitido a los Estados Unidos tener un acceso continuo desde Centroamérica hasta Ecuador, incluyendo Colombia, para tener una labor de interdicción muy fuerte en el Océano y una colaboración muy fuerte con las fueras locales para lograr detener tráfico de drogas y migrantes hacia los Estados Unidos”.

2009 fue un año de tensión regional. Por cuenta de un acuerdo para que Estados Unidos usara bases militares en suelo colombiano. Siete en total. El pacto las partes acordaban “profundizar su cooperación en áreas tales como interoperabilidad, procedimientos conjuntos, logística y equipo, entrenamiento e instrucción, intercambio de inteligencia, capacidades de vigilancia y reconocimiento, ejercicios combinados, y otras actividades acordadas mutuamente, y para enfrentar amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia”.

La interpretación que se le podía dar a términos como libertad, estabilidad o democracia, generó zozobra en el país y en la región. Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela, calificó a Colombia como ‘servidor del Imperio’. Por su parte Evo Morales, presidente de Bolivia, propuso un referendo suramericano para definir el asunto.

Finalmente, en 2010, la Corte Constitucional tumbó el acuerdo argumentando que este debía pasar también por aprobación legislativa. La Corte, entonces, le ordenó al nuevo presiente, Juan Manuel Santos, volverlo a presentar a través de los procedimientos adecuados.

Santos no lo volvió a presentar.

En 2012 Bitar entrevistó a un funcionario de ‘alto rango’ del Ministerio de Defensa que le dijo que “el presidente Santos entendió que los acuerdos de seguridad con Estados Unidos no tenían por qué ser formales o públicos para tener los efectos que ambas partes deseaban. Colombia continuó albergando operaciones estadounidenses en su territorio bajo acuerdos de cooperación previos, las cuales incluían entrenamiento militar, confiscación de drogas y operaciones relacionadas con comunicaciones y vigilancia, entre otras”.

Es lo que Bitar denomina en su libro “cuasibases”: “que no son aprobadas por las asambleas legislativas locales y no están sujetas a la supervisión institucional (y) proporcionan instalaciones que apoyan las operaciones de Estados Unidos en los países que las albergan”.

Las cuasibases puede ser de tres tipos: Gas And Go, acuerdos que le permiten a aeronaves estadounidenses aterrizar y abastecerse de combustibles en las instalaciones de su aliado; de acceso temporal, es decir, con tiempos de permanencia estipulados; y, de acceso por largo plazo.

Como lo contamos en su momento, en 2013, el Washington Post dio a conocer que la inteligencia estadounidense, en especial la CIA, había sido clave para la realización de varios operativos en contra de jefes guerrilleros. Otras operaciones han sido menos, digamos, secretas. Sobre todo: ejercicios conjuntos, brigadas e intercambios. Al igual que operaciones que, aunque dirigidas desde otros territorios, afectan de alguna forma a Colombia.

De estas operaciones hay dos claves: el Continuing Promise 2017, un programa para brindar servicios de salud a comunidades empobrecidas en Colombia, puntualmente, Mayapo, en La Guajira; y los ejercicios militares realizados por Estados Unidos, Brasil, Colombia y Perú, en la Amazonía, a finales de 2017, en virtud de la iniciativa AmazonLog 17. Maniobras que, valga decirlo, generaron preocupación en un vecino país que, aunque no fue invitado a participar, es clave: Venezuela.

Según el profesor Bitar: “Estados Unidos está cambiando su forma de involucrarse pero sigue estando ahí. Y lo que veo es que, no es que los países de América Latina se hayan apartado de los Estados Unidos, sino que están tomando formas diferentes de acercarse a los Estados Unidos. La mayoría de los gobiernos de los países andinos y de Centroamérica, de hecho, buscaron a los Estados Unidos para que instalara bases en sus países”.

En las elecciones presidenciales de 2018, uno de los temas en la agenda era ese: la posible intervención militar gringa en Venezuela y el uso del territorio colombiano como plataforma para intervenir el vecino país. En un debate televisado, el moderador, Juan Roberto Vargas, le pregunta al entonces candidato por el Centro Democrático lo siguiente:

—Si el presidente Trump le pide que le preste el territorio como plataforma para una eventual intervención en Venezuela, ¿usted lo acept..

—Soy claro y categórico. No estoy de acuerdo con una intervención militar en Venezuela. Lo que necesita en este momento el mundo es acorralar esa dictadura a través de todos los canales diplomáticos y los mecanismos de sanción —respondió en su momento el entonces candidato Duque.