De acuerdo con un estudio de Codhes y el Centro Nacional de Consultoría, los municipios en donde se está implementando el Acuerdo de Paz son unos de los más afectados.
“Asesinar líderes sociales es fácil, nadie los protege, pero construir un liderazgo que promueva la paz en una región violenta es muy difícil, es casi un milagro”. Estas palabras, de un líder de restitución de tierras, dejaron en silencio al auditorio del hotel Continental, en el centro de Bogotá, donde la Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (Codhes) y el Centro Nacional de Consultoría (CNC) presentaron los resultados de un estudio sobre violencia contra líderes sociales. Los últimos asesinatos de líderes –ocho confirmados en los últimos 10 días– fueron un tema latente en este foro que, al final, se convirtió en un espacio de catarsis para los defensores de derechos humanos.
Primero habló Marco Romero, director de Codhes. La investigación que presentaroncon el CNC es importante por al menos tres razones: el gobierno no ha presentado cifras claras sobre la violencia contra líderes sociales –por lo cual los trabajos de organizaciones independientes es clave–, no existen cifras claras sobre los asesinatos a líderes sociales y pocas entidades, muchas veces por ausencia de recursos, viajan al terreno a confirmarlos (en Codhes lo hicieron). Por último, esta investigación demuestra que, contrario a lo que ha dicho el Gobierno, los asesinatos los líderes sociales vienen en aumento y, con la implementación del Acuerdo de Paz tambaleando, la situación podría empeorar.
Diana Barbosa, investigadora del Centro Nacional de Consultoría, expuso las conclusiones del informe en frente de más de 20 representantes de organizaciones de líderes sociales y comisionados de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. En un lapso de tres meses, el CNC realizó 100 encuestas y siete entrevistas a profundidad en 55 municipios. Además, hizo una caracterización y confirmación de líderes sociales asesinados entre enero de 2016 y marzo de 2018. Estas son cinco conclusiones que nos pueden ayudar a entender la ola de violencia contra líderes sociales en Colombia.
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Desde 2016 han asesinado a 262 líderes sociales
Al revisar los casos de líderes sociales asesinados desde enero de 2016 (fecha en la que comenzó a visibilizarse el problema) el CNC encontró varias fuentes y cifras que no coincidían. Después de confirmar cada caso y revisar las bases de datos de las organizaciones que han llevado un registro (como la Defensoría del Pueblo, Indepaz o ¡Pacifista!), el CNC encontró que entre enero de ese año y marzo de 2018 fueron asesinados 262 líderes sociales en 157 municipios. (Vale la pena recordar que en ¡Pacifista! llevamos un registro desde que comenzó la implementación del Acuerdo de Paz, es decir, diciembre de 2016).
Aunque algunas organizaciones tienen en sus registros de líderes asesinados más de 300 casos, el CNC encontró que en muchas listas incluyen a funcionarios públicos, excombatientes o familiares de líderes sociales. Para sistematizar las cifras, el equipo de investigación tuvo en cuenta la siguiente definición de líder social: “El líder o lideresa social y comunitaria existe por su relación con un colectivo (social o comunitario) y su capacidad de agenciar los intereses de esa colectividad, intereses que están asociados a la reivindicación de unos derechos”. Partiendo de diferentes fuentes de información, el equipo confirmó los casos y comprobó si en efecto la persona ejercía liderazgo en su comunidad.
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Cauca, Antioquia y Nariño son los departamentos en donde más matan a los líderes sociales
Después de hacer el análisis por departamentos y municipios, el CNC encontró que Cauca, con 45 asesinatos desde 2016, es el departamento donde los líderes sociales son más vulnerables. Le sigue Antioquia, con 34, Nariño con 20 y Norte de Santander con 20. Valle del Cauca (17), Chocó (16), Córdoba (13) y Putumayo (13) son los otros departamentos que aparecen en la parte más alta de la lista. Cundinamarca, Santander, Sucre y Casanare son los departamentos con menos registros de asesinatos de líderes sociales.
Justamente Cauca y Antioquia han aparecido con frecuencia en las últimas noticias sobre líderes sociales asesinados. En el primer departamento asesinaron a tres líderes en los últimos 10 días: James Alberto Hidrobo, líder comunitario e integrante de la Asociación de Cultivadores de hoja de coca, amapola y marihuana (Coccam); Gabriel Adolfo Correa, concejal del Partido Verde en el municipio de Buenos Aires y Luis Erado Fernández, líder indígena de Caloto e integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca. En el caso de Antioquia, el asesinato de Ana Mará Cortés Mena, promotora de la campaña de Gustavo Petro en el municipio de Cáceres, y los de tres líderes sociales en Ituango durante los últimos dos meses, han generado preocupación para las organizaciones de derechos humanos del departamento.
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Líderes comunitarios, indígenas y afro: los más afectados
Aunque el Gobierno ha señalado que no existe un “patrón sistemático” en los asesinatos de líderes sociales, lo cierto es que, de acuerdo con los datos recopilados por el CNC, sí existe una sistematicidad si se analiza el perfil de las víctimas: 45 % eran líderes comunitarios, 23 % pertenecían a cabildos, resguardos indígenas o consejos comunitarios afro, 11 % eran líderes campesinos y 5 % líderes sindicales. La gran mayoría de líderes asesinados, por su trabajo en favor de la construcción de paz, representan un obstáculo para diferentes grupos criminales.
El informe revela un dato preocupante: en el 47 % de los casos se sabe que la autoría es de grupos armados que no han logrado ser confirmados por las autoridades. En el 39 % de los casos no hay certeza si quiera de si se trató de un grupo armado o no. Las autoridades han logrado identificar que el 5 % de los casos corresponden a la Fuerza Pública y el 3 % a grupos posdesmovilización.
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Sí, los municipios de posconflicto están en riesgo
El 57 % de los municipios en donde ocurrieron los homicidios existen planes integrales del Acuerdo de Paz, como los PDET (Programas de desarrollo con enfoque territorial) y las Zomac (Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado. En estas zonas, señala la investigación, no solo hacen presencia grupos ilegales, sino que la presencia institucional es débil y los niveles de pobreza altos.
Por otro lado, en el 47 % de los municipios donde ocurrieron los asesinatos hay siembras de coca y se han intentado adelantar planes de sustitución de cultivos. En el 26 % de los casos, hay explotaciones de oro y aluvión. “En zonas de siembras de coca sobresalen Cauca y Antioquia con 14 y 12 municipios, Norte de Santander y Nariño con 9 y 7 municipios, siguen Putumayo con 6, Chocó con 5, Bolívar con 4, Meta con 4 y Caquetá con 4”, dice el informe.
Por otro lado, en los municipios donde hubo altos niveles de desplazamiento en el lapso 2016-2018, se presentaron asesinatos a líderes sociales. “Los cuatro más afectados por desplazamientos y que arrojaron asesinatos de líderes fueron Buenaventura, Tumaco, Medellín y Riosucio (Chocó). De nuevo se configuran escenarios en donde inciden herederos del paramilitarismo, las disidencias de las Farc y el ELN. Es decir, la presencia de estos actores sigue siendo determinante de los nuevos contextos de violencia”, señala el informe.
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Los líderes tienen miedo: se está rompiendo el tejido social
Uno de los aportes más reveladores de la encuesta que realizó el Centro Nacional de Consultoría es que, con el paso de los últimos meses, los líderes sociales han dudado sobre continuar en su labor por el temor que ha generado la ola de asesinatos. En este aspecto, el estudio encontró que, cuando hay agresiones, en el 92 % de los casos “se afecta la continuidad o la permanencia de las organizaciones” y en un 85% de los casos “se frenan las actividades que desarrollaban”.
Con este tipo de agresiones, los líderes encuestados aseguraron que aumentan los desplazamientos, que se vuelve difícil mantener unida a la comunidad y que los procesos que llevaban a cabo pueden quedarse estancados. Y enfrentan, como lo documentaron los investigadores en territorio, otra serie de obstáculos: “falta de acompañamiento gubernamental, falta de preparación para enfrentar los desafíos del liderazgo, dificultades para movilizarse y falta de apoyo para realizar su trabajo”.
