Un nuevo escándalo de chuzadas. La historia se repite una y otra vez a pesar de las denuncias, uno que otro despido o renuncia, el anuncio de investigaciones y el cambio de las leyes. La intimidad y la libertad de expresión siguen siendo pisoteadas con la excusa de proteger la seguridad nacional.
Por: Emmanuel Vargas Penagos*
Un nuevo escándalo de chuzadas. La historia se repite una y otra vez a pesar de las denuncias, uno que otro despido o renuncia, el anuncio de investigaciones y el cambio de las leyes. La intimidad y la libertad de expresión siguen siendo pisoteadas con la excusa de proteger la seguridad nacional.
“Ahí estaban los mismos de siempre”, dice una fuente de Semana en la publicación “Chuzadas sin Cuartel” sobre la lista de periodistas víctimas de interceptaciones ilegales. Para empeorar, esta misma persona dijo a Semana que todo sucedió “bajo las misiones legales y autorizadas”.
La investigación de Semana parece calcada de las denuncias del pasado. Solo hay que cambiar un par de nombres y el problema es el mismo. Tanto la FLIP como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo dicen entre líneas: caso tras caso, todo sigue igual. En realidad, la situación es peor: las reformas que alguna vez se hicieron como respuesta a las chuzadas del DAS facilitan los abusos y la tecnología de espionaje evoluciona.
El espionaje a periodistas es muy grave porque, además de poner en riesgo a la persona interceptada, pone en riesgo la información que recibe el público. Cuando un militar, policía o cualquier individuo sin autorización se mete con los computadores, celulares y movimientos de estas personas no está simplemente siendo chismoso. Está teniendo acceso a denuncias de interés público, a conversaciones y a contactos de personas que ponen en riesgo su vida para denunciar actos de corrupción, violaciones de derechos humanos o cualquier tipo de ilegalidad. La posibilidad de que alguien obtenga ese tipo de información es tan crítica que, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos puso a tambalear la legislación de inteligencia del Reino Unido porque no daba garantías para proteger las fuentes de los periodistas.
En 2013, Juan Manuel Santos firmó la Ley de Inteligencia. Esta reforma se anunció con la hoy evidente ingenuidad (o malicia) de decir que se pondría fin a las chuzadas ilegales. Apenas un año después, se supo el caso de la “Operación Andrómeda”, que hoy sigue en completa impunidad. Quizá era un buen momento para decir que nada había cambiado y que el espionaje ilegal seguía siendo un peligro.
La Ley de Inteligencia sí acabó con las chuzadas ilegales porque, básicamente, las volvió legales. El Ejército, como parte de sus labores de inteligencia, puede monitorear el espectro electromagnético, que es el campo por el que pasan las ondas de celular, siempre y cuando haya una autorización en el marco de “órdenes de operaciones” u “misiones de trabajo”. La Corte Constitucional dio algunas garantías cuando estudió esta ley, pero es evidente que no han servido para mucho. Esto pasa, especialmente, porque la Corte permitió que esta ley dejara que prácticamente toda la rendición de cuentas del sector de inteligencia sea secreta, sin ventanas para el examen ciudadano.
El monstruo evoluciona, aprende de sus errores. En 2014, cuando se reveló el caso de Andrómeda, una fuente le dijo a Semana que “Nosotros no somos tan pendejos como los del DAS, que los pillaron con todo por escrito”. En Chuzadas sin cuartel, un militar explica a Semana que “Lo que aprendimos de la Operación Andrómeda nos enseñó a no dar papaya. Somos mucho más cuidadosos …”. Al mismo tiempo, como lo explica Carolina Botero, tecnologías como la que denunció Semana del “Hombre Invisible”, que permite el acceso a correos, chats, contactos, calendario, fotos, documentos almacenados en un teléfono celular, podrían estar por fuera de la ley o amparadas en ambigüedades que necesitan actualización. A nivel regional, la CIDH ha explicado en varios momentos que el uso de tecnologías de espionaje trae muchos riesgos para la libertad de expresión y su uso debe ser en casos muy extremos, no a la ligera.
Pero ningún cambio de norma va a servir mientras los casos permanezcan en la impunidad y todo siga manejándose con la cultura del secreto, del “tapen, tapen”. Peor aún, todo se seguirá repitiendo mientras no cambie la forma de pensar dentro de instituciones como el ejército. No puede seguir viéndose a la oposición como un enemigo, ni al periodismo crítico como una molestia que se puede suprimir. La ley dice explícitamente que no se puede interceptar información por razones como la opinión política, pertenencia organizaciones sindicales, sociales o derechos humanos, ni para promover intereses partidarios, pero esto es un saludo a la bandera.
Podrán caer generales, cerrar entidades o cambiarles el nombre y sacar leyes que digan que chuzar es malo, pero nada cambiará mientras la visión de las autoridades siga siendo que nuestras libertades ciudadanas son un estorbo.
*@EmmanuelVP
