Guaviare, donde operaba la disidencia de 'Cadete', es uno de los departamentos en los que no se ha logrado sacar adelante el plan de desarrollo territorial pactado en el Acuerdo de Paz.
“Cayó Rodrigo Cadete, uno de los disidentes más peligrosos de las Farc”. Este fue el titular que circuló en diferentes medios de comunicación el fin de semana pasado. En efecto, en la madrugada del sábado, un comando del Ejército bombardeó la zona rural de San Vicente del Caguán, entre los ríos Yarí y Camuya. En esta zona opera la disidencia del frente primero de las Farc, integrada por cerca de 400 hombres, según información del mismo gobierno. El presidente Iván Duque no tardó en confirmarlo: “Nuestras fuerzas militares neutralizaron a alias ‘Rodrigo Cadete’, uno de los más tenebrosos criminales de las disidencias de las Farc”.
Después de la caída de Walter Patricio Arizala, alias ‘Guacho’, en diciembre de 2018, este es el segundo golpe más fuerte del gobierno de Iván Duque a las disidencias de las Farc. Cadete cayó junto a otros nueve integrantes de la disidencia, según el Ministerio de Defensa. Y lo hizo en una zona que históricamente ha controlado las Farc y en la que Cadete tenía amplia experiencia, primero como insurgente del frente 16, luego comandando el frente 17 en Guaviare y tras la firma del Acuerdo de Paz como el número dos después de Gentil Duarte, hoy el comandante más visible de las disidencias.
Además de ser uno de los más veteranos de la guerrilla – lo que en teoría aportaba una solidez ideológica a las disidencias – su trabajo en el último año consistió en unir a las disidencias de diferentes regiones en un proyecto común. Su baja fractura esta posibilidad.
La palabra “disidencia” se popularizó a mediados de 2016, cuando el comandante Miguel Botache Santillana de las Far, más conocido como ‘Gentil Duarte’, dio un paso al costado en la negociación del Acuerdo de Paz y pasó a dirigir la disidencia del frente primero de la guerrilla en Vaupés, Guaviare y Meta. Lo hizo con ‘Iván Mordisco’, quien meses antes que él dejó el proceso de paz para continuar con el control del narcotráfico en el sur del país.
El centro de investigación InSight Crime asegura que Duarte se escapó de las Farc con seis de sus hombres de mayor confianza y 1.35 millones de dólares. En ese entonces, el jefe negociador del gobierno en la Habana, Humberto de la Calle, fue muy claro: en la implementación del Acuerdo de Paz, dijo, “debe haber garantía de la ruptura de los vínculos de las Farc con todas las actividades ilegales. Una vez terminado el conflicto, el Estado debe evitar que otros actores armados ocupen los territorios dejados por los desmovilizados”.
Estaba pactado: el Estado sería contundente y combatiría a quienes siguieran en actividades como la extorsión, la minería ilegal o el narcotráfico, amenazando la construcción de paz. Esta fue una de las premisas para blindar el Acuerdo de Paz frente a la sociedad civil. Los combatientes que no se acogieran al Acuerdo, quienes no estuvieran dispuestos a contar la verdad, a darle la cara a las víctimas y a reincorporarse a la vida civil, quedarán en el terreno de la guerra, donde no hay posibilidades de acceder a la justicia transicional. Irse a las disidencias traicionaba uno de los puntos fundamentales del Acuerdo: las garantías de no repetición.
Es cierto: el gobierno ha sido débil en la implementación del Acuerdo de Paz, el mismo partido de Farc lo ha señalado. No en vano existe una cifra supremamente desalentadora: desde diciembre de 2016 han sido asesinados 84 excombatientes que le apostaban al proceso. Los proyectos productivos de los antiguos guerrilleros han tenido que pasar por toda una serie de entramados burocráticos que solo alimentan la incertidumbre. De 292 proyectos colectivos que los excombatientes gestionaron desde que comenzó la implementación, solo 36 han recibido un desembolso de recursos. Así lo confirmamos la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) y con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
A pesar de todo, esta realidad no puede justificar la guerra, que al final alimenta la cifra de muertes, la vulneración de los derechos humanos y la ausencia de una reparación a las víctimas. El gobierno – la misma ONU se lo ha reiterado al presidente Duque– tiene que avanzar en la implementación de los puntos acordados. Esto implica, inevitablemente, que el Estado llegue a las zonas donde los grupos armados están tratando de retomar el poder.
Con el ataque contra Cadete el mensaje es claro: la vía armada no es el camino, menos cuando se lucra del narcotráfico y la extorsión. El camino debe ser la reincorporación efectiva, con el Estado cumpliendo y las entidades internacionales como garantes. Esta es una promesa no solo para los 13.192 excombatientes acreditados por el Alto Comisionado para la Paz, sino para la sociedad colombiana que anhela la paz.
El Estado debe llegar, sí, pero la vía militar no basta. Si cae Cadete o Duarte y no se implementa el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en Guaviare, probablemente se repetirá un ciclo de violencia en una zona por años vulnerada por la guerra. De los 16 PDET que se pactaron en el Acuerdo, solo faltan tres por terminar la primera fase de construcción: el de Guaviare, el del Pacífico y el de Caquetá. De acuerdo con cifras del DANE, el índice de pobreza multidimensional en el área rural de San Vicente del Caguán, donde cayó Cadete, es del 93% . La población de estos lugares, como hace 20 años, están esperando que el Estado llegue con otro rostro que no sea el de los militares. Solo así las comunidades podrán apropiarse de la paz en sus territorios.
