El defensor nacional del Pueblo, Carlos Camargo, ha sido duramente cuestionado por la labor que ha desempeñado la entidad que dirige en medio del Paro Nacional. Trabajadores de la Defensoría señalan cercanías entre el funcionario y el Centro Democrático.
Desde que inició el Paro Nacional, las críticas contra la Defensoría del Pueblo han arreciado, con un hito importante: La W reveló que el fin de semana del 1 y el 2 de mayo, cuando el país afrontaba graves hechos de violencia, el esquema de seguridad de Carlos Camargo, defensor nacional, se encontraba en Anapoima, un tradicional destino de descanso y recreo en Cundinamarca. Por más que los periodistas le insistieron, el funcionario no quiso responder a las preguntas sobre si se encontraba en una casa de descanso en ese municipio.
La situación de descontento frente a la conducta de esa entidad, y de quien la rige, ha escalado hasta el punto de que un grupo de manifestantes llegó hasta sus instalaciones y exigió la renuncia de Camargo, el pasado 19 de mayo.
La mayoría de cuestionamientos apunta al papel laxo y desentendido que ha jugado la Defensoría durante tres semanas de Paro Nacional, siendo una entidad que debe velar por el respeto -y estar del lado- de los derechos humanos. Pero hay más, otras quejas que se le han venido acumulando a Camargo: en los últimos días se le señaló de de querer darle oficinas dentro de la entidad al Ejército y de nombrar personas que despiertan el rechazo en organizaciones de víctimas. PACIFISTA! documentó esto último con estos dos reportajes (el Defensor nacional Carlos Camargo nunca atendió a nuestras llamadas para dar respuestas sobre este caso):
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Ante el enorme descontento frente a las expectativas de la entidad, esta vez en PACIFISTA! hablamos con William Salazar y Ana Rosa Fuentes, del sindicato de defensoras y defensores de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo. Ellos, dentro de la misma entidad, no solo piden la renuncia de Camargo y denuncian que la entidad no ha estado a la altura de las necesidades de los manifestantes en medio del Paro, también señalan algunos nombramientos de personas para las cuales fueron modificados los requisitos.
¿Cómo califican, ustedes mismos, el desempeño de la Defensoría del Pueblo?
WS: No estamos cumpliendo en debida forma con la tarea. Hemos tenido una respuesta institucional por debajo de la grave situación de violación a los derechos humanos por parte de actores estatales, no hemos hecho una presencia ni una cobertura suficiente, no hemos entregado reportes oficiales periódicos que permitan que la ciudadanía conozca cuál es el volumen de violaciones de derechos humanos ni cuáles son los presuntos responsables y no hemos tramitado con debida diligencia las situaciones cuando la ciudadanía lo ha solicitado. El desempeño está muy por debajo y eso está relacionado directamente con quien es la cabeza, Carlos Camargo.
¿Por qué está relacionado directamente con Carlos Camargo?
WS: Quien es hoy el defensor del pueblo, Carlos Camargo, claramente no tiene la autonomía y la independencia, es un señor que solo responde a los mandatos de la Casa de Nariño. Eso se constata porque no hace pronunciamientos contundentes, no ha adelantado acciones como una institución nacional de derechos humanos frente a los excesos de la Fuerza Pública, frente a los homicidios contra los jóvenes que están en la calle protestando, frente a las violencias basadas en género contra muchas mujeres. Peor aún, hubo un escándalo porque presuntamente estaba en una casa de recreo en Anapoima mientras estaban masacrando los jóvenes en Cali. Como trabajadoras y trabajadores nos hemos visto minados en nuestra capacidad de actuación porque no hay lineamientos claros, hay un discurso ambiguo de quienes están dirigiendo la Institución que obedecen al señor Camargo y eso ha roto la poca o mediana confianza que teníamos de la ciudadanía.
ARF: Desde que estaba en la terna que presentó el Presidente, con los candidatos para ser Defensor, nosotros manifestamos nuestra inconformidad. Desde que se posesionó hemos venido siendo testigos de un debilitamiento institucional, por ejemplo, desde el Sistema de Alertas Tempranas nosotros prácticamente no tenemos interlocución con nuestro defensor delegado.
La Defensoría trabaja primordialmente ‘en terreno’ ¿Cómo se ha sentido el cambio allí?
ARF: Acá hay gente que ha venido construyendo el trabajo por muchísimos años, que ha venido construyendo confianza con las comunidades. En muchos territorios somos la única institución que las acompaña en sus exigencias y en este momento hemos sentido cómo el accionar y los pronunciamientos del señor Defensor han afectado nuestra labor, incluso no solo ha puesto en riesgo nuestro trabajo, sino también nuestra integridad. El Defensor del Pueblo le dio la espalda a la Minga en el Valle del Cauca y posteriormente un carro de la Defensoría que iba a una misión fue atacado a piedra poniendo en riesgo la vida de los funcionarios y las funcionarias. Nos han echado de las manifestaciones, nos han agredido de manera verbal, nos han dicho “Defensoría vendida”, “Defensoría uribista”. Muchas personas están viendo lo que está ocurriendo con el Defensor nacional. Nosotros hemos venido disminuyendo nuestro accionar en el acompañamiento a las comunidades.
¿Cómo es el tema de la presencia de militares en la Defensoría?
WS: Hubo una reunión entre varios delegados de la institución y miembros activos del Ejército nacional. Hay un video y un audio que reveló la W donde uno de los militares dicen que ya se había hablado con el Defensor nacional, que iba a haber una presencia permanente de unos enlaces del Ejército y que iban a tener una oficina en el segundo piso. La actual administración viene negando eso, pero ya hay un audio que se hizo público También se conoció que en Nariño la defensora regional le dijo a los equipos que en adelante las comisiones iban a desarrollarse con enlaces militares y que ellos iban a hacer labores de coordinación y acompañamiento. A raíz de las denuncias que hubo en medios y del audio, esta administración está negando el asunto y retrocedieron. Más allá de la oficina militar, el Defensor ha manifestado siempre una dificultad en su independencia y autonomía con relación a las fuerzas militares y a la Policía nacional, eso es parte de lo que le impide manifestarse de manera vehemente contra toda la brutalidad policial de la que hemos sido testigos a lo largo de estos días del Paro Nacional.
¿Pero la interlocución entre la Defensoría y los militares no es algo normal?
WS: No. Una cosa son las relaciones que se tengan que establecer para las labores en terreno, para la coordinación interinstitucional. Otra es tener en la casa de los derechos humanos esa presencia. Primero, porque la Defensoría tiene una tarea importantísima frente al seguimiento, monitoreo y advertencia de las alertas tempranas y eso requiere una lectura imparcial, la cual se vería afectada.
Segundo, porque las labores que desarrollamos tienen que ver con víctimas del conflicto entre las que están quienes han sido victimizadas por las fuerzas de seguridad del Estado.
Tercero, porque nuestra labor tiene un carácter humanitario, nosotros hemos tenido que acompañar zonas donde hay disputas territoriales y una débil capacidad del monopolio del uso de la fuerza, eso hace que no debamos tener relacionamiento con actores armados estatales ni irregulares.
Incluso, en la zona de distensión acordada entre las Farc y el Gobierno Pastrana, la única institución que tenía presencia en esos territorios de manera permanente era la Defensoría porque desde esa época se reconoce su carácter humanitario. Al parecer esta administración desconoce esa historia. Finalmente, el impacto es sobre las personas, las organizaciones y los territorios que debemos acompañar. Parece que hay un interés de afectar a la institución, como que ha incomodado a muchos poderes y a muchos intereses, lo poco o mucho que hemos hecho parece que incomoda, es como una piedra en el zapato y la idea es acabar con esa piedra llevándola al máximo nivel de desprestigio.
ARF: Nuestro ejercicio y misión desde el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) es advertir el escenario de riesgo de violaciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). En el marco del conflicto armado las Fuerzas Militares se han constituido en uno de esos actores violentos que ha infringido el DIH y que ha violado los derechos humanos.
No podemos decir (permitir) que esta institución que ha violado los derechos humanos, y lo sigue haciendo, tenga asiento en una institución como la Defensoría del Pueblo, también porque nosotros mediamos en el conflicto. En muchos territorios mediamos entre los actores para que se respete el DIH, para que no se utilicen los espacios protegidos, para que no se siga afectando a la población civil. En un contexto como el colombiano, que no ha superado el conflicto armado, al tener esas alianzas con el Ejército vamos a quedar deslegitimados para seguir acompañando a las comunidades.
Por eso hemos venido insistiendo que el señor Carlos Camargo no sabe qué es la Defensoría y ha hecho de ella lo que su orientación política le ha dicho que tiene que ser. Está desnaturalizándola.
¿Por qué criticaron una resolución en la que el Defensor llamó a acompañar la asistencia militar?
ARF: A nosotros, los analistas del SAT, nos causó una profunda indignación la emisión de esa resolución al considerar que estaba atentando contra la naturaleza de la Defensoría y del SAT. Desde 2001 hemos advertido de los riesgos del accionar militar, hemos identificado a las Fuerzas Militares como uno de los actores que violan derechos humanos e infringen el DIH. Esa resolución pone en riesgo a la población que hoy está en la calle protestando por sus derechos y es inconsecuente. En el artículo 2 le solicita a los alcaldes y gobernadores que se garantice la asistencia militar.
Un grupo de funcionarios del SAT emitimos un comunicado en rechazo, pero también solicitamos al Defensor que se manifieste contra los abusos que se han cometido por parte de las autoridades en el marco del Paro. Está desconociendo toda una historia de advertencias que hemos hecho desde el SAT.
Al solicitar que se garantice la asistencia militar se está poniendo en riesgo el trabajo histórico de la Defensoría y los derechos a la vida, integridad y libertad de la gente y está incidiendo para que los actos de hostilidad contra la población civil se exacerben porque el Ejército no está entrenado para dirimir conflictos ni para intervenir en las protestas sociales, la naturaleza del Ejército es otra.
La Defensoría está manejando el término “personas no localizadas” en lugar de “personas desaparecidas” ¿Por qué?
WS: Consideramos que eso es un eufemismo para desviar una tipificación en el marco de los ámbitos internacionales de derechos frente a lo que es la desaparición forzada o las personas dadas por desaparecidas. Esa fue la instrucción que recibieron muchos compañeros y compañeras que tienen que recibir las peticiones y las quejas ciudadanas, la instrucción fue que ya no se podía hablar de desaparición forzada o personas dadas por desaparecidas, sino de personas no localizadas. Lo que creo es que es una cosa para engañar, distraer y evitar que se visibilice un delito que es muy grave, más aún en este momento cuando por la magnitud se pueden constituir como delitos atroces, con mayor razón están en ese juego.
ARF: Ahí también se evidencia la subordinación y la falta de independencia y autonomía que en este momento tiene el defensor del Pueblo. Es allí donde él adopta el discurso del partido de Gobierno. También lo hemos visto con el tema de los líderes sociales. Nosotros estamos siendo testigos de un Ministerio Público que se está diluyendo, de una Defensoría del Pueblo que no defiende al pueblo, que replica el discurso del partido de Gobierno. Aquí se está tratando de tapar que en Colombia se violan los derechos humanos y de suavizar el discurso. Eso muestra que el Defensor no está teniendo independencia, autonomía y está llevando a la Defensoría a que se diluya en ese discurso.
¿Cuándo dieron esa instrucción de no hablar de “personas desaparecidas”?
WS: Eso no ha sido algo que esté entre unos lineamientos, son instrucciones verbales. No hay como demostrar. Pero lo que conocemos de la voz de los compañeros es que les han dicho que no hablen de “personas dadas por desaparecidas”.
Hablemos de los nombramientos cuestionados. Desde la llegada de Camargo se han señalado, ¿qué tan grave es la situación?
WS: Es importante referir quién está al frente de un tema tan importante como la recepción de quejas y peticiones ciudadanas: Margarita Silva, quien llegó sin el lleno de requisitos a ser la directora de Política Criminal y Penitenciaria. El Defensor modificó el manual de requisitos para los directivos y baja la experiencia a 2 años o a un año y medio para que cualquiera pueda ser directivo o regional o defensor delegado.
Todos los trabajadores de esa dirección le pusieron una queja por acoso laboral. Lo que hicieron para protegerla fue cambiarla de dependencia y la nombran desde febrero como Directora Nacional de Atención y Trámites de Quejas. Ahora tiene la tarea de seguimiento a las movilizaciones y al paro, no es cualquier persona la que han puesto ahí, es altamente cuestionada, la noticia más cercana que se tenía es que había sido reina de la ganadería en los reinados de Fedegan y parece que viene de ese núcleo de poder. Es una mujer que está haciendo daño y es un alfil del uribismo.
Sobre José Rendón, en Urabá, hicimos un comunicado porque como trabajadores fuimos hostigados por ese señor en algunas audiencias de restitución de tierras donde criticaba y atacaba a la Defensoría del Pueblo. Es muy grave ese nombramiento y pone en entredicho a la Defensoría en un territorio donde están los mayores niveles de despojo en el país a manos de las estructuras paramilitares. Es una persona puesta para ayudar y legalizar el despojo. Pone en muchísimo riesgo a las víctimas de desplazamiento forzado, de despojo y a las víctimas sobretodo étnicas que están en ese territorio
¿Qué exige el sindicato para que haya una salida?
WS: Estamos exigiendo que este señor renuncie. Si se quiere evitar un daño más profundo a la institución, aunque ya hay un daño causado, solo hay una solución y es que este señor renuncie.
Con un cuestionable club de fans, la Defensoría justifica el nombramiento de José Rendón en Urabá
