Batidas y reclutamiento, ¿un asunto de clases?

¿Por qué las famosas batidas del Ejército suelen darse en barrios o localidades de bajos recursos?

Por: Andy VC y Juan David Ortíz

El 11 de noviembre de 2014 Juan David Lozano Clavijo, un joven aficionado al skateboard, que trabajaba arreglando computadores, salió de la casa de su madre para ir a su trabajo. En las carrileras del tren, en Madrid, Cundinamarca, fue detenido por dos soldados, quienes le pidieron sus documentos. Juan David no tenía libreta militar, solo la cédula de ciudadanía, por lo que los soldados lo montaron en un camión que lo llevaría a Bogotá. Al día siguiente, lo trasladaron a la base militar de Calamar, en Guaviare, y luego a la de Carurú, en Vaupés.

“En el camión me tuvieron hasta que cogieron a dos más. Nos llevaron para Bogotá, a la 102 con séptima. Ahí nos dieron de comer y nos tuvieron durmiendo en colchones, hasta el otro día. A las 5:00 nos levantaron, nos dieron desayuno como a las 8:00 y nos hicieron exámenes. En la noche, como a las 20:00, nos sacaron en un bus hasta San José, de ahí a la base del Tayrona. Llegamos a las 15:30, ahí nos tuvieron hasta las 5:30 y a las 10:30 de la mañana nos sacaron hasta Calamar. Llegamos a las 14:00, almorzamos y nos dieron nuestros útiles. Después, entrenamiento e instrucciones”, cuenta el joven de 20 años.

Mientras Juan David recibía instrucción militar en Calamar, empezaba una larga peregrinación de papeles, habeas corpus, derechos de petición y tutelas para su madre, Olga Lucía Clavijo, de 50 años. Intentaba desesperadamente salvar a su hijo de lo que, según ella, fue “un secuestro en toda regla”.

“Cuando Tatiana -la novia de Juan- me llamó, yo me puse los zapatos y salí corriendo a la carrilera del tren para ayudar a mi chinito. Cuando llegué, él se despidió. Casi me muero. Hablé con el cabo, o primero, no sé bien qué era, y le dije: ‘Esto que usted está haciendo es ilegal, señor, porque el reclutamiento está prohibido y, además, el otro gemelo -el hermano de Juan-, está prestando servicio en la Fuerza Aérea en Madrid’. Ese señor me dijo: ‘Pues a mí eso me vale culo, señora, ¿a mi qué me importa?, yo me lo llevo, me lo llevo, y este chino está bueno, es el preciso para prestar el servicio’. ‘Esto que usted está haciendo es un secuestro – respondió Olga-, todos estos muchachos que usted se está llevando, es un secuestro, y yo los voy a demandar’. Y el viejo se empezó a reír de mí: ‘Mi señora no llore que su hijo va a estar bien’, me decía”, señala la madre de Juan David.

Le insistió al soldado que su otro hijo, Miguel Ángel, se encontraba prestando servicio militar en la Fuerza Aérea Colombiana y, que por tal razón, no podían llevarse a Juan David. Así lo establece el artículo 29 literal a) de la Ley 48 de 1993. Sin embargo, sus insistencias no fueron escuchadas y el camión partió.

Juan David sufre de varias enfermedades: problemas testiculares, baja agudeza visual, padeció un trauma en el tobillo izquierdo y en una oportunidad le practicaron una laparotomía para tratar una peritonitis. Además, su madre y su novia dependen económicamente de él. Aunque Olga expuso esa situación en una tutela que interpuso después, esas no fueron razones suficientes para impedir que el Ejército lo reclutara.

Ella, pese a algunas dificultades de salud que empezaban a aquejarla, viajó a Bogotá y entregó en el Distrito Cuarto del Ejército los papeles de una cirugía que Juan tenía programada por su enfermedad en los testículos: “Ese cabo Monroy del Distrito Cuarto no me recibió los papeles. ‘Yo me enamoré de su hijo, me lo voy a llevar ¡y pa’ lejos!’, decía así”, cuenta Olga.

Después de ese episodio, regresó a su casa con el corazón destrozado, sin dinero y ahora con sus dos hijos prestando servicio militar. Empezó a tomar pastillas antidepresivas y el 12 de noviembre de 2014, cuando Juan David estaba en San José del Guaviare, sufrió un preinfarto y fue hospitalizada. Sin embargo, una vez dejó el hospital siguió luchando para sacar a su hijo del Ejército.

Tocó todas las puertas posibles, se presentó en la Alcaldía de Madrid, ante el personero, el defensor del Pueblo, le preguntó a un par de abogados, pero no encontró ayuda efectiva. Con dolor en el pecho y los dedos de la mano derecha inflamados, lo que preveía un nuevo problema de salud, Olga Lucía siguió recorriendo la ciudad de Bogotá buscando respuestas. Pero se atravesó el paro judicial y así se frenaron la mayoría de los trámites que ya adelantaba.

De Madrid a Funza, y de Funza a Bogotá, volvió a los juzgados buscando la primera tutela que interpuso y que desapareció en alguno de esos despachos. A pesar de tener el radicado, nadie le dio razón de ese documento. Decidió entonces presentar un habeas corpus, pero le fue denegado por falta de papeles que, según doña Olga, “eran imposibles de sacar”. Presentó el segundo y también le fue denegado por falta de argumentos. Decidió hacer un derecho de petición al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón y no tuvo respuesta. Finalmente, fallaron a favor de Juan David un tercer habeas corpus. Por fin estaba desacuartelado.

“El sábado me llamaron y me dijeron que estaba desacuartelado, que no sabían por qué motivo, pero dieron la orden, con dos manes más. Un teniente nos dijo: ‘Entreguen lo de intendencia y se van en un helicóptero que viene’. Llamé a un sargento que estaba al mando de nosotros, pero no quiso venir porque estaba viendo televisión y perdimos el vuelo. El sábado nos llamó mi teniente y nos dijo: ‘Yo de ustedes llamo a la familia cada uno y les digo que les mande plata para que se puedan devolver’. En la mañana nos llevaron a exámenes a la Brigada 22 de Selva. Firmamos papeles de desacuartelamiento, nos dieron copia de acta de buen trato y la boleta de salida. Nos fuimos caminando de la base hasta el pueblo, buscamos la terminal y nos regresamos para Bogotá”, recuerda Juan David.

Después de tres meses de estar retenido contra su voluntad, llegaba en un bus a la Avenida Boyacá. Allí se encontró nuevamente con su madre y su novia.

¿Qué hacer en caso de una batida?

Desde 2011 la Corte Constitucional estableció, en la sentencia C-879, que el Ejército no puede hacer batidas para obligar a los varones a prestar el servicio militar. Según esa sentencia, las autoridades militares que retengan a un ciudadano en la calle solo pueden inscribirlo y entregarle una boleta de citación para que se acerque al distrito correspondiente y defina su situación militar.

Sin embargo, de acuerdo con la Corte, quien incumpla esa citación asume la condición de remiso y de ser requerido, puede ser conducido y, si resulta apto, incorporado a las filas. La coronel Jhasmín Mora Cuellar, jefa de Atención al Usuario, Prensa y Relaciones Públicas del Ejército, explicó que, para dar cumplimiento a la orden de la Corte Constitucional, en las denominadas “batidas” solo se conduce a los hombres mayores de edad quienes ya han sido citados y no se presentaron de manera voluntaria para cumplir con la obligación de resolver su situación militar.

Según dijo, de esa forma esa institución cumple con el deber que le impone la ley de reclutamiento. Además, expresó que es así como cumplen con la cuota de incorporación exigida por las autoridades de reclutamiento: cerca de 80.000 soldados anuales. De ellos, aproximadamente el 50 por ciento estuvieron en condición de remisos antes de ser incorporados.

Ese debate sobre la legalidad de las batidas ha llevado incluso a que las alcaldías de ciudades como Bogotá y Medellín definan protocolos para atender estos casos y, en algunas oportunidades, sean las mismas instituciones oficiales las encargadas de interponer recursos para evitar incorporaciones irregulares. Sin embargo, el Ejército insiste en que ese procedimiento está avalado por la ley de reclutamiento cuando se trata de remisos, pero no parece existir una instrucción hacia sus hombres para evitar que en esas batidas o “compelaciones”, como se les conoce en el argot militar, caigan jóvenes que no han sido citados con antelación.

En medio de esas complicaciones, el debate parece superar lo jurídico. Es así como algunas organizaciones sociales y de derechos humanos interesadas en el problema del reclutamiento, han optado por sugerir a los jóvenes acciones inmediatas para evitar ser incorporados en caso de caer en una batida.

En Bogotá, por ejemplo, varios colectivos de objetores de conciencia, con el apoyo de la Secretaría de Gobierno distrital, crearon un folleto denominado Ejercito mi conciencia. En solo tres páginas formulan recomendaciones sobre qué hacer para objetar conciencia, en el caso de recibir un cobro muy alto por la cuota de compensación militar (el valor monetario que debe pagarse cuando no se es apto para prestar el servicio), o enfrentarse a una batida. Para este último caso recomiendan lo siguiente:

¿Qué hago si estoy siendo transportado en un camión hacia un batallón o distrito militar?

1. Si te piden que entregues tu cédula, expresa con clama que nos puedes hacerlo porque si te la retienen estarían cometiendo una acción ilegal, puedes mostrarla y permitir que apunten el número, pero no entregarla.
2. Busca una forma de apuntar las placas del camión y el distrito o batallón al que se dirige.
3. Comunícate (si te es posible) con alguien de tu familia o una persona de confianza que pueda realizar accione surgentes para ayudarte.
4. No firmes ningún documento que te entreguen en el camión, batallón o distrito.
5. Si te enteraste de esto y ya ha pasado tiempo desde el reclutamiento, recuerda que te conviertes oficialmente en soldado solo cuando aceptas y firmas voluntariamente el juramento de bandera.

En el caso de Medellín, la Alcaldía también publicó recientemente un folleto de recomendaciones en el que destaca la importancia de que los jóvenes que caigan en una batida se comuniquen de forma inmediata con la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo o la Personería local, y aporten datos como el número de militares involucrados, el tiempo que lleva la retención, el número de jóvenes afectados y recomiendan, de ser posible, hacer registro fotográfico. Aclaran que en ningún caso un joven que sea requerido en un procedimiento de ese tipo puede ser incomunicado.

Por otra parte, la recomendación de la Alcaldía de Medellín para las personas que quieran intervenir y detener una batida en proceso, es contar antes con toda la información necesaria para entablar un diálogo con el militar a cargo del operativo. “Puedes hablar del porqué la batida es considerada una detención arbitraria y recordarles que de acuerdo con la Corte Constitucional, cuando se verifica que un joven no ha cumplido con la obligación de definir la situación militar, solo están autorizados a hacer la inscripción y citar al joven en una fecha y hora para que desarrolle el procedimiento tal y como está establecido en la ley. Si sientes que no puedes entablar un diálogo con quienes desarrollan la batida, te aconsejamos tomar los datos y registro fotográfico e informar el hecho”, dice la Alcaldía.

Al respecto, el subsecretario de Derechos Humanos de Medellín, Jaime Carrión, destaca las mesas de acercamiento que se han instalado con la participación del Ejército, el Ministerio Público, las organizaciones antimilitaristas y la Alcaldía. Expresa que el interés de la administración de la ciudad “es que el Ejército entienda que su procedimiento tiene que ser garante de derechos”.

Frente a la objeción de conciencia, otro aspecto que está en el centro del debate sobre reclutamiento, Carrión asegura que el propósito de las mesas es que se logren acuerdos para que en la ciudad se garantice ese derecho que está contemplado en la Constitución. “Tenemos claro que el ejercicio de la libertad le posibilita a las personas hacer un repudio individual de las normas jurídicas, de lo contrario es discriminación. Porque el derecho a la objeción no esté reglamentado, no significa que no deba protegerse”, dice el funcionario.

Un asunto de clase

Muchos son los jóvenes que son trasladados a las diferentes instalaciones militares sin que se respete el debido proceso. En Bogotá sistemáticamente hay retenes por parte del Ejército en diferentes localidades del sur de la ciudad: la Avenida Jiménez, El Ricaurte, o en las periferias. O como en el caso de Juan David Lozano, en municipios como Madrid, en particular en zonas donde habitan personas de escasos recursos.

“En el imaginario se entiende que el servicio militar es obligatorio y lo que es obligatorio es definir la situación militar”, dice Nathalia García, integrante de la organización Cultura y Libertad y promotora de la campaña Bájate del Camión, una iniciativa que desarrolla actividades formativas, informativas y de activación para reunir a los jóvenes que deciden declararse objetores de conciencia al servicio militar en Medellín.

Ella coincide con la idea de que el reclutamiento en Colombia está mediado por un problema de clase. Dice que “el Ejército no es bobo” y que por eso sus batidas se concentran en lugares por donde transitan jóvenes pobres y con menos recursos a su disposición para oponerse al reclutamiento.

Las cifras respaldan esa idea. Según la Defensoría del Pueblo, en su informe sobre el servicio militar presentado a finales de 2014, cerca del 82 por ciento de los soldados bachilleres de Colombia en el periodo 2008 – 2012 pertenecían a los estratos cero, uno y dos. En esos mismos años, la suma de soldados bachilleres de estratos cinco y seis alcanzaba apenas el 0,06 por ciento.

Ante ese escenario, dice Nathalia, lo que queda es informar a los jóvenes sobre sus derechos y fortalecer sus discursos. Reconoce que esa no esa no es una garantía para el respeto por parte de los militares, pero sí una forma de promover acciones cada vez más conscientes.

Dice también que el debate sobre el reclutamiento tiene oleadas y que en último año ha tomado mayor relevancia en la agenda. “Es que claro, ¿cómo vamos a hablar de paz si seguimos reclutando a nuestros pelados para la guerra?”.